Fiscales argentinos reclamaron que la República de Uruguay haga una entrega "temporal" del sindicalista Marcelo Balcedo, del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), y de su pareja, Paola Fiegue, para ser indagados por lavado de dinero.
Así lo hicieron tras más de un año y medio sin respuesta al requerimiento de la Justicia argentina.
Desde el 4 de enero de 2018, cuando Marcelo Balcedo por orden de la Justicia argentina fue detenido junto a su mujer en la mansión El Gran Chaparral, ubicada a pocos kilómetros de Punta del Este, Uruguay no respondió ni a los pedidos para que se le embargue su fortuna ni para que se lo extradite.
Embargo de 26 millones de dólares
Esta semana, los fiscales federales de La Plata Guillermo Ferrara, y los de la Procelac, la Unidad Fiscal Antilavado, Mario Villar y Laura Roteta, pidieron que se insista a Uruguay para que afecte el embargo de 26 millones de dólares a los bienes encontrados de Balcedo y que lo entregue "temporalmente" para indagarlo.
Hasta ahora, Uruguay siempre se mantuvo en que recién hará lugar a la extradición del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) una vez que termine allí el proceso judicial por lavado de dinero que también se inició al momento de la detención.
Paralelamente, tampoco han dado respuesta para que se afecte el embargo decretado por la Justicia argentina sobre los autos de lujo encontrados en El Gran Chaparral y los más de 7,5 millones de dólares que estaban en cajas de seguridad a su nombre.
En el escrito que presentaron los fiscales ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, recordaron que existe un trato de extradición firmado entre Uruguay y la Argentina y pidieron que se entregue a Balcedo de la forma y modo convenidos entre ambos Estados para que se lo pueda indagar y así avanzar con el proceso local.
"Ante la postergación de la materialización de la extradición a efectos de realización de la audiencia indagatoria, se requiera mediante las vías de cooperación jurídica internacional, la entrega temporal de los acusados bajo las condiciones de tiempo, modo y demás aspectos referidos a su ejecución que oportunamente acuerden las autoridades competentes de ambos Estados", expusieron en el escrito al que accedió NA.
Los fiscales resaltaron que ha pasado un año y medio de investigación y que la entrega temporal permitirá el avance de la investigación judicial argentina.
Si no por videoconferencia
En simultáneo, y de no ser posible esa opción, los fiscales solicitaron que se ordene una videoconferencia para poder indagar a Balcedo, quien en estos días goza de prisión domiciliaria junto a su pareja, y que la misma se realice con representantes del juzgado argentino en Uruguay.
Para justificar el pedido, recordaron como antecedente que en 2016 Uruguay habilitó la indagatoria vía videoconferencia de un croata detenido allí y que tenía un proceso penal en Eslovenia.
En otro apartado del escrito, insisten en que se afecte el embargo de 26 millones de dólares a los bienes de Balcedo en Uruguay y sobre todo a los vehículos de lujo con dominio argentino que se secuestraron durante su detención, así como al dinero en efectivo en las cajas de seguridad encontrado.
Asociación ilícita y de administración infiel del Soeme
A Balcedo se lo acusa de asociación ilícita y de administración infiel en perjuicio del sindicato Soeme, afiliación compulsiva de los trabajadores, extorsión de personas y maniobras vinculadas al narcotráfico, ya que se investiga su relación con la banda narco "Los Monos".
El juez recordó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires le abonó al Soeme en concepto de aportes correspondientes a la cuota sindical de sus afiliados más de 750.000.000 pesos, de los cuales unos 510.000.000 se desviaron de sus destinos originales.
Concretamente, se sospecha que Balcedo utilizó fondos del gremio para fines privados y de allí el origen ilícito de su fortuna, por lo que se sospecha de lavado de dinero: en la Argentina, entre los varios investigados, el principal acusado es quien era su mano derecha en el gremio, Mauricio Yebra.
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Desde el 4 de enero de 2018, cuando Marcelo Balcedo por orden de la Justicia argentina fue detenido junto a su mujer en la mansión El Gran Chaparral, ubicada a pocos kilómetros de Punta del Este, Uruguay no respondió ni a los pedidos para que se le embargue su fortuna ni para que se lo extradite.
Embargo de 26 millones de dólares
Esta semana, los fiscales federales de La Plata Guillermo Ferrara, y los de la Procelac, la Unidad Fiscal Antilavado, Mario Villar y Laura Roteta, pidieron que se insista a Uruguay para que afecte el embargo de 26 millones de dólares a los bienes encontrados de Balcedo y que lo entregue "temporalmente" para indagarlo.
Hasta ahora, Uruguay siempre se mantuvo en que recién hará lugar a la extradición del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) una vez que termine allí el proceso judicial por lavado de dinero que también se inició al momento de la detención.
Paralelamente, tampoco han dado respuesta para que se afecte el embargo decretado por la Justicia argentina sobre los autos de lujo encontrados en El Gran Chaparral y los más de 7,5 millones de dólares que estaban en cajas de seguridad a su nombre.
En el escrito que presentaron los fiscales ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, recordaron que existe un trato de extradición firmado entre Uruguay y la Argentina y pidieron que se entregue a Balcedo de la forma y modo convenidos entre ambos Estados para que se lo pueda indagar y así avanzar con el proceso local.
"Ante la postergación de la materialización de la extradición a efectos de realización de la audiencia indagatoria, se requiera mediante las vías de cooperación jurídica internacional, la entrega temporal de los acusados bajo las condiciones de tiempo, modo y demás aspectos referidos a su ejecución que oportunamente acuerden las autoridades competentes de ambos Estados", expusieron en el escrito al que accedió NA.
Los fiscales resaltaron que ha pasado un año y medio de investigación y que la entrega temporal permitirá el avance de la investigación judicial argentina.
Si no por videoconferencia
En simultáneo, y de no ser posible esa opción, los fiscales solicitaron que se ordene una videoconferencia para poder indagar a Balcedo, quien en estos días goza de prisión domiciliaria junto a su pareja, y que la misma se realice con representantes del juzgado argentino en Uruguay.
Para justificar el pedido, recordaron como antecedente que en 2016 Uruguay habilitó la indagatoria vía videoconferencia de un croata detenido allí y que tenía un proceso penal en Eslovenia.
En otro apartado del escrito, insisten en que se afecte el embargo de 26 millones de dólares a los bienes de Balcedo en Uruguay y sobre todo a los vehículos de lujo con dominio argentino que se secuestraron durante su detención, así como al dinero en efectivo en las cajas de seguridad encontrado.
Asociación ilícita y de administración infiel del Soeme
A Balcedo se lo acusa de asociación ilícita y de administración infiel en perjuicio del sindicato Soeme, afiliación compulsiva de los trabajadores, extorsión de personas y maniobras vinculadas al narcotráfico, ya que se investiga su relación con la banda narco "Los Monos".
El juez recordó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires le abonó al Soeme en concepto de aportes correspondientes a la cuota sindical de sus afiliados más de 750.000.000 pesos, de los cuales unos 510.000.000 se desviaron de sus destinos originales.
Concretamente, se sospecha que Balcedo utilizó fondos del gremio para fines privados y de allí el origen ilícito de su fortuna, por lo que se sospecha de lavado de dinero: en la Argentina, entre los varios investigados, el principal acusado es quien era su mano derecha en el gremio, Mauricio Yebra.
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