Con la detención del abogado Marcelo D’Alessio, acusado de intentar extorsionar a un empresario en nombre del fiscal Carlos Stornelli, ha dado un paso significativo la investigación que desde que fue puesta en conocimiento del público hace una semana ha introducido una cuña que complica la llamada “causa de los cuadernos”, justamente en un momento en que también ésta produce importantes novedades. En ese marco, lo único que parece quedar claro es que a medida que más se conoce de la trama más se profundiza la brecha entre las percepciones acerca de su naturaleza, condicionadas por los posicionamientos políticos de quienes las asumen.
Mucho tiene que ver con ello el comportamiento del detenido, cuya personalidad pretendidamente misteriosa va derivando hacia lo farsesco con cada declaración pública, y a esta altura parece haber perdido toda posibilidad de volverse medianamente creíble. Sin embargo, independientemente de si se atribuye su conducta a un plan premeditado de sembrar la confusión o a alguna condición psiquiátrica, la evidencia de que se trata de un personaje con algún grado de influencia y ciertos contactos en la Justicia y en la política, además de, posiblemente, los servicios de inteligencia, resulta inexplicable.
Desde luego, la clave pasa por discernir si al pedirle una gruesa suma de dinero al empresario que lo denunció -algo que parece más allá de toda duda, en vista de las pruebas materiales presentadas en la denuncia- estaba o no actuando por encargo de Stornelli. En el kirchnerismo existe, como es natural, un profundo deseo de que así sea, por cuanto daría argumentos para derribar la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, como insisten en llamarla, a pesar de que con todo el material probatorio acumulado, en particular las confesiones de los “arrepentidos”, las anotaciones del chofer de Roberto Baratta han dejado de ser lo más importante del caso
Desde las antípodas ideológicas la interpretación es del todo diferente: se presenta como obvio que se trata de una “operación” montada porque la marcha de la causa que llevan adelante Stornelli y el juez Claudio Bonadio se ha acelerado marcadamente, y sus últimas incorporaciones, en especial el “arrepentimiento” del histórico contador de los Kirchner Víctor Manzanares, apuntan a dejar a la sindicada como “jefa de la asociación ilícita” sin defensa posible. Con lo cual, precisamente, el único recurso disponible sería acusar, con fundamento o sin él, a quienes la están acusando.
En ese marco, las revelaciones sucesivas también reciben lecturas capaces de reforzar una u otra posición. La noticia de que D’Alessio ya había sido denunciado por un intento de extorsión similar a otro empresario, involucrado en la “mafia de los contenedores” -en la cual está probado que ni siquiera conocía al funcionario judicial en cuyo nombre pedía dinero- parece indicar que existe un modus operandi independiente de la causa en la que se aplique, aun cuando en este caso se habría perfeccionado. Pero también habilitaría a preguntarse por qué Stornelli tenía relación con alguien con semejante antecedente.
En cualquier caso, resulta lamentable que inclusive en una investigación con pruebas tan claras e irrebatibles como las reunidas en los llamados “cuadernos de la corrupción” existan razones para sospechar de las verdaderas motivaciones de fiscales y jueces. Algo que limita las posibilidades de que sacar a luz y sancionar los crímenes cometidos desde el poder conduzca a la restauración de la confianza pública en las instituciones que el país necesita.
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Desde luego, la clave pasa por discernir si al pedirle una gruesa suma de dinero al empresario que lo denunció -algo que parece más allá de toda duda, en vista de las pruebas materiales presentadas en la denuncia- estaba o no actuando por encargo de Stornelli. En el kirchnerismo existe, como es natural, un profundo deseo de que así sea, por cuanto daría argumentos para derribar la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, como insisten en llamarla, a pesar de que con todo el material probatorio acumulado, en particular las confesiones de los “arrepentidos”, las anotaciones del chofer de Roberto Baratta han dejado de ser lo más importante del caso
Desde las antípodas ideológicas la interpretación es del todo diferente: se presenta como obvio que se trata de una “operación” montada porque la marcha de la causa que llevan adelante Stornelli y el juez Claudio Bonadio se ha acelerado marcadamente, y sus últimas incorporaciones, en especial el “arrepentimiento” del histórico contador de los Kirchner Víctor Manzanares, apuntan a dejar a la sindicada como “jefa de la asociación ilícita” sin defensa posible. Con lo cual, precisamente, el único recurso disponible sería acusar, con fundamento o sin él, a quienes la están acusando.
En ese marco, las revelaciones sucesivas también reciben lecturas capaces de reforzar una u otra posición. La noticia de que D’Alessio ya había sido denunciado por un intento de extorsión similar a otro empresario, involucrado en la “mafia de los contenedores” -en la cual está probado que ni siquiera conocía al funcionario judicial en cuyo nombre pedía dinero- parece indicar que existe un modus operandi independiente de la causa en la que se aplique, aun cuando en este caso se habría perfeccionado. Pero también habilitaría a preguntarse por qué Stornelli tenía relación con alguien con semejante antecedente.
En cualquier caso, resulta lamentable que inclusive en una investigación con pruebas tan claras e irrebatibles como las reunidas en los llamados “cuadernos de la corrupción” existan razones para sospechar de las verdaderas motivaciones de fiscales y jueces. Algo que limita las posibilidades de que sacar a luz y sancionar los crímenes cometidos desde el poder conduzca a la restauración de la confianza pública en las instituciones que el país necesita.