Durante la mañana de este viernes 15 de agosto, personal policial ejecutó un desalojo en Barrio Casalinda y liberó un terreno que se encontraba ocupado de manera irregular desde el sábado 9 de agosto.
La medida se desprendió de una orden judicial que emitió la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado.
El procedimiento incluyó el retiro de 14 personas y la desarticulación de 15 construcciones precarias que habían sido levantadas en el predio.
Participaron del procedimiento efectivos de Guardia de Infantería, Guardia Local, móviles y motocicletas policiales, junto a personal del servicio de emergencias 107, asistentes sociales y distintas áreas de la Municipalidad de Villa María.
Durante el desalojo, hubo momentos hostiles y de tensión, pero sin pasar a mayores.
Supervisando el operativo, que fue denominado por la Departamental San Martín de manera técnica como “lanzamiento de toma de terrenos”, estuvieron el Jefe de Inspección Zona 3, Ariel Noriega; el Jefe de la División Investigaciones, Ezequiel Lozano; el Jefe de la División Infantería -nodo Villa María-, Mariano Depetris; y el Jefe de División Patrulla Preventiva, Víctor Botta.
El reclamo, realizado en un principio por una veintena de familias, había comenzado en la madrugada del 9 de agosto.
Según el testimonio de los involucrados, la intención era conseguir un lugar estable donde vivir ante la falta de opciones habitacionales.
Mientras la toma seguía en pie, las familias habían manifestado que su intención no era que les regalen los terrenos, sino que se los vendan.
Según se conoció, entre los desalojados había personas de origen argentino, paraguayo y boliviano. Algunos denunciaron haber sufrido discriminación por su nacionalidad durante el conflicto, lo que profundizó la tensión en la zona.
Quienes llevaron adelante la ocupación también habían dado cuenta de su vulnerable situación, haciendo conocer que previo a la toma vivían en condiciones de extrema precariedad, en situación de calle, durmiendo a veces bajo puentes y otras en el refugio municipal.
El argumento del grupo, que en un momento llegó a incluir a más de 60 familias, también giró en torno a la desesperación por la falta de soluciones habitacionales efectivas.
Fuentes judiciales aseguraron que este clase de reclamos deben canalizarse “por las vías correspondientes”, algo que las familias dijeron haber realizado sin obtener las respuestas esperadas.
Previamente, y ante la prensa, el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda, Ángel Quaglia, había señalado que en el sector ocupado, ubicado en proximidades del Corralón Municipal y el Depósito Judicial, existe un loteo que es resultado de un convenio firmado con la Policía, siendo el terreno en disputa de propiedad municipal.
Lo que se lee ahora
Villa María