En algún momento tenía que pasar: el aumento constante de las tarifas iba a convertirse, tarde o temprano, en un disparador de conflictos y generador de consecuencias políticas. Esa presión ejercida hacia abajo, no tenía otro destino que empezar a empujar hacia arriba cuando se hiciera difícil de soportar.
El límite parece haberse alcanzado. O estar cerca de hacerlo. En parte porque no existe una situación en la que el resto de las variables económicas atenúen el golpe que significan los aumentos: los acuerdos salariales de 2018 están perdiendo inapelablemente contra la inflación y esa disparidad hace que el poder adquisitivo de las familias no pueda acompañar el peso cada vez mayor de los servicios y del resto de los gastos destinados a cubrir las necesidades básicas.
El ajuste en las tarifas tiene impacto en dos planos. El primero, en la cotidianeidad, en la cuestión práctica pero decisiva que hace que una familia llegue o no a fin de mes. Una factura de luz o de gas de 3 mil o 4 mil pesos es determinante en ese sentido: puede ser la línea que separa la posiblidad de llegar con lo justo con el sueldo o de terminar con un rojo que se arrastrará durante meses.
El segundo impacto es simbólico pero no por eso menos trascendente. Según la encuesta que PUNTAL publicó esta semana y que fue elaborada por Gustavo Córdoba & Asociados, sólo el 30 por ciento de los riocuartenses cree que podrá pagar la luz y el gas cuando reciba las boletas durante el período de mayor consumo. El 70 por ciento restante está conformado, en parte, por aquellos que viven de ingresos fijos y que suelen autoincluirse en la categoría de clase media, esa que no sólo cubre sus gastos básicos sino que puede “darse el lujo” de planificar un viaje o cambiar el auto.
Pero el hecho de afrontar inconvenientes para cancelar una factura de un servicio básico, de tener que medirse a la hora de encender un aire o un calefactor, hace tambalear la imagen de sí mismo: ahora se enfrenta al espejo y lo que ve es a alguien obligado a trabajar todo el día para cubrir sus gastos alimentarios, pagar a duras penas la luz y el gas, y no mucho más. Esa situación deriva en frustración, malhumor y en una autoconsideración degradada por el dolor de ya no ser.
Es normal que de ahí se desprendan consecuencias políticas. La más directa es que se deterioran los índices de aprobación del gobierno y del propio Mauricio Macri. El sondeo de Gustavo Córdoba revela que, a nivel nacional, la imagen personal del Presidente cayó 15 puntos en cuatro meses.
En paralelo, las expectativas no acompañan. Un cuadro de estrechez económica puede soportarse si existe al menos la esperanza de que sea temporal. Pero el 59,7 por ciento de la gente considera que dentro de un año todo estará igual de mal o, incluso, peor. Con un agravante, al menos para el gobierno: para esa fecha ya habrá clima electoral y su propia supervivencia estará en juego.
La encuesta de Gustavo Córdoba abarcó dos ámbitos: uno, Río Cuarto, el otro, el territorio nacional. Al Macri le convendría que existiera una transmutación y que esta ciudad se convirtiera de la noche a la mañana en el país entero. Porque hace gala de una indulgencia casi a prueba de balas o, mejor dicho, de tarifazos. Siete de cada diez riocuartenses no saben si podrán pagar las facturas de Ecogas y de Epec, o directamente asumen que no conseguirán hacerlo; el 71,6 por ciento señala que llega a fin de mes con lo justo o que no le alcanza; el 56,20 por ciento está dispuesto a apoyar un reclamo para frenar los aumentos, es decir abandonaría la queja pasiva, pero a la hora de canalizar su descontento no lo hace contra Macri y su gestión sino contra su antecesora, Cristina Fernández.
Casi el 54 por ciendo dice que los culpables de la actual suba de tarifas son los K. Ese dato implica una atenuación de los costos políticos para el gobierno actual porque Macri no es el destinatario de los reproches.
Pero, lamentablemente para el gobierno, Río Cuarto no es el país. Y viceversa. Por eso, alertados por las consecuencias que están causando los tarifazos y que casi con seguridad podrían profundizarse con las subas que comenzarán a regir desde este mes, los socios minoritarios de Cambiemos encendieron las alarmas.
El resultado que obtuvo el radicalismo al reunirse con los más encumbrados funcionarios del macrismo fue casi insignificante: el aumento se mantuvo imperturbable aunque podrá prorratearse en tres cuotas. Tres cuotas sobre las que se aplicará un interés. Es decir, ni siquiera consiguieron un Plan Zeta.
