La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó ayer la iniciativa "hecha a medida de Cambiemos", para "solucionar sus problemas legales", como el que salió a la luz por supuestos "aportantes truchos" en la campaña 2017.
Rechazó el proyecto al plantear que "es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y, como tal, de aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretenden una contraprestación a cambio".
En contra también del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías "debe ser absoluta", y opinó que "el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado".
En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como "el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas".
"Las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos con más posibilidades electorales y aquellos partidos que tienen líneas argumetales pro-empesa. Eso produce un desequilibrio. El financiamiento estatal, en cambio, genera una mayor equidad, porque no hace una diferencia entre partidos pro-obreros y los partidos que defienden a las empresas", agregó.
La reforma aprobada ayer también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias. Este punto genera especial discordia en la izquierda, con menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales.
La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) repudió el proyecto al sostener que pese a que se viste de "transparencia, huele peor que el Riachuelo" porque "va a blanquear el financiamiento corrupto que antes se hacían a escondidas".
Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, dijo que "no estamos hablando de los temas esenciales para la sociedad, como el cierre de empresas" y dijo que su espacio "quiere que el financiamiento sea sólo estatal".
Comentá esta nota
En contra también del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías "debe ser absoluta", y opinó que "el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado".
En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como "el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas".
"Las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos con más posibilidades electorales y aquellos partidos que tienen líneas argumetales pro-empesa. Eso produce un desequilibrio. El financiamiento estatal, en cambio, genera una mayor equidad, porque no hace una diferencia entre partidos pro-obreros y los partidos que defienden a las empresas", agregó.
La reforma aprobada ayer también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias. Este punto genera especial discordia en la izquierda, con menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales.
La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) repudió el proyecto al sostener que pese a que se viste de "transparencia, huele peor que el Riachuelo" porque "va a blanquear el financiamiento corrupto que antes se hacían a escondidas".
Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, dijo que "no estamos hablando de los temas esenciales para la sociedad, como el cierre de empresas" y dijo que su espacio "quiere que el financiamiento sea sólo estatal".