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El regreso del debate sobre la legalización del aborto

La decisión oficial de impulsar un proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo llega acompañada de los inevitables reproches en términos de oportunidad y asignación de prioridades, así como de la sospecha de responder, al menos parcialmente, a una maniobra de distracción para encubrir problemas de gestión de naturaleza más crítica y urgente.

Luego de mantenerse en suspenso a lo largo de todo el año, el debate en torno de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido incorporado finalmente a una agenda pública donde vendrá a competir con “pesos pesados” como la crisis sanitaria, la afligente situación económica y la ofensiva judicial orientada a beneficiar a notorios exponentes de la corrupción política. La decisión oficial de impulsar un nuevo proyecto de ley sobre el aborto llega acompañada de los inevitables reproches en términos de oportunidad y asignación de prioridades, así como de la sospecha de responder a una maniobra de distracción para encubrir problemas de gestión de naturaleza más crítica y urgente.

De hecho, el debate sobre el aborto ya cumplió ese papel en 2018, cuando fue habilitado por un gobierno que en realidad no tenía intenciones de que alumbrara una ley -aun cuando algunos integrantes del entonces oficialismo sí lo hicieran-, sino que apuntaba a aliviar los cuestionamientos que recibía en otras áreas. En esta ocasión, en cambio, el proyecto responde a una promesa de campaña que el Presidente de la Nación ha ratificado en varias oportunidades, aunque no por ello pierde su aptitud de lograr que se hable un poco menos de la gestión de la pandemia, del crecimiento de la pobreza, de la cotización del dólar o de la búsqueda de hacer “zafar” a la vicepresidenta de sus problemas judiciales, por nombrar algunas de las cuestiones que podrían incomodar en demasía al oficialismo.

En cualquier caso, quienes consideran que “no es el momento” de discutir la legalización del aborto apuntan no sólo a que existen otros problemas más acuciantes, o al carácter profundamente divisivo de un tema que suscita tomas de posición tajantes e inconciliables, que derivan en descalificaciones mutuas cargadas de violencia. También advierten que podría significar un esfuerzo desgastante y a la postre inútil, dado que los cambios en la composición del Senado sugieren que el resultado de una hipotética votación no podría ser demasiado diferente del que enterró el proyecto de 2018.

En ese sentido, sin embargo, la asociación del proyecto de legalización del aborto con el llamado "Plan de los Mil Días", una iniciativa de acompañamiento a la maternidad y de seguimiento de los tres primeros años de vida del recién nacido, aparece como un recurso para intentar cambiar algunas opiniones entre los legisladores y mejorar las posibilidades de que esta vez sí salga la ley. Vincular estas dos propuestas es una idea que podrá ser tildada de oportunista, es cierto, pero no de contradictoria como se ha señalado desde la Iglesia Católica, por cuanto -más allá de que la concepción del feto como una persona no admite relativizaciones- en uno y otro caso se empodera a la mujer para que ejerza con más libertad su derecho a elegir.

Por lo demás, la experiencia de hace dos años permite anticipar lo que se puede esperar de la devolución al primer plano de un debate que en realidad nunca ha dejado de estar presente: intercambios apasionados pero respetuosos de argumentos válidos y atendibles sean o no compartidos, en conjunto con reacciones desaforadas cargadas de autoritarismo e intolerancia, que empequeñecen a quienes los esgrimen y envenenan la convivencia democrática. Además de la evidencia de que, si en efecto es distraer a la opinión pública de otras cuestiones uno de los objetivos, cualquier logro en este plano será muy limitado y de corto plazo en una sociedad que no debería ser subestimada.