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Manzur dijo que está "vigente" el procedimiento de actualización de datos del Potenciar Trabajo

El jefe de Gabinete respaldó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al declarar por escrito ante el fiscal Guillermo Marijuan

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que está "vigente el procedimiento de autogestión, comunicación y actualización de datos del programa Potenciar Trabajo", el cual está sospechado de irregularidades en medio de investigaciones de la Justicia Federal.

Manzur respaldó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al declarar por escrito ante el fiscal federal Guillermo Marijuan.

El funcionario lleva adelante un investigación preliminar para determinar el motivo de por qué se anunció que se iban a dar de baja 2500 planes cuando las irregularidades detectadas superaban los 250 mil casos.

El jefe de Gabinete dijo estar al tanto de los informes elaborados por la AFIP, que aportó datos estadísticos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, y a partir de los cuales surgieron las irregularidades.

Las mismas tienen que ver con que gente que tenía propiedades, había comprado dólares o había declarado ganancias, percibía el plan Potenciar Trabajo, algo que resulta incompatible.

A partir de ello, Marijuan inició una primera investigación preliminar que terminó en denuncia y la lleva adelante su colega Eduardo Taiano.

Pero cuando la Ministra hizo el anuncio de la baja de 2500 planes, el fiscal inició otra investigación preliminar donde ya le tomó declaración al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y ahora a Manzur.

Manzur dijo también estar al tanto de la decisión de la ministra de dar de baja los planes sociales bajo sospecha. "La Ministra de Desarrollo Social ha hecho públicas las acciones realizada por el ministerio a su cargo a partir de la información requerida a organismos del Estado, en el marco de competencias que le son propias", sostuvo.

Mientras tanto, el fiscal Taiano avanza con la investigación judicial con un amplio pedido de información y la identificación de cada uno de los beneficiarios que están sospechados de irregularidades.