“Nuestras leyes no permiten la pena de muerte”, advirtió Jofré

Dijo que el Estado “está fundido, antes moral que económicamente”. Sostuvo que “la autoridad ha claudicado y no tiene fuerzas para satisfacer los legítimos pedidos de los ciudadanos”.

Y allí ubicó el claro posicionamiento de la Iglesia en contra de la legalización del aborto. “Destaco hoy el peligro de que los argentinos más pobres y débiles: los niños por nacer, sean declarados descartables por los poderosos”, señaló.

Pero no se quedó en el posicionamiento doctrinario sino que buscó darle sustento desde la legalidad. En ese punto marcó que tanto la Constitución Nacional como la Provincial no dejan margen para esa legalización. Y responsabilizó al poder público, entre quienes incluyó a los gobiernos municipales, de hacer efectivo ese cumplimiento.

“Nuestras leyes no permiten la pena de muerte, y menos aún la muerte de un inocente”, puntualizó.

Las palabras de Jofré

Después del acto en la Plaza Independencia (ver página 4), autoridades, abanderados y vecinos cruzaron hacia la Catedral.

Allí Jofré destacó que “también en las más difíciles situaciones es sano que un día prevalezca la alegría del don sobre la tristeza de los fracasos personales y comunitarios”. Y ratificó que la jornada por la independencia “es un día festivo”.

“Este tono alegre y festivo no nos hace ilusos. El bien común de la Patria solo se consigue con trabajo inteligente, mancomunado y ordenando, a ese orden social le llamamos ley, que es el orden de la razón con miras al bien común”, agregó.

También apuntó que “el fundamento sólido de la ley civil es la ley moral, actuar en contra de los dictámenes de la propia conciencia corrompe la libertad y a la persona que así se comporta, perjudicando gravemente a la sociedad”.

Indicó que si bien se tiene clara “la distinción entre ley moral y la ley civil”, se sabe que “sin moral personal, familiar y social solo puede venir la corrupción, la decadencia comunitaria, la anarquía y la violencia”.

Añadió: “No son éstos fenómenos que nos resulten desconocidos, en buena medida ya los estamos sufriendo, y son causa de una tristeza que penetra en muchos ámbitos de la vida y cultura nacional”.

Por eso instó a “urgentemente recuperar el respeto y el aprecio a la ley como condición para la paz y el progreso social”.

Y empezó así a construir el andamiaje para el fundamento legal sobre el cual sentó las bases de la oposición a la legalización del aborto.

“Buena parte de la herencia recibida que constituye nuestra Patria es el cuerpo legal que rige nuestra convivencia. Podrá recibir críticas y deberemos perfeccionarlo, pero esa tarea no nos dispensa del esfuerzo por cumplir: respetar las jerarquías normativas que pone la cúspide legal en la Constitución. No hay ninguna mayoría circunstancial que pueda darnos normas contrarias a la Constitución”.

Señaló que la libertad “tiene límites”, que desconocerlos “resulta suicida” y exagerarlos “es asfixiante”.

“Parece que en Argentina se ha perdido la noción de los sanos límites en el ejercicio de la libertad. Cualquier deseo legítimo o caprichoso es facilmente proclamado como derecho, provocando una espiral de reclamos y conflictos inacabables para recaer finalmente sobre el Estado, Estado que está fundido, antes moral que económicamente. La autoridad ha claudicado y no tiene fuerza para satisfacer los legítimos pedidos de los ciudadanos”, se quejó.

Y destacó, entre “tantos  enfrentamientos” que se viven se encuentra “el peligro de que los argentinos más pobres y débiles, los niños por nacer, sean declarados descartables por los poderosos”.

En ese marco apuntó que “también para ese conflicto” está la ley, y la Constitución como cúspide de ese ordenamiento, para guiar la respuesta, concretamente con el artículo 29, que se suma “al natural universal de no matar”.

“Incluso en la Provincia la Constitución reconoce que todas las personas gozan del derecho a la vida desde la concepción”, puntualizó y descargó sobre el poder público en todos sus niveles el respeto a esta norma.

“Nuestras leyes no permiten la pena de muerte, y menos aún la muerte de un inocente. Quien quiera matar a un niño por nacer con amparo legal en Córdoba debe primero modificar nuestra Constitución”, precisó.

Y agregó: “Hacerlo sin estas modificaciones de fondo esta sentando un grave precedente para que en Argentina los poderosos de turno avasallen a los débiles. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, quedan amenazados los fundamentos mismos del Estado de Derecho”.



Mariana Corradini.  Redacción Puntal Villa María

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