El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino (foto), adelantó que presentará un recurso judicial contra la ley de emergencia, por la suspensión de la movilidad para los jubilados durante seis meses. ¿Su argumento? Sobre la base del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señala que la movilidad previsional es una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo, no delegable en el Ejecutivo, y que “el Congreso Nacional es la autoridad exclusiva para legislar sobre "jubilaciones y pensiones móviles".
La suspensión de la movilidad fue una de las decisiones más cuestionadas del nuevo gobierno que, para compensar a un sector de jubilados (los que cobran desde la mínima -unos $ 14.000- hasta $ 19.000) recibirán dos bonos de $ 5.000 debido a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
Pero no sólo los que cobran el haber mínimo sino todos los jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, Puam (Pensión Adulto Mayor), los que perciben asignaciones familiares y la AUH perdieron hasta el 23% durante la gestión de Mauricio Macri. En total, 18 millones de personas que tenían sus beneficios atados a la fórmula de movilidad.
También los jubilados con sus haberes atados al 82% o 85% móvil de la remuneración de los activos, como docentes o investigadores científicos, perdieron frente a la inflación porque los sueldos fueron inferiores a la suba de los precios.
Un sector de jubilados tuvo una diferente mejora de sus haberes por la Reparación Histórica o porque cobraron los juicios, con el reajuste de sus haberes. Pero esa mejora fue una recuperación parcial por la pérdida que tuvieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (caso Badaro, 2002-2006) e inclusive después, porque obtuvieron sus jubilaciones con una actualización de sus sueldos inferior a la que les correspondía (caso Elliff). Los que aceptaron la Reparación Histórica percibieron menos que los que cobraron los juicios porque no se les reconoció lo que marcó la Justicia.
Hacia adelante, si se hubiese mantenido la fórmula de movilidad, los 18 millones de prestaciones deberían recibir un incremento de 11,56% en marzo y del 14% a 15% en junio, sobre la base de los índices que se toman para calcular los incrementos (70% por inflación y 30% por salarios, según el índice Ripte de salarios formales) del segundo semestre de 2019.
Pero ahora no es posible saber si los aumentos serán inferiores o mayores a la inflación de enero a junio de 2020, agrandando o recortando la pérdida de todos estos últimos años, porque serán decididos por decreto por el Poder Ejecutivo. En caso de mantenerse la movilidad, se esperaba alguna recuperación del poder adquisitivo.
Según el economista Claudio Lozano, la ley "no aclara, por ejemplo, que los aumentos futuros no podrían ser inferiores a los que la fórmula ya definió para el primer semestre, ni tampoco plantea siquiera el mantenimiento del poder adquisitivo. Es más, amenaza con intervenir achatando la pirámide previsional con el objetivo de que los haberes más altos financien la mejora de los haberes mínimos”.
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Pero no sólo los que cobran el haber mínimo sino todos los jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, Puam (Pensión Adulto Mayor), los que perciben asignaciones familiares y la AUH perdieron hasta el 23% durante la gestión de Mauricio Macri. En total, 18 millones de personas que tenían sus beneficios atados a la fórmula de movilidad.
También los jubilados con sus haberes atados al 82% o 85% móvil de la remuneración de los activos, como docentes o investigadores científicos, perdieron frente a la inflación porque los sueldos fueron inferiores a la suba de los precios.
Un sector de jubilados tuvo una diferente mejora de sus haberes por la Reparación Histórica o porque cobraron los juicios, con el reajuste de sus haberes. Pero esa mejora fue una recuperación parcial por la pérdida que tuvieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (caso Badaro, 2002-2006) e inclusive después, porque obtuvieron sus jubilaciones con una actualización de sus sueldos inferior a la que les correspondía (caso Elliff). Los que aceptaron la Reparación Histórica percibieron menos que los que cobraron los juicios porque no se les reconoció lo que marcó la Justicia.
Hacia adelante, si se hubiese mantenido la fórmula de movilidad, los 18 millones de prestaciones deberían recibir un incremento de 11,56% en marzo y del 14% a 15% en junio, sobre la base de los índices que se toman para calcular los incrementos (70% por inflación y 30% por salarios, según el índice Ripte de salarios formales) del segundo semestre de 2019.
Pero ahora no es posible saber si los aumentos serán inferiores o mayores a la inflación de enero a junio de 2020, agrandando o recortando la pérdida de todos estos últimos años, porque serán decididos por decreto por el Poder Ejecutivo. En caso de mantenerse la movilidad, se esperaba alguna recuperación del poder adquisitivo.
Según el economista Claudio Lozano, la ley "no aclara, por ejemplo, que los aumentos futuros no podrían ser inferiores a los que la fórmula ya definió para el primer semestre, ni tampoco plantea siquiera el mantenimiento del poder adquisitivo. Es más, amenaza con intervenir achatando la pirámide previsional con el objetivo de que los haberes más altos financien la mejora de los haberes mínimos”.
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