El Senado volverá a habilitar la discusión de la reforma laboral
El Ejecutivo remitió 3 proyectos que tendrían el apoyo del sindicalismo y se relacionan con el blanqueo, las pasantías y una agencia de evaluación de salud. Incluiría cambios en el cálculo de la indemnización
El Gobierno envió al Congreso tres proyectos de reforma laboral que contarían con el visto bueno del sindicalismo en su parte principal.
No obstante, en un capítulo secundario, el Ejecutivo propone una serie de modificaciones al cálculo indemnizatorio que ya habían sido resistidas en diciembre pasado, mientras que también hay intenciones de volver a impulsar un fondo de desempleo sustentado con aporte de los trabajadores, indicó el diario La Nación.
El proyecto, en su parte principal, refiere al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.
Eximen de multas
El texto enviado por el Poder Ejecutivo trata sobre el plan para regularizar a empleados en situación de informalidad, en el que se incluye eximir del pago de multas a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores y el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.
Asimismo, la iniciativa prevé reconocerles a los empleados informales el escalafón y la antigüedad.
El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.
El segundo punto apunta a la capacitación laboral continua, que pretende que las pasantías sean una modalidad de capacitación y también apuntará a reconvertir oficios que están cayendo en desuso.
El artículo 16 determina que la duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en general en los convenios colectivos de trabajo y en particular en el convenio de práctica formativa, en función de las características y la complejidad de las actividades a desarrollar, con un máximo de hasta doce meses y con una carga horaria que no supere las 30 horas semanales.
La tercera iniciativa es la creación de la agencia de tecnología médica, entidad que buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales.
La Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) será un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, que contará con autarquía tanto económica como financiera y personería jurídica.
Sin aguinaldo y ni bonificaciones
No obstante, tras esos ítems acordados con los gremios, en un capítulo secundario surgen propuestas que ya habían sido resistidas en diciembre pasado: el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
Según explicaron voceros del Ministerio de Trabajo al diario La Nación, la intención es "evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores" y explican que "ahora se establecen con claridad los alcances".
Desde el Gobierno se impulsa, para sustituir la indemnización, la creación de un fondo de cese laboral, que debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad, con un aporte mensual por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos.
En diciembre pasado, el proyecto -que había sido enviado juntamente con la reforma previsional- fue trabado por el Bloque Justicialista del Senado, debido a la resistencia de un sector de la CGT.
Fue el dirigente camionero Pablo Moyano el que planteó la oposición más dura, al advertir que no permitirían "una nueva Banelco en el Senado", en alusión al escándalo generado con la reforma que impulsó en el año 2000 el gobierno de la Alianza.
Ante ese cuestionamiento, la bancada de senadores que preside Miguel Pichetto -cuyo respaldo es fundamental para el oficialismo- decidió bloquear el tratamiento del proyecto hasta que existiera un consenso interno en la central gremial.
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