El oficialismo provincial acelera los tiempos legislativos y espera tener aprobada este mismo miércoles la reforma política que apunta a dividir el voto opositor de cara a las elecciones de 2019, en las que se definirá si Unión por Córdoba sigue gobernando la provincia después de 20 años o si sucumbe ante la alternativa de Cambiemos.
El justicialismo señala que ya incluyeron en el temario, con orden de preferencia, los tres proyectos que componen la reforma y que abarcan desde la fecha de las elecciones hasta el financiamiento de las campañas, pasando por la posibilidad de que una misma persona sea candidato a gobernador y a legislador a la vez.
El proyecto de ley que promueve específicamente las candidaturas es simple. Tiene dos artículos: uno se refiere a las elecciones municipales en las ciudades y pueblos sin carta orgánica. El segundo es el que generó discusión cuando fue difundido: habilita las dobles candidaturas. Unión por Córdoba plantea una serie de cambios en el artículo 50 de la ley 9571, pero el fundamental es el que establece: “Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos. Dicha prohibición se hará extensiva para los candidatos a cargos nacionales y provinciales cuando haya simultaneidad electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los candidatos a gobernador y vicegobernador podrán ser simultáneamente candidatos a legisladores por distrito único”.
Carlos Gutiérrez, jefe del bloque de Unión por Córdoba, es uno de los impulsores del proyecto y responde a las críticas de la oposición, que esgrime que el oficialismo apuesta a atomizar el voto opositor.
“¿Por qué tiene que ser malo en la provincia lo que es bueno en Córdoba capital o en el resto de las intendencias donde no hay carta orgánica? Es una de las tantas incoherencias de la doble moral que practica Cambiemos. Uno de los aspectos positivos de las dobles candidaturas es que permiten una mayor participación de las fuerzas políticas mayoritarias. Además, permiten elevar el sentido de calidad de los cuerpos legislativos. No es lo mismo que la principal figura de una fuerza, que no llegó a ser gobernador, termine en la Legislatura a que vaya cualquier otro dirigente. Le da prestigio al Legislativo”, dijo Gutiérrez.
Otro proyecto apunta al financiamiento del sistema político y a generarle al Estado la obligación de solventar las campañas electorales.
Fondos y orígenes
Los artículos fundamentales del proyecto establecen:
Artículo 190.- “Contratación de espacios publicitarios. El Poder Judicial de la Provincia, a través del Tribunal Electoral Provincial, contrata los espacios publicitarios a los que se refiere esta Ley, en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales. La publicidad electoral tendrá por objeto promover a los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una elección general.
Artículo 191.- Asignación de espacios publicitarios. El Tribunal Electoral Provincial asignará los espacios publicitarios contratados, entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la elección, y 2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales, tomando como base a los fines de la distribución, la categoría de candidatura en la que el partido, alianza o confederación haya obtenido la mayor cantidad de votos. Para acceder al financiamiento previsto en el presente inciso, el partido, alianza o confederación debe haber alcanzado el uno por ciento (1%) del total de votos válidamente emitidos en las elecciones inmediatamente anteriores, tomando como base la categoría de candidatura en la haya obtenido la mayor cantidad de votos.
Artículo 192.- Disposición de los espacios publicitarios. El Tribunal Electoral por medio de los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial realiza las contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones políticas puedan utilizarlos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda electoral”.
El monto global que se distribuirá en 2019 será de 100 millones de pesos.
El proyecto también apunta a limitar y regular los aportes privados, que no quedan prohibidos pero que solamente podrán concretarse si son bancarizados.
“Es una iniciativa que está en línea con la lógica que plantea el propio Macri y que apunta a terminar con la hipocresía en la política. Hay que transparentar cuánto cuesta la campaña, cuánto pueden aportar los privados y cuánto le corresponde al Estado. Un órgano independiente como el Tribunal Electoral, al que vamos a dotar de más recursos, va a contratar los espacios. Y lo que se debe poner en el papel son los mecanismos de control suficientes, los límites a los privados y los requisitos para generar transparencia”, declaró Gutiérrez.
