El fiscal federal Ramiro González imputó ayer al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, quien como accionista de la empresa Farmacity habría querido favorecer a la compañía como proveedora del Pami.
Imputaron a Quintana por mal manejo en Farmacity
Una de las acusaciones que pesan sobre el accionista es influir para que la compañía sea proveedora de Pami
La denuncia la hizo el abogado Daniel Igolnikov a partir de un informe periodístico que sindicó que el funcionario de la Jefatura de Gabinete tenía participación en la empresa Partner SA, la cual tiene porcentaje mayoritario de la tenencia de Farmacity, y de Pegasus S.A, ninguna de las cuales fue declarada tal cual lo obliga la ley.
Adulteración
Además, el denunciante refirió que de acuerdo a informes periodísticos se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires; que influyó ante la Corte Suprema para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía vender productos que son típicos de este último rubro.
Ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba, como el pedido a la Oficina Anticorrupción para que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha, y si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o bien a la empresa Farmacity.
Por otra parte, pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre la composición accionaria de las empresas Farmacity, Partner S.A y Pegasus SA; y al Ministerio de Modernización saber si esas empresas son proveedoras del Estado, particularmente de la obra social Pami.
También reclamó que el Pami informe sobre toda la normativa vinculada a la contratación de los proveedores de Farmacia, y entregar, en caso de haberlo, el expediente de Farmacity.
Además, solicitó que la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires informe los detalles sobre cómo fue la autorización para que la empresa Farmacity comience a operar en el territorio bonaerense.
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Adulteración
Además, el denunciante refirió que de acuerdo a informes periodísticos se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires; que influyó ante la Corte Suprema para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía vender productos que son típicos de este último rubro.
Ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba, como el pedido a la Oficina Anticorrupción para que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha, y si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o bien a la empresa Farmacity.
Por otra parte, pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre la composición accionaria de las empresas Farmacity, Partner S.A y Pegasus SA; y al Ministerio de Modernización saber si esas empresas son proveedoras del Estado, particularmente de la obra social Pami.
También reclamó que el Pami informe sobre toda la normativa vinculada a la contratación de los proveedores de Farmacia, y entregar, en caso de haberlo, el expediente de Farmacity.
Además, solicitó que la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires informe los detalles sobre cómo fue la autorización para que la empresa Farmacity comience a operar en el territorio bonaerense.
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