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Se hicieron entre 7 y 8 denuncias diarias por violencia familiar

La cifra corresponde a enero y fue confirmada por la ayudante fiscal Soledad Pepino. Durante ese mes, además, ingresaron alrededor de 600 causas. En 2019, por otra parte, entraron aproximadamente 7.200 sumarios

Los primeros metros están apenas iluminados: unos pocos tubos fluorescentes en el techo esparcen gotas débiles de luz. Es, a toda hora, un atardecer de invierno. Hay un oratorio y algunas oficinas a los costados, rodeadas por maderas dispuestas verticalmente en las paredes. La Policía está en calle General Paz 317, casi esquina San Juan, y su arquitectura parece relegada, tardía. La fachada muestra varias ventanas espigadas. Columnas de ladrillos se irguen sostenidos por lo que simulan ser dientes desmedidos y separados de una mandíbula recia.

El contraste es inmediato, imprevisto. El primer hall, a medida que se avanza, se estrecha y agrisa. Luces blancas lo bañan. Se derrama una palidez dura. Son las nueve y media de la mañana de un jueves de enero y Tribunales todavía está de Feria.

Al fondo, una sala. Unas diez sillas en “L” están prácticamente de adorno: una sola persona las ocupa. Un joven de 24 años formula una denuncia por un intento de robo en una inmobiliaria. Lo hace en una computadora maciza ubicada en un rincón.

En la pantalla se lee: “SISTEMA DE AUTOGESTIÓN ELECTRÓNICO DE DENUNCIAS. Aquí, usted puede -en forma rápida, fácil y segura- realizar la precarga de los datos necesarios para formular SU DENUNCIA”. También se lee: “La precarga de datos permite reducir su tiempo de espera en la Unidad Judicial”.

La espera es relativa en los lugares sin tiempo como este, o los hospitales, o los cuarteles de bomberos, o las cárceles, o la Cámara del Crimen. La espera es un trámite al que nadie se acostumbra.

Hay un tacho de basura diminuto. Aún nadie responde en barandilla. Los vidrios son esmerilados y, del otro lado, personal atiende a las presuntas víctimas. Aparece una mujer. Llama a un hombre que lleva rato sentado. Pocos minutos después lo llamarán al chico y a su padre —al que aguardaba— y le entregarán un papel, tal vez un certificado o una constancia.

—Pasen—, dice.

Ella es otra mujer. Soledad Pepino es ayudante fiscal  —al igual que su compañera Roxana Medina—. Antes, cuenta, trabajó como prosecretaria del Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje. En Villa María, además, también ejerció como prosecretaria de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

Su oficina no se diferencia demasiado de cualquier otra: escritorios hinchados de documentación, una notebook, un teléfono, termo y mate, armarios, una fotografía en blanco y negro.

Dentro de la Unidad Judicial hay, valga la redundancia, un área judicial en la que sus cinco integrantes dependen del Ministerio Público. En ese ámbito, asimismo, están incorporados miembros de la Policía y comisionados y son unos quince. Los turnos son rotativos.

—A pesar de que Tribunales está de feria, la actividad en la Unidad Judicial es constante y permanente. Nosotros estamos las veinticuatro horas del día recibiendo todo tipo de denuncias. No hemos visto una disminución comparado con los meses anteriores. Es más, hasta hay un incremento en causas de violencia familiar. Hemos tenido, aproximadamente, hasta el día de la fecha, entre siete u ocho denuncias de violencia familiar diarias.

La gente está de vacaciones. Se consume más alcohol. Hay entredichos. Esos, cuenta ella, podrían ser algunos de los motivos de ese tipo de ilícitos y de los que se cometen contra la propiedad.

—Hemos tenido también denuncias por delitos contra la integridad sexual. Lo que sí, muchas veces, antes de venir a la Unidad Judicial, las mamás, los papás, las familias concurren a los diferentes lugares u organismos que tiene la ciudad a los fines de ir trabajando la cuestión antes de formular una denuncia.

