La Corte Suprema de Justicia falló ayer en favor de un reclamo de la provincia de San Luis para que el gobierno nacional le devuelva unos 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables retenidos, aunque las autoridades anticiparon que convocarán sus colegas puntanos para negociar el plazo de pago.
El fallo del máximo tribunal, que contó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, además de significar un revés para la administración que lidera Mauricio Macri, deja entreabierta las puertas para que Santa Fe reciba, en el marco de un reclamo similar, una suma tres veces superior, de unos $45.000 millones.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir en la decisión dado que representó como abogado a la provincia de Santa Fe, justamente, en un conflicto similar, y la jueza Elena Highton de Nolasco no votó.
Días antes, Rosenkrantz y la vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, habían participado en una reunión con el presidente Mauricio Macri.
Córdoba acordó
Un reclamo parecido había planteado la provincia de Córdoba, que sin embargo acordó el monto demandado con el Gobierno central, pero tanto San Luis como Santa Fe no lograron llegar a un punto en común con la Casa Rosada, por lo que siguieron adelante con su demanda en estrados judiciales.
En este contexto, la Corte efectuó un cálculo económico de cuánto correspondía pagar y le dieron luz verde a San Luis para que cobre unos $15.000 millones en fondos coparticipables que fueron detraídos con destino a la Anses.
En su fallo de 12 páginas, el máximo tribunal, de todas maneras, no estableció el modo en el que se debe pagar esa suma ni el plazo, por lo que se prevé que el gobierno nacional lleve adelante una negociación con la provincia de San Luis, comandada por Alberto Rodríguez Saá.
La Corte fijó el número de 15.000 millones de pesos luego de que hayan transcurrido tres años sin que las partes (la Casa Rosada y San Luis) se pusieran de acuerdo.
"El fallo no habla de plazos, vamos a volver a convocarlos para llegar a un acuerdo y pagarlo más adelante", afirmó a Télam una fuente del Palacio de Hacienda.
En este sentido, aclaró que se "acatará el fallo que en ningún caso afecta la meta fiscal prevista para este año".
"Buscamos varias veces sentarnos a negociar por este tema, pero no tuvimos respuesta. Ahora vamos a volver a convocarlos", añadió.
De todas formas, la fuente recordó que "San Luis y La Pampa son las dos provincias que no adhirieron al acuerdo fiscal".
En el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia.
La actual sentencia fue consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Anses) e Ingresos Públicos (Afip).
El antecedente a favor de La Pampa de hace tres meses fue decisivo
Hace tres meses, con la firma de los mismos jueces, la Corte Suprema había restado validez a un decreto presidencial firmado por Carlos Menem y ordenó devolverle a la provincia de La Pampa una suma multimillonaria también por retenciones de coparticipación mal descontadas por el Estado nacional.
En tanto en el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia.
La Corte Suprema de Justicia condenó ayer al Estado Nacional a pagar alrededor de 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación.
La actual sentencia es consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Anses) e Ingresos Públicos (AFIP).
Por la Anses hubo retenciones del 15 por ciento y por la AFIP del 1,9 por ciento, pero entonces la Corte las declaró inconstitucionales, impidió su futuro cobro y mandó devolver lo detraído a las provincias litigantes.
Días antes del cambio de gobierno, que se produjo el 10 de diciembre de 2015, la presidenta Cristina Fernández dictó un decreto para anular el 15 por ciento que las provincias cedían a la Anses, lo que generaba un gasto extra de unos 130.000 millones de pesos.
San Luis y La Pampa no aceptaron bonos
Entonces se negoció pagar con bonos y un nuevo reparto de la coparticipación, pero San Luis y Santa Fe no aceptaron y continuaron los juicios para que se ejecutara la sentencia de noviembre de 2015.
En aquella oportunidad, la Corte había intimado a las partes para que en 30 días informaran sobre posibles acuerdos relacionados con la cuantía y el plazo de cumplimiento de la sentencia, pero "ese propósito -recordó en el fallo de hoy- no se ha alcanzado".
San Luis pretendía aplicar a la liquidación por el período enero de 2010 (ese año se firmó un acuerdo de "desendeudamiento" con provincias, que no suscribió) a noviembre de 2015 la tasa activa del Banco de la Nación Argentina más la capitalización de intereses.
Sostuvo que la suma a cobrar debía ser equivalente al financiamiento de las obras públicas que no pudo realizar por carecer de esos fondos y que cualquier otra tasa permitiría un "enriquecimiento sin causa" del Estado nacional.
El Estado nacional ofreció primero un 6 por ciento anual y luego, la "tasa pasiva" que publica el Banco Central de la República Argentina, postura que finalmente aceptó la Corte.
Expuso además que debido al fallo de 2015 y "en virtud del diálogo institucional cuya responsabilidad cabe a las autoridades superiores de la organización constitucional", el 16 de noviembre de 2017 celebró un acuerdo con 22 provincias (San Luis no firmó) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "consenso nacional", para "resolver todas las cuestiones judiciales pendientes".
