La causa que ya es analizada por la secretaría N° 1 de la fiscalía local se desprende de una denuncia que presentó Ramón Medardo Contreras, un exintegrante del gremio Uatre, quien en su exposición apuntó directamente contra Pérez y también contra los responsables de la sede Córdoba de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), Emanuel Pavone y Patricia Ana Marx, como así también contra Gerardo Palella Vidan.
El descargo dice que Pérez, en el tiempo que fue delegado de la sede regional de Uatre, es decir entre 2017 y 2020, intervino en inspecciones realizadas en establecimientos rurales, beneficiando a empresarios y perjudicando a trabajadores del sector.
“En los casos en los que se llevaban adelante inspecciones y se detectaba algún tipo de irregularidad, Pérez intervenía para que se realicen acuerdos de manera privada entre las partes, con intervención de abogados y en escribanías de la zona, sin que los mismos sean presentados en la Secretaría de Trabajo de Villa María, saliendo de ese modo de la órbita y el control estatal y de Uatre, en detrimento de los trabajadores y de la administración pública”, sostiene el denunciante en su grave presentación.
Y agrega: “Esta modalidad se repetía con otros empresarios, lo que me lleva a suponer que Jerónimo Pérez se procuraba algún beneficio económico favoreciendo a los empleadores”.
Asimismo, también menciona que dicho accionar se mantuvo aún cuando el denunciado dejó el cargo de delegado regional para asumir otra función de mayor peso a nivel nacional.
La exposición pone en conocimiento de la Fiscalía una inspección que se llevó a cabo en un campo de Ucacha, donde se detectó la presencia de trabajadores golondrina de Santiago del Estero, quienes según la demanda se encontraban “en pésimas condiciones”, “dormían en una casilla a pleno sol” y “tomaban agua de un tanque que se usaba para cortar los agroquímicos”.
Al respecto, el denunciante añade que “a pesar de las graves irregularidades detectadas, supe tiempo después que las autoridades no tomaron medida alguna y que los trabajadores habrían acordado con el empleador”.
Por su parte, los miembros de Osprera, según consta en la denuncia, habrían “autorizado y abonado prestaciones médicas por valores exorbitantes que duplican e incluso triplican los valores de mercado”.