Los rectores de las universidades nacionales decidieron pedir para el año próximo un presupuesto total de casi 900 mil millones de pesos para las 57 casas de altos estudios comprendidas en la planilla que ingresa al Ministerio de Educación para conformar el pedido global de esa cartera, que luego se integra al resto de los ministerios para finalmente ingresar al Congreso para su evaluación y tratamiento. Vale recordar que el año pasado, el Legislativo no aprobó el presupuesto general enviado por el Gobierno, lo que obligó al Ejecutivo a redireccionar el del año 2021. Este año no hubo “ley madre”.
Sin embargo, sí hubo proyecto de presupuesto, que alcanzaba los $335.750.770.000. Ese monto nunca se aprobó, pero fue el que ingresó al Congreso. Frente a esa cifra, los rectores habían pedido poco más de $400 mil millones, que representaba casi el doble que el presupuesto anterior, de $222 mil millones.
No son pocas las dificultades este año para conseguir la cifra reclamada. Generalmente los rectores piden un monto que luego inicia un proceso de negociación hasta transformarse en un presupuesto menor que el pretendido. Fue una constante a lo largo de los años.
El Ministerio “cierra un número” que luego eleva y ahí ya aparece el primer recorte generalmente. Pero este año con el Ministerio de Economía que busca avanzar en un mayor equilibrio de las cuentas, todas las áreas están bajo la lupa y un posible “ajuste”.
Si los rectores lograran obtener la cifra presentada al Ministerio, a la Universidad Nacional de Río Cuarto le corresponderían casi $ 13 mil millones, a la de Villa María unos $ 4.680 millones y a la de Córdoba, alrededor de $ 59 mil millones.
La cifra global fue definida por los rectores en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a las conducciones de todas las casas de altos estudios. Allí se aprobó “el proyecto de presupuesto universitario 2023 del sistema público que asciende a $ 892.227.828.812. En los próximos días, la planilla con el detalle del monto solicitado se elevará a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación como propuesta para el Congreso”, explicaron.

