Según la Ordenanza Nº 7.638 de 2020, se declaró de utilidad pública y se expropió un terreno de 15,8 hectáreas para construir una nueva laguna de retardo, moderna y eficiente, que reemplazaría a la actual. El espacio permitiría diseñar un sistema hídrico con control de caudales, filtros biológicos, vegetación de ribera y monitoreo permanente.
En 2022, un Convenio de Avenimiento formalizó la expropiación, con un valor cercano a los $190 millones y compensación al propietario mediante lotes urbanizados, cuya infraestructura debía estar lista en cuatro años. El plazo vencerá el próximo año, y aún no se registran avances significativos.
La laguna genera un riesgo sanitario concreto, favoreciendo la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector de dengue, zika y chikungunya, además de olores desagradables, larvas y microorganismos que representan una carga para el sistema de salud local. Niños y jóvenes suelen jugar en sus aguas estancadas, aumentando la exposición a enfermedades.
Desde el punto de vista ambiental y urbano, la laguna mal gestionada pierde su función hidráulica y provoca anegamientos, deterioro de espacios públicos y daños en viviendas. Vecinos y concejales han solicitado informes y mantenimientos sin obtener respuestas satisfactorias, convirtiendo esta problemática en un reclamo histórico.
“La solución está planteada y respaldada por normativa; solo falta decisión política para cumplir los plazos y proteger la salud pública y el ambiente”, señalaron Acevedo y González.
