El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer al presidente Mauricio Macri por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por haber firmado el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) sin darle intervención al Congreso de la Nación.
Di Lello elevó su planteo al juez federal Julián Ercolini y solicitó una batería de medidas de prueba, al tiempo que además le pidió que dicte una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el organismo financiero internacional.
Junto al Presidente, el fiscal imputó al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al presidente del Banco Central, Luis Caputo, mientras que también pidió que se cite como testigo al jefe de Gabinete del Ministerio de Economía para que informe sobre el grado actual de ejecución del acuerdo.
La denuncia que originó la causa había sido presentada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se rubricó a pesar de que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitado por una ley del Congreso Nacional.
La imputación es por la firma del acuerdo entre el Gobierno y el FMI el 7 de junio pasado, a partir del cual el organismo internacional de crédito otorgó a la Argentina 50 mil millones de dólares por el término de tres años.
Frenar el stand by
La medida cautelar para suspender la ejecución había sido solicitada por los denunciantes para que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado, así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado nacional.
Ante ello, Di Lello aclaró que "confía en el elevado criterio" del juez, quien es el "director de la instrucción", para "decidir si corresponde el dictado de una medida cautelar y así evitar perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del acuerdo" con el FMI.
Entre otras medidas, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central.
"Los argumentos que imputan abusos de poder fueron considerados verosímiles, altamente ciertos. Ahora está en manos del juez Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía argentina", indicó Lozano (Unidad Popular).
El economista agregó que el acuerdo "es abiertamente inconstitucional", ya que la Constitución Nacional "establece que todo endeudamiento del país debe pasar por el Parlamento" y agregó que "un acuerdo con el Fondo merecía un debate, era algo imprescindible y necesario".
"Hicimos dos presentaciones pidiendo la suspensión del acuerdo por el impacto negativo y otra denuncia penal por abuso de poder de funcionario público. El Presidente no tiene facultades para aceptar este crédito", apuntó.
Comentá esta nota
Junto al Presidente, el fiscal imputó al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al presidente del Banco Central, Luis Caputo, mientras que también pidió que se cite como testigo al jefe de Gabinete del Ministerio de Economía para que informe sobre el grado actual de ejecución del acuerdo.
La denuncia que originó la causa había sido presentada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se rubricó a pesar de que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitado por una ley del Congreso Nacional.
La imputación es por la firma del acuerdo entre el Gobierno y el FMI el 7 de junio pasado, a partir del cual el organismo internacional de crédito otorgó a la Argentina 50 mil millones de dólares por el término de tres años.
Frenar el stand by
La medida cautelar para suspender la ejecución había sido solicitada por los denunciantes para que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado, así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado nacional.
Ante ello, Di Lello aclaró que "confía en el elevado criterio" del juez, quien es el "director de la instrucción", para "decidir si corresponde el dictado de una medida cautelar y así evitar perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del acuerdo" con el FMI.
Entre otras medidas, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central.
"Los argumentos que imputan abusos de poder fueron considerados verosímiles, altamente ciertos. Ahora está en manos del juez Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía argentina", indicó Lozano (Unidad Popular).
El economista agregó que el acuerdo "es abiertamente inconstitucional", ya que la Constitución Nacional "establece que todo endeudamiento del país debe pasar por el Parlamento" y agregó que "un acuerdo con el Fondo merecía un debate, era algo imprescindible y necesario".
"Hicimos dos presentaciones pidiendo la suspensión del acuerdo por el impacto negativo y otra denuncia penal por abuso de poder de funcionario público. El Presidente no tiene facultades para aceptar este crédito", apuntó.
Noticias Relacionadas
Lo que se lee ahora
Nacionales