El precio del etanol volvió a tener un ajuste ayer que la Secretaría de Energía dispuso ahora para el diciembre, de manera anticipada. Hasta aquí, la cartera que conduce Flavia Royón aplicaba las modificaciones a mediados de mes, aunque de manera retroactiva.
No fue esa la única novedad, sino que además el valor se ajustó esta vez no de manera arbitraria de parte de la autoridad energética sino en base a una fórmula prestablecida que se acordó con las empresas y que fue anunciada en Río Cuarto a comienzos del mes pasado durante la visita del ministro Sergio Massa y la propia secretaria.
Lo cierto es que ese cálculo arrojó para el etanol de maíz, del cual Córdoba es la principal productora, la mejor recomposición: 19,2% para ubicarse en $361,167 por litro, muy cerca del precio de la nafta súper de YPF, que alcanzó los 370 con la última suba. También en ese punto hay una particularidad porque se cerró, al menos por ahora, más de lo habitual la brecha de valores.
Pero hay otro dato más: desde el 1° de septiembre el precio del etanol de maíz se ajustó en un 61% ya que en aquel entonces tenía un valor de $224,309.
Vale recordar que el etanol se incorpora a las naftas de forma tal que por cada litro de combustible, un 12% sea alcohol.
Los nuevos incrementos alcanzaron también al biodiésel y se dispusieron a través de las resoluciones 963/2023 y 964/2023, ambas publicadas ayer en el Boletín Oficial, diecisiete días después de la difusión de las subas aplicadas en las resoluciones 922 y 923.
Por la primera de las resoluciones, el precio de adquisición de biodiesel pasó de $ 520.000 a $ 686.986 por tonelada, “para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de diciembre de 2023 y hasta que un nuevo precio lo reemplace”, lo que representa un incremento del 32,11%
En la resolución 964 se fijó a partir de diciembre un precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar de $ 348,539 por litro, con un alza del 12,43% respecto del valor vigente, y el ya mencionado de maíz.
La autorización de los nuevos aumentos se tomó “dado el contexto macroeconómico actual”, y para atender “la incidencia que posee la modificación de los precios relativos en la estructura de costos”, según se explicó en la resolución.
