La Asociación Civil La Casa del Encuentro fue la impulsora de la Ley Brisa, un régimen de reparación económica (equivalente a una jubilación mínima) que se aprobó en el 26 de julio de 2018 y se reglamentó en octubre, con el objetivo de cuidar a los hijos y las hijas, víctimas colaterales de los femicidios.
Ley Brisa: “Tiene que haber mayor capacitación en Anses sobre el tema”
Cumplió un año la norma que otorga una reparación económica a menores de 21 cuya madre o padre haya fallecido a causa de violencia de género. Sin embargo, son escasos los trámites iniciados por falta de información
“Al haber sido las creadoras del proyecto, muchas familias llaman a la Casa para solicitar información”, indicó Ada Rico, presidenta de la ONG.
El trámite para acceder a la reparación económica se realiza en Anses, mientras que el análisis y aprobación de la reparación económica queda a cargo del Instituto Nacional de Mujeres (Inam) y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
-¿Cómo ven la aplicación de la ley en este primer año?
-Ada: Vemos que Anses necesita tener una capacitación con esta temática, porque nos encontramos con que llaman familiares que van a la dependencia más cercana y no reciben información sobre lo que necesitan presentar, e incluso ha pasado que desconocen la existencia de la ley.
Por otro lado, lo que dificulta el trámite es que muchísimas veces las familias que están a cargo de los menores no tienen la guarda, ni tampoco los documentos. Son sectores muy vulnerables y no tienen la documentación de los más pequeños, lo cual es preocupante. Esos casos son más difíciles y complicados, entonces lo que hacemos es ir asesorando o derivando a las familias para que consigan la documentación.
-¿Por qué es tan importante el tema de la guarda?
-A: Es importante para asegurarnos que ese dinero realmente vaya al menor. En una primera instancia, un juez o jueza dictamina la guarda provisoria de los menores a cargo de un familiar de la víctima o del victimario, que luego tiene que tramitar la guarda definitiva. Consideramos que no se puede obviar la guarda porque de lo contrario nos vamos a encontrar dentro de un par de años sin saber quién está percibiendo el dinero de estos menores.
-¿A partir de cuándo se comienza a cobrar la reparación económica?
-A: Es importante recalcar que cuando tengan los papeles, lo cobran retroactivo al 26 de julio de 2018, que es el día en que se aprobó la ley. (Si el delito ocurrió con posterioridad a la fecha de la sanción de la ley se percibirá a partir del hecho).
-¿Cómo les cambia la vida a estos niños o niñas esta ley?
-A: Cambia totalmente a las familias que tienen menores a su cargo, fundamentalmente porque cubre las necesidades básicas de estos menores; imaginate que sean 3 o 4 chicos, ingresa una suma de $40.000 mensuales. Pero más allá de eso, se les brinda una cobertura integral de salud. Es importante remarcar este derecho, porque muchas veces estos menores han presenciado el asesinato de la mamá o los momentos previos, entonces cuando decimos cobertura integral, incluye acompañamiento psicológico.
-¿Cómo se ejecuta ese acompañamiento?
-Una vez que se les aprueba, se les otorga la cobertura integral. Todo sale automáticamente, está entrelazado.
-¿Les correspondería a los jueces informar a las familias de que existe esta ley?
-A: Sí, les correspondería pero no se informa. Por eso es que nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, somos las que vamos socializando la información, porque vemos que cuanto más nos alejamos de las ciudades grandes, no llega la información. Siempre digo que en las Defensorías de cada lugar hay información. Pero es de boca en boca. Por eso insisto, tiene que haber mayor capacitación de Anses en esta temática. Hubo un caso en Córdoba, el de Ingrid Bidosa, que el papá llegó a Anses, y no sabían de qué se trataba. Pero se hizo una movida y se pudo tramitar. Pero no tiene que ser un caso particular, tiene que ser en general el acceso a este beneficio. Cuando va un familiar a Anses, vamos a suponer que saben de qué se trata la ley Brisa, deberían tener un equipo especial, capacitado en la temática de género, que atienda a los familiares, a ese abuelito o abuelita al que le han matado una hija. Así haya una sola persona, para no volver a revictimizar a ese familiar que se presenta a solicitar un derecho para nietas y nietos.
Contención
“No te imaginás todo lo que tuve que hacer para que pudieran recibirme el trámite”, confió Carlos Vidosa a Puntal, el papá de una joven asesinada en Carlos Paz en 2015. Los padres de la muchacha comparten la guarda de su nieta, de 10, y cuando Carlos se acercó a la delegación de Anses, el 22 de febrero, para comenzar el trámite “no tenían conocimiento, decían que la ley no estaba vigente”, recordó. “Me dijeron en ese momento que no le podían dar curso al trámite, cuando la ley ya había sido aprobada y reglamentada unos meses antes”, dijo.
Más tarde le cuestionaron que no era un femicidio, a pesar de que la sentencia lo establecía, y luego, que el agresor no era el papá de la nena, cuando la ley establece que puede tratarse de un progenitor afín.
Sin embargo, el hombre no bajó los brazos y buscó ayuda de organizaciones que estaban vinculadas a la temática de violencia de género. “Me contacté con Familiares Atravesados por el Femicidio; ellos la tienen basante clara y me guiaron. Mi expediente llegó a Sennaf y al Ïnam. Y en realidad, Anses sólo tendría que haber recibido el expediente y luego estos organismos lo resuelven”, explicó.
