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El Gobierno, dispuesto a negociar la baja de la edad de imputabilidad

“El objetivo es adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil”, dijo el jefe de Gabinete de la cartera de Justicia

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares, aseguró ayer que el Gobierno está "dispuesto a negociar" y obtener un "consenso fuerte" para el tratamiento y aprobación de un proyecto de sistema de responsabilidad penal juvenil.

"Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia, y tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada", manifestó Casares.

"El tema más álgido, no sé si el más importante, es el tema de la edad de imputabilidad. Estamos dispuestos a consensuar, a negociar, y a adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil", añadió en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Comisión

El funcionario destacó que en 2017 se constituyó una comisión de especialistas que preparó un primer proyecto de lo que se denomina sistema de responsabilidad penal juvenil.

"Tenemos que ir hacia un sistema que implique un cambio de paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos. Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque", señaló.

"Debemos dar una respuesta pronta, anticipada, en la cual esos chicos puedan tener un tratamiento y se les pueda aplicar una medida socioeducativa en el primer delito que cometen", agregó.

Casares precisó que, además de la baja en la edad de imputabilidad, el proyecto intenta que un equipo interdisciplinario pueda ofrecer un plan personalizado de seguimiento y monitoreo para los casos de menores reincidentes.

Asimismo, resaltó que actualmente rige en la Argentina un decreto ley de la época de la dictadura (1980) que no resulta eficaz en términos de prevención y tratamiento de la sanción, como tampoco es respetuoso de derechos y garantías.

"Estamos con una ley que además de ser antigua es una deuda pendiente de la democracia y no da una buena respuesta en términos de eficacia ni de derechos constitucionales", puntualizó.

Más cuestionamientos al proyecto

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, salió al cruce del proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y consideró que el debate que se busca instalar "es parte de las etapas de la campaña electoral".

"Si se ve estadísticamente el impacto que eso puede tener, se ve que se trabaja sobre todo para la tribuna", advirtió Silberstein.

Para el funcionario de la gestión de Miguel Lifschitz, "es más importante definir qué políticas vamos a aplicar frente a los menores, imputables y no imputables".

En declaraciones a Radio LT10, el funcionario provincial pidió "trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y el problema de los menores imputables".

"Hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad", consideró Silberstein, quien subrayó que "uno de los debates más importantes es si se puede tener un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario".

Además, evaluó que "el hecho de que no haya un Código Procesal Juvenil significa que menores que deberían estar más tiempo detenidos o presos no lo están, o menores que están detenidos o presos no lo deberían estar".

"La consecuencia de todo esto es que el menor tiene en la provincia de Santa Fe un tratamiento peor que un adulto. Esto es insostenible ante los organismos internacionales", reconoció.

Respuesta demagógica

De igual modo, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno y evaluó que esa eventual reforma "no puede reducirse solamente" a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una "respuesta demagógica" a la "seguridad ciudadana". 

"La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia", expresó la asociación.

En un comunicado, la Ajunaf remarcó que "la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana".

Además, los magistrados y funcionarios resaltaron que cualquier reforma debe contemplar los "derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019".

Por último, la CTA-Autónoma, que encabeza Pablo Micheli, salió  a rechazar el proyecto, al considerar que la iniciativa del Gobierno, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años, "viola tratados internacionales como lo la Convención Internacional de la Niñez y la Adolescencia".

"Ante este nuevo intento de criminalizar la niñez y la pobreza, la CTA Autónoma manifiesta su completo rechazo a cualquier pretensión de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, medida que viola tratados internacionales como la Convención Internacional de la Niñez y la Adolescencia", expresó la central gremial en un comunicado.

La entidad sindical juzgó que la iniciativa del Ejecutivo sumada a la "autorización de uso de pistolas Taser a las fuerzas de seguridad", dispuesta por la ministra Patricia Bullrich, pone de manifiesto la intención de avanzar en una "escalada represiva contra los sectores populares para atacar con palos y cárcel la protesta social".

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