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Narcolavado: un informe de Procelac definiría más implicados en el blanqueo

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos debe enviar a la Justicia Federal las conclusiones de la investigación sobre contadores y otros imputados no procesados. Cómo lavaban el dinero con la compra y venta de autos

El núcleo duro de la causa de drogas más resonante de los últimos años son los bienes y el dinero generados por una organización criminal, pero todavía falta determinar la participación de más personas en el lavado de activos. Si bien algunos de los procesados con prisión preventiva en el caso del narcolavado cumplían un rol en el blanqueo de bienes, la Justicia Federal aguarda un informe de la Procelac para determinar si hay más responsables en otros niveles de la banda. 

Una de las maniobras más habituales de la organización liderada por el fallecido Claudio Torres era comprar vehículos de alta gama a través de testaferros. El propio Torres tenía una flota de automóviles bajo su poder, por medio de cédulas azules que le permitían conducirlos legalmente, pese a que los titulares eran otros. 

No obstante, se presume que en el funcionamiento de la estructura delictiva pudo haber maniobras más sofisticadas que podrían implicar la participación de profesionales contables. Para ello, el juez federal que entiende en la causa, Carlos Ochoa, espera un  informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 

El jueves último, Ochoa  procesó a 20 imputados, 9 de ellos con prisión preventiva, entre los que se encuentra el subcomisario retirado Gustavo Oyarzábal. Los ocho restantes son Gabriel Bossi, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Jonathan Becerra, Cristian Berti, Andrés Schiaroli y Jonathan Monserrat. 

Cabe aclarar que Ariel Cortez, cabeza de un grupo financiero ya investigado por estafas en 2009, sigue detenido pero aún no se resolvió su situación procesal. Podría ser uno por los cuales deben esperan el arribo de información de la Procelac. 

El otro imputado sobre el que la Justicia tendrá que expedirse es Andrés Pelussi, con la diferencia de que el exbasquetbolista goza de libertad ambulatoria.

Esperan los resultados

Así lo precisó la secretaria penal del Juzgado Federal de Río Cuarto, Lucía Storani. 

“Aún estamos pendientes de recibir mucha información. Por ejemplo, está trabajando la Procelac, encargada de investigar los delitos de lavado de activos”, puntualizó la funcionaria.

Según adelantó, la tarea del organismo de prevención es extraer información de las computadoras, memorias digitales y teléfonos celulares. 

“Hay muchos datos que aún necesitamos recibir. Por eso se ha diferido la resolución de algunas de las personas, como Cortez y Pelussi”, especificó Storani. 

En cuanto al rol de los contadores, ¿alguno de ellos puede ser imputado?

Esa es una línea que se está investigando. Me parece que no corresponde que me refiera a eso. Sí puedo decir que hay una serie de documentación secuestrada y comunicaciones telefónicas que nos hicieron profundizar con respecto al delito de lavado de activos. Por eso terminamos también haciendo una serie de allanamientos a fines de mayo en Buenos Aires, donde se secuestró una cantidad importante de vehículos en concesionarias de autos exclusivos. También se avanza en la investigación sobre estos nuevos 4 imputados. La división de lavado de activos analiza la documentación contable para ver qué vínculos arroja. Está trabajando la Procelac, que depende del Ministerio Público Fiscal y que debe aportar un informe sobre las maniobras de lavado y encubrimiento.

El blanqueo automotor

Por otro lado, la secretaria penal explicó que ya se pudo determinar que algunos integrantes de la banda liderada por Claudio Torres cumplían un rol en el ingreso del dinero que generaban con la venta de drogas al mercado legal. 

Uno de los indicios del lavado de activos es el uso de testaferros. 

“Algunos miembros de la organización compraban autos pero, para no figurar como titulares, los ponían a nombre de personas que incluso tampoco tenían capacidad adquisitiva para este tipo de vehículos. Luego, sacaban las cédulas azules con la autorización de conducción, por lo cual ellos manejaban los automóviles que siempre estuvieron bajo su posesión”, explicó la funcionaria. 

