Después de muchas consultas con expertos y con las bases, un grupo relevante de sociedades rurales de la provincia avanzarán en los próximos días con presentaciones judiciales en contra de las retenciones a las exportaciones. El argumento principal es que el cobro ya no es legal porque al caerse el tratamiento del presupuesto para este año, perdió vigencia el mecanismo por el cual se fijaban los porcentajes de derechos de exportación.
Como se recordará, una vez caído el proyecto de Presupuesto, el 15 de diciembre el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para darle continuidad al cobro desde el 1 de enero. Sin embargo, los especialistas consultados por las rurales cordobesas aseguran que eso no es constitucional puntualmente porque en materia tributaria el que debe intervenir es el Poder Legislativo.
A poco de asumir el actual Gobierno, el Congreso habilitó que las retenciones en la soja puedan alcanzar un máximo del 33% que es el que rige actualmente. Para el caso del trigo y el maíz, se dejó abierta la posibilidad de llevarlos a un 15%. Y pese a que hubo muchos rumores en reiteradas oportunidades, el Gobierno finalmente prefirió no subirlos y los dejó en el 12%.
Según pudo saber Tranquera Abierta, las que ya dieron el okey para avanzar en el terreno judicial son las dos más grandes de la provincia, Río Cuarto y Jesús María, junto con las de Cabrera, Adelia María y Vicuña Mackenna. Se podrían sumar otras en las próximas horas y hasta productores particulares.
Alguien que sigue de cerca la estrategia judicial reveló que “aún resta definir por parte de los letrados con qué instrumento nos vamos a presentar, si finalmente será una medida cautelar o un amparo bajo el argumento de inconstitucionalidad”.
Para ello no habrá un solo tribunal al que acudirán todas las entidades del campo cordobés, sino que por la jurisdicción y competencia lo harán en el Juzgado Federal de Río Cuarto y en los Tribunales Federales de la capital provincial, según indicaron.
Vale recordar que el año pasado la recaudación nacional tuvo un incremento en términos reales con respecto a 2020 ayudada por dos pilares centrales: IVA (que refleja la recuperación económica frente al peor año de pandemia) y derechos de exportación (por precios de los granos y cantidad exportada).
Este último ítem fue el que mostró el mayor incremento entre los tributos, con un salto del 148,5% (69,7% real). Esta fuente de ingresos significó el 8,8% del total. Es decir que sobre 11.004.880 millones que informó el Ministerio de Economía para todo 2021 en recaudación, los derechos de exportación significaron alrededor de 970 mil millones de pesos.
Allí radica parte del debate que también se dio en su momento en las entidades del campo: una acción judicial podría frenar el cobro de las retenciones y generar un desequilibrio significativo en las cuentas del Estado. Sin embargo, la mirada de fondo está puesta en la acción del Congreso. “Es un tiro a tres bandas”, explicó un productor a Tranquera Abierta. Eso significa que busca al menos poner en stand by el decreto del Presidente con una acción Judicial pero para acelerar la discusión de retenciones en el Poder Legislativo.
“Somos conscientes que no se pueden eliminar de un momento para el otro, pero sí que hay que comenzar a discutirlas y empezar a bajarlas paulatinamente y reemplazarlas por el cobro del Impuesto a las Ganancias”, añadió.
Mientras tanto, la estrategia de las rurales cordobesas se produciría en simultáneo con lo que hará Sociedad Rural Argentina (SRA), también la semana próxima, cuando se presente entre lunes y miércoles en Tribunales con el mismo reclamo.