“Claramente, nosotros hemos declarado a Córdoba hostil contra el narcotráfico. Ustedes han visto decisiones políticas muy fuertes que hemos tomado: duplicamos las fiscalías antinarcotráficos y hoy Río Cuarto cuenta con una. Hemos traído la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Acá han visto desfilar a muchos cadetes porque vamos a duplicar la cantidad de fuerzas. También hubo otras innovaciones: las guardias locales, a las que se sumó Río Cuarto, lo que fueron las armas de baja letalidad y lo que hay que ir innovando y complementando. Esto lleva a darle una lucha sin cuartel al narcotráfico”, manifestó Llaryora después del desfile cívico-militar que se hizo ayer en la ciudad.
El gobernador planteó además que si no fuera por la Provincia no habría ningún tipo de lucha contra los narcos porque las fuerzas federales están casi ausentes. “Ustedes piensen: si no tuviéramos la Fuerza Policial Antinarcotráfico, ¿Quién estaría luchando? Recién hablábamos con el intendente y creo que la Policía Federal cuenta con tres móviles y 30 personas para todo el sur provincial ¿Qué lucha podría dar? Absolutamente ninguna. Entonces, era necesario tener esta fuerza, duplicar las fiscalías, duplicar la inversión y el combate que estamos dando es sin cuartel”, declaró Llaryora.
El mandatario destacó los resultados que las fuerzas de seguridad provinciales están consiguiendo contra el delito y, específicamente, contra el narcotráfico.
En cuanto a la llamada ley antibúnker, dijo que también se trata principalmente de una decisión política.
“La ley antibúnker es claramente, una decisión política como fue duplicar las fiscalías, la cantidad de lugares donde haya fuerzas antinarcóticos. Esta ley es un hito. No la tienen en muchos lugares de Sudamérica porque hay que animarse a hacer leyes como esta. Quiero agradecer, de la misma manera que critiqué cuando no nos acompañaron, esta vez hubo un acompañamiento masivo en la Legislatura. La ley antibúnker se puede explicar básicamente en esto: tenemos en muchos barrios lugares que complican la vida y son lugares dedicados a la delincuencia. Muchas veces son inmuebles abandonados. Ese inmueble abandonado muchas veces es usado para comercializar narcotráfico, muchas veces es usado para hacer visualizaciones para después cometer delitos, muchas veces es utilizado para guardar cosas delictivas, muchas veces es utilizado como un lugar de logística o estratégica. Entonces, más allá de que detenemos al delincuente, ese lugar queda en el barrio y queda al servicio de la delincuencia. La ley plantea la posibilidad del derribo, del derrumbe, demoler esos lugares. Y no estamos hablando solo de lugares abandonados. Hay, a veces, lugares que se construyen al lado de casas o se toman casas simplemente adoptadas para una modalidad delictiva. Estamos hablando de inmuebles abandonados o con propietarios que le han dado ese uso delictivo una y otra vez. Cuando eso esté probado, también se van a poder derribar esos inmuebles o trabajar en una nueva iniciativa que es la ley de extinción de dominio”, declaró Llaryora.
Y agregó: “El ataque contra la delincuencia es todos los días, la defensa a la seguridad de los vecinos es todos los días y la ley antibúnker es un instrumento nuevo que seguramente será repetido por otras provincias. El único objetivo es darles seguridad a los vecinos de bien y tumbar los lugares que sean usados para el narcotráfico”.
Llaryora manifestó que existió y existe un trabajo en conjunto con la Nación en cuestiones de seguridad. Pero remarcó que en cuanto al narcotráfico no hay recursos suficientes en las fuerzas federales.
“Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando con la ministra Bullrich antes y con la ministra Monteoliva ahora. Pero lo que cuento es una realidad de una decisión que tomamos los cordobeses, que nos distingue, que es una decisión de darle pelea como provincia sumada a la pelea que dan la justicia y la Policía Federal. Pero es claro: ¿Cuántos hombres tiene la Policía Federal en Córdoba? Entonces, un juez para dar combate necesita efectivos. De hecho no tenemos ni cárceles federales. Somos nosotros los que con nuestras cárceles tenemos a la mayoría de los presos federales. Pero, más allá de eso, cada recurso que tengan bienvenido sea, lo que hay que entender es que sin una decisión provincial no tendríamos la posibilidad de darle combate al narcotráfico, que naturalmente con las condiciones sociales que hay crece. Ahora, no va a ser una excusa para que no le demos un combate frontal a la delincuencia”, indicó.