Incluso podría ser una medida contraproducente en la cuestión del impacto anímico sobre quienes se consideran de clase media: ahora, hay que pagar los servicios en varios meses. Pero al radicalismo al menos le sirvió como una oportunidad para lograr exposición mediática nacional y comenzar a plantear su reclamo de que le den más participación en las decisiones del gobierno, donde actúa casi como satélite o actor periférico.
Ese envalentonamiento radical podría también tener derivaciones en Córdoba, hasta donde Ramón Mestre cree que llegará la onda expansiva que debería allanarle su candidatura a gobernador. El intendente capitalino se ha colgado el mote de “principal opositor” a Juan Schiaretti.
Aquí, el gobernador también se enfrenta a la incomodidad política que generan las tarifas. Pero mientras la gestión de Macri sólo puede aspirar a atenuar el costo político, Schiaretti tiene la ambiciosa pretensión de convertir a Epec, histórica piedra en el zapato, en una herramienta para obtener un rédito.
Por eso se focalizó en las condificiones beneficiosas de los empleados de la empresa. Iniciar una ofensiva contra ese convenio debería, infieren los estrategas de Unión por Córdoba, despertar simpatía en una porción jugosa del electorado y ser, por lo tanto, provechoso. Así, el impacto negativo de las abultadas facturas de Epec debería verse solapado por la imagen de un gobierno que se muestra avanzando contra los privilegios que encarecen el servicio.
Pero el Ejecutivo provincial no dispone de la opción que tiene el nacional, posibilitado todavía de descargar parte de su responsabilidad en sus antecesores. Unión por Córdoba gobierna desde 1999 y la Epec de hoy, si bien arrastra vicios antiguos, ha sido moldeada por los sucesivos gobiernos justicialistas.
Después de la jugada del schiarettismo, la oposición instrumentó su propia estrategia y trató de poner en el centro de la escena ya no las condiciones laborales de los empleados de Epec sino los errores de la conducción política, a la que tildan de ineficiente, improvisada, carente de transparencia y, encima, con privilegios, estos sí inadmisibles, como cobrar bonos de fin de año superiores a los $ 630 mil.
En esa disputa dialéctica, en ese tironeo, se definirá si el gobierno consigue obtener una tajada política a meses de las elecciones o si sólo puso en práctica una jugada fallida. Aun con la incógnita del resultado, algo hay seguro: al menos, la gobernación decidió asumir la iniciativa política en un tema que, normalmente, sólo habría de generarle costos.
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El ajuste en las tarifas tiene impacto en dos planos. El primero, en la cotidianeidad, en la cuestión práctica pero decisiva que hace que una familia llegue o no a fin de mes. Una factura de luz o de gas de 3 mil o 4 mil pesos es determinante en ese sentido: puede ser la línea que separa la posiblidad de llegar con lo justo con el sueldo o de terminar con un rojo que se arrastrará durante meses.
El segundo impacto es simbólico pero no por eso menos trascendente. Según la encuesta que PUNTAL publicó esta semana y que fue elaborada por Gustavo Córdoba & Asociados, sólo el 30 por ciento de los riocuartenses cree que podrá pagar la luz y el gas cuando reciba las boletas durante el período de mayor consumo. El 70 por ciento restante está conformado, en parte, por aquellos que viven de ingresos fijos y que suelen autoincluirse en la categoría de clase media, esa que no sólo cubre sus gastos básicos sino que puede “darse el lujo” de planificar un viaje o cambiar el auto.
Pero el hecho de afrontar inconvenientes para cancelar una factura de un servicio básico, de tener que medirse a la hora de encender un aire o un calefactor, hace tambalear la imagen de sí mismo: ahora se enfrenta al espejo y lo que ve es a alguien obligado a trabajar todo el día para cubrir sus gastos alimentarios, pagar a duras penas la luz y el gas, y no mucho más. Esa situación deriva en frustración, malhumor y en una autoconsideración degradada por el dolor de ya no ser.
Es normal que de ahí se desprendan consecuencias políticas. La más directa es que se deterioran los índices de aprobación del gobierno y del propio Mauricio Macri. El sondeo de Gustavo Córdoba revela que, a nivel nacional, la imagen personal del Presidente cayó 15 puntos en cuatro meses.
