La Justicia decidió ayer que la investigación contra el senador y exgobernador de Tucumán José Alperovich por presunto abuso sexual a una sobrina que era empleada suya se tramite en la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
El juez Mariano González Palazzo, integrante de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, firmó ayer una resolu- ción en la que destaca “la evidente comunidad probatoria en los procesos” y sostuvo que “por el tenor de la acusación, muy probablemente no existirá evidencia directa, específica y distinta para cada uno de los sucesos, en tanto se habrían desarrollado cuando los protagonistas se encontraban solos”.
“Entonces los testigos de cargo y descargo que se propongan serán en principio los mismos que, eventualmente, podrán dar cuenta de un marco generalizado: su vínculo, estados de ánimo, momentos compartidos, viajes, formas de relacionarse u otras situaciones que percibieron con sus sentidos”, agregó.
El juez resaltó que “la concentración en una única investigación asegurará la adecuada valoración de la prueba garantizando una eficaz administración de justicia ya que la visión global de la cuestión permitirá sortear el riesgo de incurrir en interpretaciones fragmentadas y, por tanto, erróneas o incluso contradictorias”.
Ante el rechazo a intervenir de magistrados de las dos jurisdicciones, la resolución recordó que “el Código Procesal Penal de la Nación establece dos parámetros para resolver la prioridad de juzgamiento cuando a una persona se le atribuye un delito de jurisdicción nacional y otro provincial”, y que “la primera regla, vinculada al lugar donde se cometió el delito de mayor gravedad, no es útil para definir la cuestión”.
Por consiguiente, para rebatir la pretensión de la defensa de que el proceso se tramite en Tucumán, se basa en “la otra pauta, a la que debe acudirse cuando los delitos son de igual amenaza punitiva, otorga preeminencia al ocurrido primero en el tiempo ‐prior in tempore, potior in iure-. Ello ya marca, por sí, la intervención de la jurisdicción nacional, en tanto los dos primeros sucesos ocurrieron en esta ciudad”, en referencia a Buenos Aires.
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“Entonces los testigos de cargo y descargo que se propongan serán en principio los mismos que, eventualmente, podrán dar cuenta de un marco generalizado: su vínculo, estados de ánimo, momentos compartidos, viajes, formas de relacionarse u otras situaciones que percibieron con sus sentidos”, agregó.
El juez resaltó que “la concentración en una única investigación asegurará la adecuada valoración de la prueba garantizando una eficaz administración de justicia ya que la visión global de la cuestión permitirá sortear el riesgo de incurrir en interpretaciones fragmentadas y, por tanto, erróneas o incluso contradictorias”.
Ante el rechazo a intervenir de magistrados de las dos jurisdicciones, la resolución recordó que “el Código Procesal Penal de la Nación establece dos parámetros para resolver la prioridad de juzgamiento cuando a una persona se le atribuye un delito de jurisdicción nacional y otro provincial”, y que “la primera regla, vinculada al lugar donde se cometió el delito de mayor gravedad, no es útil para definir la cuestión”.
Por consiguiente, para rebatir la pretensión de la defensa de que el proceso se tramite en Tucumán, se basa en “la otra pauta, a la que debe acudirse cuando los delitos son de igual amenaza punitiva, otorga preeminencia al ocurrido primero en el tiempo ‐prior in tempore, potior in iure-. Ello ya marca, por sí, la intervención de la jurisdicción nacional, en tanto los dos primeros sucesos ocurrieron en esta ciudad”, en referencia a Buenos Aires.