La sesión fue convocada para las 14 horas y estará marcada por la ausencia del capítulo que habilitaba una mayor participación de capitales extranjeros en la compra de tierras rurales. El oficialismo resolvió retirar ese apartado luego de no reunir el respaldo de los gobernadores.
Previamente, también había sido eliminado del proyecto el capítulo referido a la reforma de la ley de barrios populares, tras cuestionamientos de distintos sectores políticos y de la Iglesia.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios. El texto establece que un juez podrá ordenar la restitución inmediata de una propiedad cuando el derecho del reclamante resulte verosímil y exista una caución juratoria.
Además, se prevé que el magistrado pueda intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas de presentada la solicitud, siempre que el propietario acredite documentalmente la titularidad del bien.
En el caso de los inquilinos con deudas, el proyecto contempla un procedimiento diferente. El propietario deberá enviar previamente una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para que el locatario regularice la situación antes de avanzar con el desalojo.
La iniciativa también propone modificaciones al régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con criterio restrictivo y contar con una fundamentación expresa por parte del Estado. Asimismo, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y determina que los intereses se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
En materia ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición de cambiar el uso de suelos agropecuarios incendiados durante 30 años. Para los bosques nativos, en cambio, se mantiene la prohibición de modificar el destino de las superficies afectadas por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto en la legislación vigente.
Otro de los cambios alcanza a la denominada Ley Pierri, vinculada a la regularización dominial. La propuesta establece que podrán acceder a la escritura de su vivienda única quienes acrediten una posesión pública e ininterrumpida durante los últimos 10 años.
Antes del tratamiento del proyecto, el Senado deberá resolver los pedidos de participación virtual de los legisladores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, autorizados de manera provisoria por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque su intervención deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