En paralelo, las expectativas no acompañan. Un cuadro de estrechez económica puede soportarse si existe al menos la esperanza de que sea temporal. Pero el 59,7 por ciento de la gente considera que dentro de un año todo estará igual de mal o, incluso, peor. Con un agravante, al menos para el gobierno: para esa fecha ya habrá clima electoral y su propia supervivencia estará en juego.
La encuesta de Gustavo Córdoba abarcó dos ámbitos: uno, Río Cuarto, el otro, el territorio nacional. Al Macri le convendría que existiera una transmutación y que esta ciudad se convirtiera de la noche a la mañana en el país entero. Porque hace gala de una indulgencia casi a prueba de balas o, mejor dicho, de tarifazos. Siete de cada diez riocuartenses no saben si podrán pagar las facturas de Ecogas y de Epec, o directamente asumen que no conseguirán hacerlo; el 71,6 por ciento señala que llega a fin de mes con lo justo o que no le alcanza; el 56,20 por ciento está dispuesto a apoyar un reclamo para frenar los aumentos, es decir abandonaría la queja pasiva, pero a la hora de canalizar su descontento no lo hace contra Macri y su gestión sino contra su antecesora, Cristina Fernández.
Casi el 54 por ciendo dice que los culpables de la actual suba de tarifas son los K. Ese dato implica una atenuación de los costos políticos para el gobierno actual porque Macri no es el destinatario de los reproches.
Pero, lamentablemente para el gobierno, Río Cuarto no es el país. Y viceversa. Por eso, alertados por las consecuencias que están causando los tarifazos y que casi con seguridad podrían profundizarse con las subas que comenzarán a regir desde este mes, los socios minoritarios de Cambiemos encendieron las alarmas.
El resultado que obtuvo el radicalismo al reunirse con los más encumbrados funcionarios del macrismo fue casi insignificante: el aumento se mantuvo imperturbable aunque podrá prorratearse en tres cuotas. Tres cuotas sobre las que se aplicará un interés. Es decir, ni siquiera consiguieron un Plan Zeta.
Incluso podría ser una medida contraproducente en la cuestión del impacto anímico sobre quienes se consideran de clase media: ahora, hay que pagar los servicios en varios meses. Pero al radicalismo al menos le sirvió como una oportunidad para lograr exposición mediática nacional y comenzar a plantear su reclamo de que le den más participación en las decisiones del gobierno, donde actúa casi como satélite o actor periférico.
Ese envalentonamiento radical podría también tener derivaciones en Córdoba, hasta donde Ramón Mestre cree que llegará la onda expansiva que debería allanarle su candidatura a gobernador. El intendente capitalino se ha colgado el mote de “principal opositor” a Juan Schiaretti.
Aquí, el gobernador también se enfrenta a la incomodidad política que generan las tarifas. Pero mientras la gestión de Macri sólo puede aspirar a atenuar el costo político, Schiaretti tiene la ambiciosa pretensión de convertir a Epec, histórica piedra en el zapato, en una herramienta para obtener un rédito.
Por eso se focalizó en las condificiones beneficiosas de los empleados de la empresa. Iniciar una ofensiva contra ese convenio debería, infieren los estrategas de Unión por Córdoba, despertar simpatía en una porción jugosa del electorado y ser, por lo tanto, provechoso. Así, el impacto negativo de las abultadas facturas de Epec debería verse solapado por la imagen de un gobierno que se muestra avanzando contra los privilegios que encarecen el servicio.
Pero el Ejecutivo provincial no dispone de la opción que tiene el nacional, posibilitado todavía de descargar parte de su responsabilidad en sus antecesores. Unión por Córdoba gobierna desde 1999 y la Epec de hoy, si bien arrastra vicios antiguos, ha sido moldeada por los sucesivos gobiernos justicialistas.
Después de la jugada del schiarettismo, la oposición instrumentó su propia estrategia y trató de poner en el centro de la escena ya no las condiciones laborales de los empleados de Epec sino los errores de la conducción política, a la que tildan de ineficiente, improvisada, carente de transparencia y, encima, con privilegios, estos sí inadmisibles, como cobrar bonos de fin de año superiores a los $ 630 mil.
En esa disputa dialéctica, en ese tironeo, se definirá si el gobierno consigue obtener una tajada política a meses de las elecciones o si sólo puso en práctica una jugada fallida. Aun con la incógnita del resultado, algo hay seguro: al menos, la gobernación decidió asumir la iniciativa política en un tema que, normalmente, sólo habría de generarle costos.