La familia Vidosa está a la espera de que esta semana un tribunal le entregue una copia que manifieste que está vigente la tutela de su nieta, para dar forma al camino iniciado hacia la reparación económica. “No es gran dinero, pero por lo menos es algo para tener a mano y poder garantizarle una buena educación, obra social”, expresó.
Magdalena Bagliardelli. Redacción Puntal
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El trámite para acceder a la reparación económica se realiza en Anses, mientras que el análisis y aprobación de la reparación económica queda a cargo del Instituto Nacional de Mujeres (Inam) y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
-¿Cómo ven la aplicación de la ley en este primer año?
-Ada: Vemos que Anses necesita tener una capacitación con esta temática, porque nos encontramos con que llaman familiares que van a la dependencia más cercana y no reciben información sobre lo que necesitan presentar, e incluso ha pasado que desconocen la existencia de la ley.
Por otro lado, lo que dificulta el trámite es que muchísimas veces las familias que están a cargo de los menores no tienen la guarda, ni tampoco los documentos. Son sectores muy vulnerables y no tienen la documentación de los más pequeños, lo cual es preocupante. Esos casos son más difíciles y complicados, entonces lo que hacemos es ir asesorando o derivando a las familias para que consigan la documentación.
-¿Por qué es tan importante el tema de la guarda?
-A: Es importante para asegurarnos que ese dinero realmente vaya al menor. En una primera instancia, un juez o jueza dictamina la guarda provisoria de los menores a cargo de un familiar de la víctima o del victimario, que luego tiene que tramitar la guarda definitiva. Consideramos que no se puede obviar la guarda porque de lo contrario nos vamos a encontrar dentro de un par de años sin saber quién está percibiendo el dinero de estos menores.
-¿A partir de cuándo se comienza a cobrar la reparación económica?
-A: Es importante recalcar que cuando tengan los papeles, lo cobran retroactivo al 26 de julio de 2018, que es el día en que se aprobó la ley. (Si el delito ocurrió con posterioridad a la fecha de la sanción de la ley se percibirá a partir del hecho).
-¿Cómo les cambia la vida a estos niños o niñas esta ley?
-A: Cambia totalmente a las familias que tienen menores a su cargo, fundamentalmente porque cubre las necesidades básicas de estos menores; imaginate que sean 3 o 4 chicos, ingresa una suma de $40.000 mensuales. Pero más allá de eso, se les brinda una cobertura integral de salud. Es importante remarcar este derecho, porque muchas veces estos menores han presenciado el asesinato de la mamá o los momentos previos, entonces cuando decimos cobertura integral, incluye acompañamiento psicológico.
-¿Cómo se ejecuta ese acompañamiento?
-Una vez que se les aprueba, se les otorga la cobertura integral. Todo sale automáticamente, está entrelazado.
-¿Les correspondería a los jueces informar a las familias de que existe esta ley?
-A: Sí, les correspondería pero no se informa. Por eso es que nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, somos las que vamos socializando la información, porque vemos que cuanto más nos alejamos de las ciudades grandes, no llega la información. Siempre digo que en las Defensorías de cada lugar hay información. Pero es de boca en boca. Por eso insisto, tiene que haber mayor capacitación de Anses en esta temática. Hubo un caso en Córdoba, el de Ingrid Bidosa, que el papá llegó a Anses, y no sabían de qué se trataba. Pero se hizo una movida y se pudo tramitar. Pero no tiene que ser un caso particular, tiene que ser en general el acceso a este beneficio. Cuando va un familiar a Anses, vamos a suponer que saben de qué se trata la ley Brisa, deberían tener un equipo especial, capacitado en la temática de género, que atienda a los familiares, a ese abuelito o abuelita al que le han matado una hija. Así haya una sola persona, para no volver a revictimizar a ese familiar que se presenta a solicitar un derecho para nietas y nietos.
Contención
“No te imaginás todo lo que tuve que hacer para que pudieran recibirme el trámite”, confió Carlos Vidosa a Puntal, el papá de una joven asesinada en Carlos Paz en 2015. Los padres de la muchacha comparten la guarda de su nieta, de 10, y cuando Carlos se acercó a la delegación de Anses, el 22 de febrero, para comenzar el trámite “no tenían conocimiento, decían que la ley no estaba vigente”, recordó. “Me dijeron en ese momento que no le podían dar curso al trámite, cuando la ley ya había sido aprobada y reglamentada unos meses antes”, dijo.
Más tarde le cuestionaron que no era un femicidio, a pesar de que la sentencia lo establecía, y luego, que el agresor no era el papá de la nena, cuando la ley establece que puede tratarse de un progenitor afín.
Sin embargo, el hombre no bajó los brazos y buscó ayuda de organizaciones que estaban vinculadas a la temática de violencia de género. “Me contacté con Familiares Atravesados por el Femicidio; ellos la tienen basante clara y me guiaron. Mi expediente llegó a Sennaf y al Ïnam. Y en realidad, Anses sólo tendría que haber recibido el expediente y luego estos organismos lo resuelven”, explicó.
La familia Vidosa está a la espera de que esta semana un tribunal le entregue una copia que manifieste que está vigente la tutela de su nieta, para dar forma al camino iniciado hacia la reparación económica. “No es gran dinero, pero por lo menos es algo para tener a mano y poder garantizarle una buena educación, obra social”, expresó.
Magdalena Bagliardelli. Redacción Puntal