Esa información recibieron durante la mañana los trabajadores del volante, luego de formalizar una reunión con el titular del oficialismo.
Antes de que eso ocurra, fueron recibidos en primer lugar por el concejal de Uniendo Villa María, Manuel Sosa, quien se comprometió a elevar un proyecto para darle una rápida solución al planteo que llevaron a la casona legislativa.
Los conductores pidieron “trabajar tranquilos” y “ponerle un cierre a la persecución y cacería que estamos sufriendo”.
Esta última exigencia guarda relación con los cuatro vehículos que fueron secuestrados por funcionar como Uber y no estar habilitados.
En respuesta a esa solicitud, el concejal Sosa propuso el congelamiento de la ordenanza 8.232 por un plazo de 60 días y la conformación de una mesa de diálogo con el Municipio y otros actores, planteo que reunió conformidad en el sector.
En un video que publicó en sus redes, Sosa explicó que todos esos ítems fueron trasladados a un proyecto de ordenanza que ya tuvo ingreso en el Concejo Deliberante.
Al referirse a esta situación, el funcionario agregó:“Creemos que hay que dar tiempos razonables para que el proceso sea viable y no terminen afectando a los usuarios y a quienes realmente trabajan”.
“Son los usuarios los que más necesitan este servicio, para ir a trabajar y a la Universidad, para poder moverse en la ciudad, no podemos dejar a cientos de vecinos sin una opción de transporte segura y visible”, expuso.
Dicho esto, Sosa también instó a Uber a inscribirse “como cualquier proveedor que presta servicios en Villa María”.
Y anexó:“En el pago que se lleva Uber como comisión tiene que tributar como tributamos todos los villamarienses”.
“Sacamos esta ordenanza con el
espíritu de regular, no de prohibir”
En un breve diálogo que mantuvo con este medio, el titular del Concejo, Juan Pablo Inglese, hizo saber que su bloque no iba a acompañar el proyecto presentado por Sosa.
“Nunca fuimos convocados a la reunión, y no vamos a avalar un proyecto individual de un concejal, que fue el que también trabajó en la ordenanza y la aprobó, eso es contradictorio”, expuso.
Sobre la normativa que entró en vigencia hace una semana, precisó:“La naturaleza de esta ordenanza es que aquellas personas que utilizaban las aplicaciones pudieran trabajar, con la legislación anterior no podían, no estaban reguladas las aplicaciones”.
En defensa de la ordenanza, manifestó:“Necesitamos darle garantía a nuestros usuarios, a nuestra gente, saber quiénes son las personas que utilizan estas plataformas, sobre todo por medidas de seguridad”.
“Queremos que las exigencias que tienen los taxis también se les vuelque a ellos, como por ejemplo, que los vehículo estén limpios y desinfectados, que haya un control”, sostuvo.
Acto seguido, dio a conocer la comunicación que el Municipio tuvo con Uber. “Nos dieron la noticia de que se iban a inscribir en Villa María”.
Y acentuó:“Ahora estas personas van a poder inscribirse, reglamentarse y cumplir con la ordenanza, que va a ser en beneficio de ellos”.
“La reunión fue muy positiva, muy entendida. Quedamos en que se va a conformar una mesa de representantes y que la semana que viene vamos a tener una reunión, tanto con el intendente, como con los concejales de este bloque y de los que se quieran sumar”, completó.
Las voces de los conductores
En el Concejo, los conductores de Uber pusieron sobre la mesa diferentes planteos.
Gabriela, quien hace uso de la aplicación en la ciudad, expuso que la ordenanza 8.232, tal como está planteada, “no es para el bien comun de toda la sociedad”.
Otro chofer se preguntó: “¿Si Uber está prohibida, porqué los taxistas siguen utilizando la aplicación?”.
Otra mujer que sale a trabajar diariamente por la tarde para juntar dinero y así poder darle de comer a su familia, expuso ante este matutino:“No quiero andar más como una delincuente en la calle, tengo 57 años, no tengo antecedentes, tengo el certificado de buena conducta”.
Otro conductor se quejó por no haber tenido participación antes en la elaboración de esta normativa. “Aca hubo una decisión política, en la que no se nos dio lugar”, exteriorizó.
Al finalizar la reunión, un chofer se mostró satisfecho con el resultado. “Nos dicen que podemos trabajar tranquilos, que el tema de Uber ya se va a legalizar”.
A lo dicho por su par, una mujer añadió: “La gente necesita trabajar, vive de esto, el usuario también está muy disconforme de que le saquen el Uber, las tarifas son accesibles hacia ellos, más con la gente de la Universidad”.
También elevó un reclamo por la falta de información que recibieron. “No fuimos notificados a través de un email, nos enteramos cuando empezaron a levantar autos”, relató.
Un hombre, por su parte, dijo:“Nos sentimos afectados con esta cacería. La rigurosidad de la Justicia tendría que ir hacia los delincuentes, y no hacia quienes tienen todo en regla”.
