La decisión judicial fue adoptada por el Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, tras la ausencia tanto del exmandatario como de su equipo de abogados durante la apertura del proceso.
Según informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, se cumplieron todas las formalidades necesarias para avanzar con la instalación del juicio oral.
La declaratoria de rebeldía implica la emisión de una orden de captura, además de restricciones migratorias y otras medidas judiciales contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Morales es investigado por una presunta relación con una menor de edad durante su etapa como presidente de Bolivia, causa en la que también se analiza el supuesto nacimiento de una hija.
“Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario”, afirmó el fiscal departamental de Tarija, José Mogro.
Tras la resolución judicial, las autoridades emitieron una orden de captura contra Morales, quien actualmente permanece en la región cocalera del Chapare.
Por su parte, la defensa del exmandatario cuestionó el proceso y aseguró que la causa responde a una maniobra de persecución política.
El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que existieron irregularidades en las notificaciones judiciales y afirmó que el proceso busca desviar la atención de la situación política y económica del país.
En la misma línea, el letrado Nelson Cox consideró que la causa constituye una utilización política de la Justicia y señaló que el expediente se inició en 2024 durante la gestión de Luis Arce.
El caso profundiza la tensión política interna en Bolivia, donde Morales mantiene una fuerte disputa con sectores del oficialismo y continúa conservando influencia dentro del MAS.