Una de las prohibiciones que establece el proyecto es que existan aportes anónimos de cualquier tipo. Todo deberá estar nominalizado y en cuentas bancarias.
Por último, el tercer proyecto de la reforma, el que ingresó en la última semana, modifica los plazos para convocar a las elecciones.
En realidad, el justicialismo apunta a restituir la situación anterior. “La convocatoria a elecciones debe hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación al acto electoral”, especifica el único artículo de la iniciativa.
En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que la obligación de fijar la fecha el 1° de marzo va en contra del objetivo de acortar el tiempo de las campañas electorales.
“El proyecto surge de una meditada reflexión sobre la inconveniencia de mantener el 1° de marzo como fecha límite para fijar la elección provincial. Así, resulta necesario admitir que tal modificación fue inconsecuente con la idea de acortar el tiempo de las campañas”, se lee en los fundamentos del proyecto. El planteo es que el actual plazo contribuye a generar “una campaña permanente”.
Gutiérrez afirma que Cambiemos contradice las disposiciones de su propio gobierno nacional cuando cuestiona el cambio en los plazos para convocar a elecciones. “El contexto en el que se sancionó la ley anterior cambió. Y quien lo cambió fue la oposición, que decidió inaugurar la campaña electoral dos años antes. Pero resulta que el gobierno nacional dice, en esta materia, que las campañas tienen que ser lo más cortas posible. Una campaña de 90 días tiene el efecto de que el Ejecutivo pueda gobernar. Lo curioso en Córdoba es que el proceso electoral se adelantó tanto tiempo por responsabilidad de un intendente que tiene que dedicarse a gestionar soluciones para su ciudad”, manifestó el legislador riocuartense en referencia a Mestre, el radical que está encabezando la pelea contra la gestión de Juan Schiaretti por el reparto de los fondos.
Ahora, el oficialismo apunta a que ese combo de proyectos se implemente lo más rápido posible. Alguno, como por ejemplo el cambio de fecha, puede que le genere algún costo político, pero el PJ descuenta que dentro de un año, cuando sea la campaña, esos supuestos efectos ya deberían haberse disipado.
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El proyecto de ley que promueve específicamente las candidaturas es simple. Tiene dos artículos: uno se refiere a las elecciones municipales en las ciudades y pueblos sin carta orgánica. El segundo es el que generó discusión cuando fue difundido: habilita las dobles candidaturas. Unión por Córdoba plantea una serie de cambios en el artículo 50 de la ley 9571, pero el fundamental es el que establece: “Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos. Dicha prohibición se hará extensiva para los candidatos a cargos nacionales y provinciales cuando haya simultaneidad electoral o se hubiere fijado la misma fecha para la realización del comicio. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los candidatos a gobernador y vicegobernador podrán ser simultáneamente candidatos a legisladores por distrito único”.
Carlos Gutiérrez, jefe del bloque de Unión por Córdoba, es uno de los impulsores del proyecto y responde a las críticas de la oposición, que esgrime que el oficialismo apuesta a atomizar el voto opositor.
“¿Por qué tiene que ser malo en la provincia lo que es bueno en Córdoba capital o en el resto de las intendencias donde no hay carta orgánica? Es una de las tantas incoherencias de la doble moral que practica Cambiemos. Uno de los aspectos positivos de las dobles candidaturas es que permiten una mayor participación de las fuerzas políticas mayoritarias. Además, permiten elevar el sentido de calidad de los cuerpos legislativos. No es lo mismo que la principal figura de una fuerza, que no llegó a ser gobernador, termine en la Legislatura a que vaya cualquier otro dirigente. Le da prestigio al Legislativo”, dijo Gutiérrez.
Otro proyecto apunta al financiamiento del sistema político y a generarle al Estado la obligación de solventar las campañas electorales.
