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Denunciaron la utilización de "grupos parapoliciales" para controlar precios

Elisa Carrió y otros dirigentes de la Coalición Cívica acusaron ante la Justicia a Fernández, Massa y Tombolini, por habilitar la intervención del gremio de los camioneros para vigilar el abastecimiento de productos

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y otros dirigentes de su partido llevaron a la Justicia la incorporación del sindicato de Camioneros en los controles de precios en supermercados, a través de la presentación de una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, a quienes acusó de cometer varios delitos al promover la iniciativa.

Para Carrió, la participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de “grupos parapoliciales” y apuntó contra el Frente de Todos por “quebrar el estado de derecho” e “incitar a la violencia".

El malestar por la incorporación de Camioneros al control de precios crece y la denuncia penal de Carrió se suman a los cuestionamientos de otros líderes opositores y de referentes empresariales como el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

En el escrito, Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade acusan a Fernández, Massa y Tombolini por incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

“Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”, había anunciado Carrió ayer, en Twitter.

De la triple A a las barras

En la denuncia penal, Carrió, Ferraro y Frade advierten que “los grupos paraestatales tienen una larga tradición” en el país, en la que mencionan desde los “delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado, como la triple A, hasta grupos de choque que actúan en patota”, lugar en el que inscriben el accionar de “núcleos sindicales o gremiales e instituciones vinculadas al fútbol de ligas profesionales”, en referencia a los barras bravas empleados por la política.

Según los dirigentes de la CC, “las acciones de apriete y amedrentamiento de Sergio Massa y Matías Tombolini se inscriben en una tradición y esquemas de violencias organizadas y orientadas al control de un núcleo de poder”.

Junto con la denuncia, solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Economía y Comercio “se abstengan de convocar” a organizaciones sindicales, sociales o políticas para controlar el cumplimiento de Precios Cuidados.

“La organización sindical no tiene legitimación alguna (...) para ejercer tareas de naturaleza fiscalizadora en materia de precios” por lo que “significa una intromisión ilegal en el libre ejercicio del comercio previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, advierte la denuncia.

También hace notar que “el gremio elegido tiene las características de contar con actores violentos, lo que aseguraría la ‘garantía’, por la intimidación y la fuerza irregular, del cumplimiento de la decisión del Gobierno”.