El relevamiento señala que la caída de la actividad económica, la retracción del consumo y las dificultades en la cadena de pagos agravaron la situación financiera de numerosas firmas, impulsando un crecimiento sostenido de los pedidos de concursos preventivos y quiebras.
De acuerdo con los datos difundidos por IPA, los concursos preventivos pasaron de 82 casos en 2023 a 190 en 2025, lo que representa un incremento del 131,7%. La tendencia continúa durante 2026: solo en el primer trimestre judicial del año ya se iniciaron 92 procesos concursales.
El abogado del Departamento Legal de IPA, Germán Pizzano, sostuvo que la problemática empresarial ya se evidencia en el ámbito judicial. “La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, afirmó.
El especialista explicó que el aumento de los concursos preventivos refleja que muchas empresas atraviesan situaciones de incapacidad financiera para afrontar sus compromisos. Además, advirtió que el cierre de una firma genera consecuencias que exceden lo económico, ya que impacta sobre el empleo, los proveedores y las cadenas productivas.
Frente a este escenario, desde IPA propusieron la implementación de una legislación de emergencia económica y productiva que contemple medidas transitorias para evitar nuevas quiebras. Entre las iniciativas planteadas figuran la suspensión de ejecuciones judiciales, la ampliación de plazos concursales y mecanismos que faciliten la recuperación del capital de trabajo.
Desde la entidad remarcaron que cualquier medida deberá estar acompañada por una reactivación del mercado interno y del crédito productivo para mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas. Según el informe, la respuesta legislativa será determinante para preservar miles de puestos de trabajo y sostener la actividad de las pymes en todo el país.
