La propuesta—que el Ejecutivo sugiere llamar “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani— establece derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales.
El texto sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización.
Por eso, el proyecto fija un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos, se incluyen:
• Trato digno, privacidad y no revictimización.
• Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.
• Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
• Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.
• Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.
• Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación.
• Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
