La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y algunos de sus ministros fueron detenidos ayer por la madrugada acusados de sedición, terrorismo y conspiración, en el marco de un recrudecimiento del debate entre oficialismo y oposición sobre si existió o no un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera de que se defina su situación judicial en relación con la acusación de haber participado en el movimiento que sacó del poder a Morales.
La expresidenta fue aprehendida en su domicilio en Trinidad, en el norte de Bolivia, y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto con el de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.
La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin esposas y escoltada por el actual ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.
Áñez denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política" y advirtió que el Ejecutivo –y no la Justicia- la acusaba de “haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió".
En una breve conferencia de prensa, Del Castillo sostuvo que “este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, sino que está haciendo que exista justicia en el país”.
En su primera reacción pública, a través de Twitter, el expresidente Morales pidió que se "investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia".
La Fiscalía había emitido el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
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