El propio Torres compró vehículos bajo esta modalidad. Si bien en los hechos el dueño de los coches era él, la titular dominial era una persona distinta. El objetivo era ni más ni menos que evadir y distraer la mirada de los organismos de control.

La investigación de la Justicia Federal presume que Torres, los hermanos Rivarola, Bossi, Becerra, Ortiz y Berti integraban el núcleo funcional dedicado puramente al narcotráfico. 

Oyarzábal cumpliría por su parte tareas de inteligencia y protección para posibilitar la comisión de delitos. 

En tanto, Schiaroli y Monserrat conformaban la rama que se ocupaba de blanquear el dinero ilícito a través de la compra y venta de automóviles de alta gama. Sin embargo, todos serían comandados por Claudio Torres. 

Las tres ramas de la banda

En la resolución que emitió el jueves de la semana pasada, el juez Ochoa detalla que Cristian Schiaroli, dueño y administrador de la concesionaria Automundo, sería quien le facilitaría a Torres la compra y venta de la mayoría de los vehículos de alta gama, los que no registrarían a su nombre, utilizando la agencia para negociar con los mismos”. 

Una función similar era desempeñada por otro de los procesados con prisión preventiva: Jonathan Monserrat. 

Por otro lado, la resolución sostiene que Mario César Battistini podría ser testaferro de Claudio Torres, “como así también un intermediario en el depósito o cobranza de cheques que adquiriría Torres o Bossi en la compra y venta de vehículos”. 

Por su parte, Silvia Mónica Bin “desarrollaría todas las tareas de gestoría vinculadas a las compras y ventas de vehículos y Juan Manuel Rosas, de Buenos Aires, tendría contactos con Torres vinculados a la compra y venta de autos”.

Más allá de esto, abundan en el texto del juez federal Ochoa los indicios de las actividades ilegales desarrolladas por Torres, Bossi, Rivarola y otros. 

En uno de los allanamientos, la Justicia Federal requisó un domicilio en calle Lamadrid 255, en el Complejo “Alma”, donde se secuestró documentación relacionada a Andrés Rivarola, 80.000 dólares, 908.300 pesos, una camioneta Toyota Hilux, copia de escritura de un campo “El Talita” en San Bartolomé, tarjetas de tenencia de armas de fuego, un cargador Glock, un televisor led, un DNI a nombre de Andrés Rivarola, dos llaves de vehículo marca Audi y una de un BMW. 

Durante la requisa de la casa de Gabriel Bossi, en Paraná 38, efectivos de la PSA hallaron una caja de seguridad con 65.005 pesos argentinos, 21.000 pesos chilenos y 873 dólares. 

También había otra caja de seguridad con la misma clave con dos anillos de oro marca Bulgari, 153.280 pesos argentinos y 2.000 dólares. Además, detectaron que  un automóvil Ford Ecosport Freestyle escondía, debajo de la alfombra del baúl, una bolsa con otra de nylon recubierta en film con fajos de dinero por la suma de 400.000 pesos argentinos.

Otros indicios vienen de la intervención de los teléfonos de los acusados. Por ejemplo, una comunicación del 4 de febrero de este año entre Yamila Ledesma (pareja del fallecido Claudio Torres) con otra persona femenina, quien podría ser su madre, manifestando que a Torres “le habrían robado la suma de un millón, no especificando si se trataba de pesos o dólares”. 

¿Se comunicaba con el prófugo?

La Justicia detuvo el jueves pasado a Gabriela Sueli Suárez, pareja del prófugo Cristian Ortiz, quien quedó procesada y con prisión preventiva. 

Desde la Justicia Federal evitaron dar información sobre posibles comunicaciones entre ambos. 

En cambio, se limitaron a señalar que la detención se prdujo porque hay elementos que llevan a concluir que podría entorpecer la investigación. 



Leonardo Brochero.  Redacción Puntal

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