Los hechos de acoso ocurridos en 2013 en perjuicio de una adolescente serán juzgados por la Cámara del Crimen de Tribunales locales el próximo viernes 4 de septiembre. La cita será a las 8.30 horas. Será una audiencia inédita y sin precedentes en Argentina.
Las acontecimientos que generaron daños psíquicos en una joven cuyas iniciales son V.A.P. ocurrieron tanto en el ámbito privado (en el Instituto del Rosario) como en el público.
Por la causa que inició en 2014 están imputadas Natalia Dekimpe, Valentina Dold y Dalila Hiotidis, quienes a su mayoría de edad pudieron asumir penalmente la responsabilidad de sus actos.
Daño a la autoestima
Todo empezó a mediados del 2013, cuando las cuatro jóvenes (que compartían establecimiento educativo) se encontraban en el último año del secundario.
“V.A.P. sufrió bullying y acoso permanente. Eso provocó la destrucción de su autoestima y un daño enorme por el cual llegaron a cosificarla”, explicó Silvano a este matutino.
El abogado contó que buscaron solucionar el problema mediante el diálogo con la escuela. Tras varias reuniones, el establecimiento resolvió que la damnificada termine su educación de manera virtual y a través de internet. “La institución se lavó las manos”, dijo el defensor de la muchacha.
La decisión que tomó la institución fue tildada en su momento de “polémica”, ya que una de las tres imputadas era hija de una profesora de la planta docente del colegio.
“V.A.P. no podía ni siquiera entablar conversaciones con sus compañeros, porque si no el bullying se volcaba hacia el resto”, relató Silvano.
Y agregó: “La joven no fue al viaje de Tecnópolis, tampoco participó del viaje de egresados, no formó parte ni del acto ni de la fiesta de promoción. Se perdió toda la finalización de su secundario”.
Entre febrero y marzo del 2014 la damnificada en compañía de Silvano presenta una denuncia penal hacia Dold, Dekimpe y Hiotidis. Las jóvenes son imputadas de inmediato.
Las muchachas comparecen patrocinadas por el abogado Eduardo Rodríguez.
En medio del proceso, la Fiscalía tomó diferentes testimonios y ordenó que le realicen a la víctima una pericia psicológica, a modo de comprobar los daños.
“La pericia del equipo técnico que pertenece al Tribunal es lapidaria”, sostuvo Silvano.
En el expediente se anexan los testimonios de terceros, quienes dan cuenta que las jóvenes “le hacían la vida imposible” a V.A.P.
“Los hechos no son solamente en la escuela, sino también en el boliche bailable”, reconoció el letrado ante este medio.
Quien sufrió el maltrato social hace 7 años señaló ante la Fiscalía que las imputadas llegaron a volcarle intencionalmente bebidas alcohólicas en la ropa.
En 2015, el fiscal Gustavo Atienza resuelve elevar la causa a juicio. La defensa apela y solicita la suspensión por juicio a prueba. Cabe señalar que este recurso implica subsanar el daño en la víctima de común acuerdo.
“El ofrecimiento de las imputadas era irrisorio. Fue mucho el gasto que hicieron los familiares de la víctima en sesiones con psicólogos”, dijo Silvano.
Los daños ocasionados en V.A.P hicieron que esta cambie hasta de carrera. “La chica iba a estudiar medicina, pero en estos momentos ella es abogada, no pudo hacer la carrera que quería”, reflejó.
¿Se puede evitar el juicio oral?
El defensor de la joven reconoció que las imputadas pueden hacer uso del artículo 59, inciso 6, del Código Penal para evitar el juicio oral. Tal recurso establece el derecho del imputado a extinguir la respectiva acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio.
Para tal compensación, el sujeto damnificado tendría que prestar su conformidad.