Según el Código de Tránsito, se establece que al secuestro de motos munidas de un caño de escape no reglamentario deberá sucederle la remoción y destrucción del dispositivo.
Por este motivo, el intendente Martín Gill estuvo presente en la primera destrucción de más de 30 caños de escape, que tuvo lugar en las inmediaciones del Polideportivo Guillermo Evans, en un acto simbólico, donde remarcó: “Es la medida más reparatoria que existe y por eso intentamos transformarla en política de Estado, es decir, todas las motos que por alguna razón se secuestran y no tengan el caño reglamentario se implementará la disposición, que es facultativa por los jueces de falta pero que claramente se asume como una política de Estado”.
Tiempo atrás, se impulsó la modificación de la ordenanza N° 7376, a fin de poner en marcha el secuestro y destrucción del caño de escape no reglamentario para reducir la generación de ruidos que incrementa significativamente la contaminación sonora.
A partir de tales estrategias, el mandatario local aseguró que “en lo que va del presente año se han secuestrado 30 caños de escape, los cuales pasan a destrucción bajo esta nueva modalidad”.
De esta manera, el propietario del rodado deberá abonar la multa y presentar la documentación correspondiente y luego “por disposición facultativa de los jueces de faltas se procederá a la extracción y posterior destrucción del dispositivo no reglamentario, a fin de evitar un problema para los vecinos”, detalló el intendente.
Estuvieron presentes en el acontecimiento junto con el intendente, el secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez; el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Omar Regueira; junto con los jueces de Faltas Julio Aliciardi y Héctor Paschetto, quienes supervisaron el correcto desarrollo del procedimiento.
Destrucción de rodados no reclamados
Por otra parte, el titular del Ejecutivo municipal informó que “de las 1.500 motos secuestradas desde hace más de cuatro años, ya se cuenta con el informe de dominio de 300 unidades”, correspondientes a rodados que no fueron reclamados o la documentación presentada es insuficiente para retirarlo.
A partir de esto, el mandatario local expresó la decisión de llevar a cabo “la destrucción total de estas 300 motos para su compactación y utilización como insumo en la producción del metal fundamentalmente”.
En los próximos días se llevará a cabo la reducción y compactación de esas primeras 300 motocicletas.
De esta manera, se contribuye al cuidado del medioambiente a través de la reutilización de los materiales, como también al aprovechamiento de los espacios en los depósitos donde se resguardan los vehículos secuestrados.