El secretario general del sindicato de conductores de taxis, Omar Viviani, indicó ayer que el futuro gobierno de Alberto Fernández evalúa la posibilidad de brindar un "aumento general para los trabajadores de todas las actividades" tras la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de la pobreza.
Si bien aclaró que no sabe de "cuánto" podría ser el porcentaje, señaló que se trata de una medida pensada para "amortiguar el golpe de la inflación galopante".
"Es muy posible que haya un aumento general para los trabajadores de todas las actividades", anticipó el integrante del Consejo Directivo de la CGT.
En ese sentido, argumentó que "un trabajador con empleo, que gana menos de 34 mil pesos, es pobre".
Sin embargo, subrayó: "Tampoco hay que estar apurados porque dejan un país con industrias quebradas".
Según el referente gremial, el presidente electo "se va a encontrar con una situación bastante compleja".
Destacó que "varios dirigentes" mantuvieron encuentros con representantes de la administración entrante, a quienes pudieron exponer "la visión para generar fuentes de trabajo, blanquear trabajadores y lograr una reactivación".
"Necesitamos poner al país nuevamente de pie. Hoy estamos de rodillas", fustigó, mientras advirtió que la presión impositiva y las elevadas tarifas "hacen inviables algunas actividades".
En diálogo con El Destape Radio, se refirió al bono de fin de año y consideró que "cada dirigente sabe si puede pedirlo o no".
"Hay que tener en cuenta que algunas actividades ganaron mucho dinero y hay otras que están al borde de la desaparición", apuntó.
Por otro lado, el sindicalista afirmó que es necesario poner en marcha reformas para el sector financiero al cuestionar que fue uno de los rubros que más dinero ganaron "en los últimos 30 o 40 años".
En otro orden, el diputado nacional Daniel Arroyo, perfilado como ministro de Desarrollo Social, se reunió con la conducción de la CTA-Autónoma, que lidera el dirigente del gremio de los visitadores médicos Ricardo Peidro, para analizar las políticas de "lucha contra el hambre" que pretende aplicar la próxima administración.
"Compartimos el diagnóstico de lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Acá se quebró la estructura social, no fueron errores. El compromiso de Alberto (Fernández) es que en Argentina no puede haber hambre", señaló Arroyo durante esta visita, según voceros de la central.
Dudas en el sector empresario
El "colchón" de ingresos que sería propuesto por el presidente electo, Alberto Fernández, previo a un pacto social, generó dudas entre empresarios del sector privado, que se quejaron de la falta de consulta y advirtieron que hay muchas empresas en diferentes sectores que, en medio de la crisis, no podrían dar aumentos por decreto. "No nos dijeron nada oficialmente", afirmó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Copal, la cámara que nuclea a las empresas alimenticias. "Habría que ver de qué monto estamos hablando. No hay una gran capacidad de absorción por parte de las pymes y las empresas regionales, pero tampoco por parte de las grandes. Uno lo puede ver en sus balances. No lo veo viable", afirmó el abogado, que recordó que en 2002 se tomó una decisión similar pero con montos fijos y como un "mecanismo de emergencia". Dijo además que actualmente hay convenios con cláusulas de ajuste que están siendo aplicadas.
El vicepresidente de la entidad fabril afirmó también que los empresarios están todavía esperando conocer los detalles que se tratarán en el acuerdo de precios y salarios, pero además cuál es el plan macroeconómico y el equipo que lo implementará. En ese sentido, están preocupados por cómo podrían mantener una promesa con los precios de sus productos durante un lapso de tiempo sin certezas sobre sus costos de producción.
"Habrá que ver, caso por caso", dijo José Urtubey, director de Celulosa. "Parece inconveniente hacerlo en términos generales. Y para más adelante, yo creo que un acuerdo que se circunscriba sólo a precios y salarios sin tener en cuenta aspectos financieros y tributarios no sería bueno", agregó.
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"Es muy posible que haya un aumento general para los trabajadores de todas las actividades", anticipó el integrante del Consejo Directivo de la CGT.
En ese sentido, argumentó que "un trabajador con empleo, que gana menos de 34 mil pesos, es pobre".
Sin embargo, subrayó: "Tampoco hay que estar apurados porque dejan un país con industrias quebradas".
Según el referente gremial, el presidente electo "se va a encontrar con una situación bastante compleja".
Destacó que "varios dirigentes" mantuvieron encuentros con representantes de la administración entrante, a quienes pudieron exponer "la visión para generar fuentes de trabajo, blanquear trabajadores y lograr una reactivación".
"Necesitamos poner al país nuevamente de pie. Hoy estamos de rodillas", fustigó, mientras advirtió que la presión impositiva y las elevadas tarifas "hacen inviables algunas actividades".
En diálogo con El Destape Radio, se refirió al bono de fin de año y consideró que "cada dirigente sabe si puede pedirlo o no".
"Hay que tener en cuenta que algunas actividades ganaron mucho dinero y hay otras que están al borde de la desaparición", apuntó.
Por otro lado, el sindicalista afirmó que es necesario poner en marcha reformas para el sector financiero al cuestionar que fue uno de los rubros que más dinero ganaron "en los últimos 30 o 40 años".
En otro orden, el diputado nacional Daniel Arroyo, perfilado como ministro de Desarrollo Social, se reunió con la conducción de la CTA-Autónoma, que lidera el dirigente del gremio de los visitadores médicos Ricardo Peidro, para analizar las políticas de "lucha contra el hambre" que pretende aplicar la próxima administración.
"Compartimos el diagnóstico de lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Acá se quebró la estructura social, no fueron errores. El compromiso de Alberto (Fernández) es que en Argentina no puede haber hambre", señaló Arroyo durante esta visita, según voceros de la central.
Dudas en el sector empresario
El "colchón" de ingresos que sería propuesto por el presidente electo, Alberto Fernández, previo a un pacto social, generó dudas entre empresarios del sector privado, que se quejaron de la falta de consulta y advirtieron que hay muchas empresas en diferentes sectores que, en medio de la crisis, no podrían dar aumentos por decreto. "No nos dijeron nada oficialmente", afirmó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Copal, la cámara que nuclea a las empresas alimenticias. "Habría que ver de qué monto estamos hablando. No hay una gran capacidad de absorción por parte de las pymes y las empresas regionales, pero tampoco por parte de las grandes. Uno lo puede ver en sus balances. No lo veo viable", afirmó el abogado, que recordó que en 2002 se tomó una decisión similar pero con montos fijos y como un "mecanismo de emergencia". Dijo además que actualmente hay convenios con cláusulas de ajuste que están siendo aplicadas.
El vicepresidente de la entidad fabril afirmó también que los empresarios están todavía esperando conocer los detalles que se tratarán en el acuerdo de precios y salarios, pero además cuál es el plan macroeconómico y el equipo que lo implementará. En ese sentido, están preocupados por cómo podrían mantener una promesa con los precios de sus productos durante un lapso de tiempo sin certezas sobre sus costos de producción.
"Habrá que ver, caso por caso", dijo José Urtubey, director de Celulosa. "Parece inconveniente hacerlo en términos generales. Y para más adelante, yo creo que un acuerdo que se circunscriba sólo a precios y salarios sin tener en cuenta aspectos financieros y tributarios no sería bueno", agregó.