Fondos y orígenes
Los artículos fundamentales del proyecto establecen:
Artículo 190.- “Contratación de espacios publicitarios. El Poder Judicial de la Provincia, a través del Tribunal Electoral Provincial, contrata los espacios publicitarios a los que se refiere esta Ley, en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales. La publicidad electoral tendrá por objeto promover a los candidatos a cargos electivos y difundir las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataformas electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de una elección general.
Artículo 191.- Asignación de espacios publicitarios. El Tribunal Electoral Provincial asignará los espacios publicitarios contratados, entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen en la elección, y 2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales, tomando como base a los fines de la distribución, la categoría de candidatura en la que el partido, alianza o confederación haya obtenido la mayor cantidad de votos. Para acceder al financiamiento previsto en el presente inciso, el partido, alianza o confederación debe haber alcanzado el uno por ciento (1%) del total de votos válidamente emitidos en las elecciones inmediatamente anteriores, tomando como base la categoría de candidatura en la haya obtenido la mayor cantidad de votos.
Artículo 192.- Disposición de los espacios publicitarios. El Tribunal Electoral por medio de los mecanismos administrativos y contables previstos en el ámbito del Poder Judicial realiza las contrataciones de espacios publicitarios a fin de que los partidos, alianzas o confederaciones políticas puedan utilizarlos durante los últimos treinta (30) días de campaña, antes de la veda electoral”.
El monto global que se distribuirá en 2019 será de 100 millones de pesos.
El proyecto también apunta a limitar y regular los aportes privados, que no quedan prohibidos pero que solamente podrán concretarse si son bancarizados.
“Es una iniciativa que está en línea con la lógica que plantea el propio Macri y que apunta a terminar con la hipocresía en la política. Hay que transparentar cuánto cuesta la campaña, cuánto pueden aportar los privados y cuánto le corresponde al Estado. Un órgano independiente como el Tribunal Electoral, al que vamos a dotar de más recursos, va a contratar los espacios. Y lo que se debe poner en el papel son los mecanismos de control suficientes, los límites a los privados y los requisitos para generar transparencia”, declaró Gutiérrez.
Una de las prohibiciones que establece el proyecto es que existan aportes anónimos de cualquier tipo. Todo deberá estar nominalizado y en cuentas bancarias.
Por último, el tercer proyecto de la reforma, el que ingresó en la última semana, modifica los plazos para convocar a las elecciones.
En realidad, el justicialismo apunta a restituir la situación anterior. “La convocatoria a elecciones debe hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación al acto electoral”, especifica el único artículo de la iniciativa.
En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que la obligación de fijar la fecha el 1° de marzo va en contra del objetivo de acortar el tiempo de las campañas electorales.
“El proyecto surge de una meditada reflexión sobre la inconveniencia de mantener el 1° de marzo como fecha límite para fijar la elección provincial. Así, resulta necesario admitir que tal modificación fue inconsecuente con la idea de acortar el tiempo de las campañas”, se lee en los fundamentos del proyecto. El planteo es que el actual plazo contribuye a generar “una campaña permanente”.
Gutiérrez afirma que Cambiemos contradice las disposiciones de su propio gobierno nacional cuando cuestiona el cambio en los plazos para convocar a elecciones. “El contexto en el que se sancionó la ley anterior cambió. Y quien lo cambió fue la oposición, que decidió inaugurar la campaña electoral dos años antes. Pero resulta que el gobierno nacional dice, en esta materia, que las campañas tienen que ser lo más cortas posible. Una campaña de 90 días tiene el efecto de que el Ejecutivo pueda gobernar. Lo curioso en Córdoba es que el proceso electoral se adelantó tanto tiempo por responsabilidad de un intendente que tiene que dedicarse a gestionar soluciones para su ciudad”, manifestó el legislador riocuartense en referencia a Mestre, el radical que está encabezando la pelea contra la gestión de Juan Schiaretti por el reparto de los fondos.
Ahora, el oficialismo apunta a que ese combo de proyectos se implemente lo más rápido posible. Alguno, como por ejemplo el cambio de fecha, puede que le genere algún costo político, pero el PJ descuenta que dentro de un año, cuando sea la campaña, esos supuestos efectos ya deberían haberse disipado.
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