En lo que va del año, como lo confirmó la fiscal Silvia Maldonado el martes 28 de enero, ya son nueve los detenidos —hombres de entre 30 y 60 años— y acusados por hechos de abuso sexual simple y con acceso carnal. Las víctimas tienen, por su lado, entre 4 y 13.

—No hay una disminución. A grandes rasgos, las denuncias en el mes de enero son iguales a las de diciembre, noviembre. La Unidad Judicial no deja de trabajar—, insiste.

La gente que se acerca no sólo denuncia: también consulta, pregunta. Un orientador judicial          —asistente social— solventa dudas relacionadas con la prevención o el área de salud mental. 

—Acá en la ciudad hay mucho consumo: de alcohol y de sustancias tóxicas—, dice inmediatamente y aclara que ese, en la mayoría de los casos, es el desencadenante de episodios violentos y habla sobre la necesidad de abordar la problemática para acompañar a las personas adictas y ayudarlas a recuperarse con miras a la reinserción.

El denunciante puede, o no, ser la víctima. En la Unidad Judicial se les entrega un formulario: se les pregunta, por ejemplo, si el denunciado consume y qué consume.

—La mayoría de los denunciantes manifiesta que el denunciado tiene algún tipo de consumo. Y consumo de años, con internaciones previas.

Extraoficialmente este matutino pudo saber que, si bien la marihuana y la cocaína se consumen, uno de los problemas de mayor gravedad está dado por una mezcla: el alcohol y las pastillas. Alcohol y clonazepam.

***

—Acá estamos para el servicio de la comunidad. A veces tenemos poco personal, a veces tenemos pocos recursos, pero le ponemos toda las garra, todas las fuerzas. Tratamos siempre de que la gente se vaya con una respuesta. Tratamos de hasta ejercer una cuestión de contención—, resalta la ayudante fiscal y destaca que los y las damnificadas suelen llegar desbordados.

Soledad Pepino está convencida de la importancia de la información: de no denunciar por denunciar. Soledad Pepino está convencida de que hay un proceso y es necesario conocerlo y atravesarlo.

—Les explicamos qué medidas pueden adoptar, en qué consisten, cosa que la gente se vaya informada.

¿Sería mejor que, como en cualquier espacio, se incremente la cantidad de personal? La respuesta siempre es la misma: una que se hizo costumbre.

—Se trabaja con lo que tenemos.

Enero fue un mes difícil: ingresaron unas 600 denuncias. Casi 20 por día.

—El caudal es importante. Han ingresado 71 causas con presos. Algunos se mantienen privados de su libertad y otros la han recuperado. Pero quiero decir que el trabajo no cesó. No cesó.

De las 600, unas 120 son por violencia familiar.

En 2019, por otra parte, entraron a la Unidad Judicial unos 7.200 sumarios.

Violencia familiar, de género, ilícitos contra la propiedad, contra la integridad sexual, etcétera, etcétera, etcétera.

Soledad Pepino toma denuncias, testimonios.

—Es intenso. No hay horarios—, remarca.

Soledad Pepino se despide. Y no hay horarios. Nunca los habrá en estos sitios sin tiempo, en estos lugares que se parecen tanto y tan poco. 

Indagatorias en Tribunales

El jueves 30 de enero, a partir de los datos recolectados por este diario, se indagó a una decena de imputados, ocho de ellos defendidos por el asesor letrado Diego Julián. La mayoría está acusada por delitos contra la propiedad y por ilícitos de violencia familiar.

Mientras algunos se abstuvieron de prestar declaración —lo que no conlleva presunción de culpabilidad—, otros negaron los hechos y los restantes dieron su versión de lo ocurrido.

Del total, sólo dos recuperaron la libertad por no poseer antecedentes computables. Los demás continuarán privados de su libertad hasta tanto se constaten sus condiciones personales, entre otros puntos.

La instancia judicial se desarrolló cuando todavía Tribunales estaba de feria y la fiscal Silvia Maldonado, que continuará esta semana de turno, estuvo a cargo.



Franco Gerarduzzi.  Redacción Puntal

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