Municipio y Ersep trabajan para controlar plazas y edificios públicos
La normativa marca un plazo de 2 años para revisar y acondicionar todos los espacios públicos. El titular del Ersep, Mario Blanco, se reunió con Gill
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), Mario Blanco, se reunió ayer con el intendente Martín Gill y con autoridades del Colegio de Ingenieros Especialistas por la implementación de la Ley de Seguridad Eléctrica.
La normativa ya se aplica para el sector privado, pero no así para el público. Los legisladores establecieron un plazo de 2 años para que los municipios se adecuen a las exigencias en espacios comunes como plazas y reparticiones. Blanco habló de esta situación, motivo del encuentro con el intendente y profesionales.
“La ley se puso en marcha el 1° de diciembre de 2017. Se hizo un arduo trabajo de capacitar instaladores electricistas, que ahora son habilitados. Hay más de 4 mil en toda la provincia de Córdoba. También el 1° de diciembre comenzó a correr un plazo respecto a los espacios públicos conforme a las normas de la Asociación Eléctrica Argentina (AEA). Es una de las primeras reuniones que hacemos a nivel público para articular esta ley, que en los municipios comenzó a correr un plazo de 2 años y hay que tomar las previsiones del caso”, explicó, en diálogo con los medios locales.
Y agregó al respecto: “La ley rige para los domicilios particulares, es decir, los elementos necesarios para un nuevo domicilio y los que ya están construidos. Todos tienen que tener su llave térmica, disyuntor, cable a tierra, poste de ingreso y toma de corrientes en condiciones. Eso rige plenamente. Estamos tratando de ver en los espacios públicos y semipúblicos como plazas y plazoletas. También con las distintas reparticiones públicas que estén conforme a normas en cuanto a seguridad eléctrica”.
Blanco remarcó además que todo edificio nuevo, que comenzó a construirse después de la puesta en marcha de esta ley, tendrá que estar conforme a las normas de AEA.
Y aclaró que los viejos edificios también deberán tener “las cuestiones mínimas que hacen a la seguridad eléctrica”.
“En este sentido la Provincia de Córdoba ha sido pionera, ya que no existe una ley con las mismas características en otros puntos del país. En Córdoba surgió a partir del impulso de Sandra Mayer, con su organización Revelando Peligros. Su hijo de 13 años falleció precisamente por tocar un cartel en la vía pública”.
Blanco explicó que los trabajadores de las distribuidoras, que pueden ser de EPEC o de las cooperativas, llegan hasta que se conecta en el poste, “no en la parte interior”.
-¿Quién debe pagar para que la casa o el departamento se encuentre en condiciones desde el punto de vista eléctrico, el dueño o el inquilino?
-Existe la libre contratación entre las personas. Nosotros lo hemos dicho en forma reiterada, incorporar estos elementos forma parte del patrimonio del inmueble. Cuando se entrega para la locación, tiene que contar con todas las medidas de seguridad correspondiente. Es decir, le corresponde al locador.
-¿Cómo analiza el conflicto en EPEC? ¿Se resintió el servicio en los últimos dos días?
-Siempre bregamos para que los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Como ente regulador nos excede, lo único que hicimos fue dictar una resolución a los efectos que se pueda hacer una estimación de consumo por una cuestión básica, el riesgo que significa que se desfinancie una prestataria. Sea la EPEC o cualquiera de servicios públicos. Nos parecía importante para que no pierda capacidad económica la prestataria.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María.
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La normativa ya se aplica para el sector privado, pero no así para el público. Los legisladores establecieron un plazo de 2 años para que los municipios se adecuen a las exigencias en espacios comunes como plazas y reparticiones. Blanco habló de esta situación, motivo del encuentro con el intendente y profesionales.
“La ley se puso en marcha el 1° de diciembre de 2017. Se hizo un arduo trabajo de capacitar instaladores electricistas, que ahora son habilitados. Hay más de 4 mil en toda la provincia de Córdoba. También el 1° de diciembre comenzó a correr un plazo respecto a los espacios públicos conforme a las normas de la Asociación Eléctrica Argentina (AEA). Es una de las primeras reuniones que hacemos a nivel público para articular esta ley, que en los municipios comenzó a correr un plazo de 2 años y hay que tomar las previsiones del caso”, explicó, en diálogo con los medios locales.
Y agregó al respecto: “La ley rige para los domicilios particulares, es decir, los elementos necesarios para un nuevo domicilio y los que ya están construidos. Todos tienen que tener su llave térmica, disyuntor, cable a tierra, poste de ingreso y toma de corrientes en condiciones. Eso rige plenamente. Estamos tratando de ver en los espacios públicos y semipúblicos como plazas y plazoletas. También con las distintas reparticiones públicas que estén conforme a normas en cuanto a seguridad eléctrica”.
Blanco remarcó además que todo edificio nuevo, que comenzó a construirse después de la puesta en marcha de esta ley, tendrá que estar conforme a las normas de AEA.
Y aclaró que los viejos edificios también deberán tener “las cuestiones mínimas que hacen a la seguridad eléctrica”.
“En este sentido la Provincia de Córdoba ha sido pionera, ya que no existe una ley con las mismas características en otros puntos del país. En Córdoba surgió a partir del impulso de Sandra Mayer, con su organización Revelando Peligros. Su hijo de 13 años falleció precisamente por tocar un cartel en la vía pública”.
Blanco explicó que los trabajadores de las distribuidoras, que pueden ser de EPEC o de las cooperativas, llegan hasta que se conecta en el poste, “no en la parte interior”.
-¿Quién debe pagar para que la casa o el departamento se encuentre en condiciones desde el punto de vista eléctrico, el dueño o el inquilino?
-Existe la libre contratación entre las personas. Nosotros lo hemos dicho en forma reiterada, incorporar estos elementos forma parte del patrimonio del inmueble. Cuando se entrega para la locación, tiene que contar con todas las medidas de seguridad correspondiente. Es decir, le corresponde al locador.
-¿Cómo analiza el conflicto en EPEC? ¿Se resintió el servicio en los últimos dos días?
-Siempre bregamos para que los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Como ente regulador nos excede, lo único que hicimos fue dictar una resolución a los efectos que se pueda hacer una estimación de consumo por una cuestión básica, el riesgo que significa que se desfinancie una prestataria. Sea la EPEC o cualquiera de servicios públicos. Nos parecía importante para que no pierda capacidad económica la prestataria.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María.