La Corte "aprobó" la liquidación practicada por el Estado nacional y distribuyó "en el orden causado" las costas del juicio por "cobro de pesos".
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El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir en la decisión dado que representó como abogado a la provincia de Santa Fe, justamente, en un conflicto similar, y la jueza Elena Highton de Nolasco no votó.
Días antes, Rosenkrantz y la vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, habían participado en una reunión con el presidente Mauricio Macri.
Córdoba acordó
Un reclamo parecido había planteado la provincia de Córdoba, que sin embargo acordó el monto demandado con el Gobierno central, pero tanto San Luis como Santa Fe no lograron llegar a un punto en común con la Casa Rosada, por lo que siguieron adelante con su demanda en estrados judiciales.
En este contexto, la Corte efectuó un cálculo económico de cuánto correspondía pagar y le dieron luz verde a San Luis para que cobre unos $15.000 millones en fondos coparticipables que fueron detraídos con destino a la Anses.
En su fallo de 12 páginas, el máximo tribunal, de todas maneras, no estableció el modo en el que se debe pagar esa suma ni el plazo, por lo que se prevé que el gobierno nacional lleve adelante una negociación con la provincia de San Luis, comandada por Alberto Rodríguez Saá.
La Corte fijó el número de 15.000 millones de pesos luego de que hayan transcurrido tres años sin que las partes (la Casa Rosada y San Luis) se pusieran de acuerdo.
"El fallo no habla de plazos, vamos a volver a convocarlos para llegar a un acuerdo y pagarlo más adelante", afirmó a Télam una fuente del Palacio de Hacienda.
En este sentido, aclaró que se "acatará el fallo que en ningún caso afecta la meta fiscal prevista para este año".
"Buscamos varias veces sentarnos a negociar por este tema, pero no tuvimos respuesta. Ahora vamos a volver a convocarlos", añadió.
De todas formas, la fuente recordó que "San Luis y La Pampa son las dos provincias que no adhirieron al acuerdo fiscal".
En el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia.
La actual sentencia fue consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Anses) e Ingresos Públicos (Afip).
El antecedente a favor de La Pampa de hace tres meses fue decisivo
Hace tres meses, con la firma de los mismos jueces, la Corte Suprema había restado validez a un decreto presidencial firmado por Carlos Menem y ordenó devolverle a la provincia de La Pampa una suma multimillonaria también por retenciones de coparticipación mal descontadas por el Estado nacional.
En tanto en el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia.
La Corte Suprema de Justicia condenó ayer al Estado Nacional a pagar alrededor de 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación.
La actual sentencia es consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Anses) e Ingresos Públicos (AFIP).
Por la Anses hubo retenciones del 15 por ciento y por la AFIP del 1,9 por ciento, pero entonces la Corte las declaró inconstitucionales, impidió su futuro cobro y mandó devolver lo detraído a las provincias litigantes.
Días antes del cambio de gobierno, que se produjo el 10 de diciembre de 2015, la presidenta Cristina Fernández dictó un decreto para anular el 15 por ciento que las provincias cedían a la Anses, lo que generaba un gasto extra de unos 130.000 millones de pesos.
San Luis y La Pampa no aceptaron bonos
Entonces se negoció pagar con bonos y un nuevo reparto de la coparticipación, pero San Luis y Santa Fe no aceptaron y continuaron los juicios para que se ejecutara la sentencia de noviembre de 2015.
En aquella oportunidad, la Corte había intimado a las partes para que en 30 días informaran sobre posibles acuerdos relacionados con la cuantía y el plazo de cumplimiento de la sentencia, pero "ese propósito -recordó en el fallo de hoy- no se ha alcanzado".
San Luis pretendía aplicar a la liquidación por el período enero de 2010 (ese año se firmó un acuerdo de "desendeudamiento" con provincias, que no suscribió) a noviembre de 2015 la tasa activa del Banco de la Nación Argentina más la capitalización de intereses.
Sostuvo que la suma a cobrar debía ser equivalente al financiamiento de las obras públicas que no pudo realizar por carecer de esos fondos y que cualquier otra tasa permitiría un "enriquecimiento sin causa" del Estado nacional.
El Estado nacional ofreció primero un 6 por ciento anual y luego, la "tasa pasiva" que publica el Banco Central de la República Argentina, postura que finalmente aceptó la Corte.
Expuso además que debido al fallo de 2015 y "en virtud del diálogo institucional cuya responsabilidad cabe a las autoridades superiores de la organización constitucional", el 16 de noviembre de 2017 celebró un acuerdo con 22 provincias (San Luis no firmó) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "consenso nacional", para "resolver todas las cuestiones judiciales pendientes".
La Corte "aprobó" la liquidación practicada por el Estado nacional y distribuyó "en el orden causado" las costas del juicio por "cobro de pesos".