Con ese panorama, aquella sentencia que el Presidente todavía repite de que al ajuste iban a pagarlo la casta y la política ha demostrado ser, como era posible sospechar, una falacia. Los noticieros han vuelto a mostrar, como en los ‘90, que en Argentina, una vez más, el orden macroeconómico se logra con una alta dosis de padecimiento.
Y mientras Milei, por estas horas, llora abrazado al Muro de los Lamentos, los jubilados lloran frente al Pami porque se ven condenados a peregrinar para conseguir un turno. En Córdoba, meca del mileísmo, Américo, un jubilado de 82 años enfermo de Parkinson, contaba, conmovido, su drama: vende plantas y sahumerios para sobrevivir y su mujer no puede operarse la cadera porque si lo hace y se ausenta de su puesto, no come. “Nunca vi un gobierno tan insensible”, dijo Américo sosteniendo un cartel de protesta.
Mario Piastrelini, representante de las clínicas y sanatorios de Río Cuarto, habló de lo que podría pasar si los recortes siguen recayendo sobre el Pami: “Si no hacen algo con respecto a la salud esto va a terminar en un desastre. El otro día (Milei) dijo que no ha visto ningún muerto todavía; moralmente no debe pasar pero si se ajusta donde no se debe ajustar, seguramente va a haber efectos sobre una población que es tan frágil”.
Esas son las consecuencias del ajuste;en otro plano está la respuesta del gobierno de Milei ante esa realidad. Y ahí oscila entre la negación y la crueldad. El ignoto ministro de Salud, Mario Lugones, diagnosticó en público que el problema del Pami, la obra social de los jubilados, radica en que un millón de afiliados tienen más de 80 años. ¿Qué es eso de andar durando?, parece decir el ministro.
Esteban Leguízamo, director ejecutivo del Pami, negó que haya una crisis y aseguró que la atención es normal. Incluso contradijo a los médicos que hicieron paro por el recorte de sus ingresos: aseveró que en vez de cobrar menos están percibiendo un 120% más. Diametralmente opuesto.
Otra reacción también peculiar implicó a las universidades. El gobierno recurrió en per saltum a la Corte Suprema para seguir privando al sistema universitario de los fondos que debería recibir, no por voluntad propia sino por ley y por disposiciones judiciales.
Las respuestas de los libertarios ante el ajuste casi hacen extrañar a Domingo Cavallo, que al menos lloró cuando un grupo de jubilados le recriminó sus penurias.
Para Milei, para el Milei de estas semanas, el efecto del impacto social de su ajuste es todavía más intenso porque no está acompañado de ningún contrapeso. El índice de inflación arrojó un elevado 3,4 por ciento y, por cuarto mes consecutivo, los salarios perdieron contra los precios y se erosionó todavía más su poder de compra. Es difícil que el consumo se recupere con esa ecuación.
Es decir, el gobierno también está mostrando limitaciones y falencias en donde se suponía -al menos así lo decía- que no las tenía. Su autopromocionada pericia para manejar las variables económicas era la justificación central para el ajuste: los sacrificios de los jubilados, de las familias, encontraban ahí su razón de ser. Ese razonamiento está desvaneciéndose. Porque, además, a medida que pasa el tiempo crece la pregunta sobre si las bondades del modelo se están demorando o si, en realidad, lo que se está manifestando es el modelo en sí.
Adicionalmente, hay otro aspecto que complica la coyuntura del gobierno: la sostenibilidad y la credibilidad del discurso con el que llegó al poder. Porque no sólo su efectividad económica está en duda sino que además su dimensión ética ha ido erosionándose. Al escándalo Libra no hay demasiados que lo entiendan pero la acumulación de departamentos y viajes en primera de Manuel Adorni son fácilmente asimilables. El mileísmo llegó con la promesa de que iba a barrer con los privilegios; ahora, los escándalos deslegitiman ese componente discursivo.
Ante ese combo, la política, en donde los tiempos mandan, está sondeando maneras de posicionarse. El gobernador Martín Llaryora, por ejemplo, dio un giro ostensible recientemente en su discurso ante la gestión de Milei.
En los últimos meses, después de la derrota electoral de octubre, había optado por resguardarse en la prudencia. Incluso, en el Congreso sus legisladores aportaron para que salieran la reforma laboral y la ley de glaciares. Pero la semana pasada, por una combinación de olfato y encuestas, el tono viró. Llaryora fue muy crítico con “la crueldad y el abandono” a los jubilados del Pami, se mostró junto a instituciones vinculadas con la discapacidad y les entregó fondos, y reclamó que se cumpla la ley de financiamiento universitario.
Una denuncia pública del gobierno de Córdoba obligó además a la Nación a tener que garantizar, junto a la Organización Panamericana de la Salud, que llegarán las vacunas del calendario obligatorio que estaban escaseando.
Llaryora volvió a encontrar una oportunidad para ser nuevamente crítico con Milei y para recuperar su discurso que diferencia al modelo Córdoba del modelo libertario. El gobernador se mostró haciendo obras y habló de que el Estado no puede desaparecer sino estar donde es indispensable.
Esa estrategia de reflotar el modelo Córdoba no quedó enclavada en el gobierno provincial sino que se esparció territorialmente. También los intendentes oficialistas, entre ellos Guillermo De Rivas, salieron a cuestionar ya sin medios tonos que el gobierno nacional se desligó de sus obligaciones y se las transfirió, sin fondos, a los municipios. Ninguno de los programas federales de asistencia social, de obras, de viviendas o de salud ha sobrevivido. Eso provoca que la presión sobre los presupuestos de los intendentes los ponga al borde del colapso.
“Si no cambia algo urgente, va a haber problemas serios no a fin de año sino, a más tardar, en julio. Cada intendente está tratando de no ser el primero en pagar los sueldos en cuotas o demorar los aguinaldos pero no estamos lejos”, dijo un jefe comunal de la región.
Guillermo De Rivas, que viene de concretar un cambio de gabinete, declaró que en tres meses recaudó 3.000 millones menos de lo esperado. Por eso, desde Economía preparan para el corto plazo una emisión de letras de Tesorería de 5.000 millones de pesos. La urgencia se afronta con deuda. “Mientras achicamos el gasto, vamos a usar las herramientas necesarias para seguir prestando servicios”, declaró el intendente.
De Rivas, en consonancia con Llaryora, también está diciendo que la razón central de las complicaciones es la economía nacional que no arranca y un modelo nacional que asfixia a los municipios.
En los últimos días, 140 intendentes de toda la provincia, todos ellos opositores, le pidieron a Llaryora una audiencia para encontrarle una salida a la caída de la coparticipación. Recibieron, en los últimos meses, un 23% menos. Por si fuera poco, algunos de ellos tienen que financiar a la Nación: a Mackenna, por ejemplo, el Pami le debe 100 millones de pesos.
A los intendentes opositores les preocupa la falta de fondos y el deterioro social que deben atender en sus pueblos y ciudades. Los dirigentes partidarios no parecen estar en la misma sintonía: Marcos Ferrer, el presidente provincial del radicalismo, salió a proponer, en medio de una agenda cargada por las consecuencias del ajuste, que haya una gran interna opositora para definir al candidato que el año próximo competirá con Llaryora. Como si la política habitara en otro plano de la realidad.
