Presentaron en la Universidad Nacional la Ley Agroforestal
Marcos Blanda, secretario de Agricultura, se refirió a las obligaciones y posibilidades que plantea la herramienta jurídica. Indicó que ya se cargaron más de 7.000 declaraciones juradas. La fecha límite es el 31 de diciembre
La difusión de la Ley Agroforestal sigue su camino y días atrás le tocó nuevamente el turno a Villa María. Hace un mes el Colegio de Ingenieros Agrónomos había organizado un encuentro para profesionales. Esta vez parte del equipo de la Secretaría de Agricultura, encabezado por el titular de área, Marcos Blanda, estuvo en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María para presentar los alcances de la herramienta jurídica que plantea remediar -en ciertos aspectos- los efectos sobre las especies arbóreas del proceso de agriculturización de las últimas dos décadas.
El motivo fundamental que tienen los técnicos de Agricultura para visitar distintas latitudes tiene que ver con que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para realizar la declaración jurada que deben confeccionar los propietarios de campos vía web. Las sanciones económicas en caso de no llevar a cabo ese proceso son importantes, ya que pueden llegar a duplicar el costo del Impuesto Inmobiliario Rural que, vale recordar, para el próximo año tendrá un incremento de hasta el 56 por ciento.
Blanda brindó datos relacionados sobre la marcha de ese trámite, indicando que hasta el último corte del sistema ya se confeccionaron más de 7000 declaraciones juradas, por lo que se mostró conforme con su evolución.
“Estos encuentros se generan para compartir la información de la ley, los propósitos, objetivos y oportunidades que presenta. La primera cuestión es realizar antes del 31 de diciembre la declaración jurada por parte de los propietarios de los establecimientos a través del ingreso a la web de ciudadano digital, en donde declara las cuentas catastrales, el stock forestal al día de la fecha, las especies que tiene el establecimiento y cantidades. Ahí se envía la declaración. En ese documento va a figurar el stock actual de árboles y el sistema le informa sobre el porcentaje exigido por la ley. Si tiene igual o mayor al valor exigido, ya cumplió. Y si es menor el año que viene tiene que hacer el Plan Forestal, teniendo desde esa fecha 10 años para ejecutar la plantación”, explicó el funcionario.
Añadió que “van más de 7000 declaraciones juradas. El lunes ingresaron 120 mil hectáreas al sistema; vamos con muy buen ritmo y va creciendo más el nivel de presentación a medida que nos acercamos a la fecha límite. Es un trámite ágil, sencillo y de manera digital. Por eso creemos que vamos a estar bien para el momento del cierre del sistema”.
Según especificó, la sanción e implementación de la ley es una acción concreta hacia la sustentabilidad, al igual que el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) que lleva adelante la Cartera.
“El ministro Busso (por Sergio, titular del área) es claro cuando dice que debemos accionar hacia el desarrollo sostenible. Y no se trata de una declaración. Por eso está el programa BPAs, que es una medida concreta, y también la ley”.
Asimismo, destacó que la herramienta jurídica va de la mano de compromisos internacionales asumidos por la Nación, como Paris 2015, que es un acuerdo sobre cambio climático que se realizó en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
“Argentina se comprometió a disminuir el porcentaje de dióxido de carbono para evitar el calentamiento global. Ese es el contexto general. Después tenemos que llevar adelante acciones particulares; uno de los componentes son los productores agropecuarios. Pero además estamos gestionando en otras direcciones. La semana pasada estuvimos con municipios, con quienes vamos a colaborar para generar pulmones verdes en las comunas y municipio para generar cortinas forestales o implantaciones en la zona periurbana”, afirmó.
Cabe destacar que si el sistema, una vez que procesa la declaración jurada, marca la obligación de concretar el Plan Agroforestal, se abren distintas situaciones.
“Si tiene que implantar más de 3 hectáreas se prevé la participación obligatoria de un profesional en esa planificación. Pero en caso de menos superficies, acudir a un profesional es voluntario. El dueño de la tierra será quien decida”.
Igualmente, Blanda subrayó que la ley es amplia, ya que además de ocuparse de la problemática ambiental también tiene en cuenta actividades productivas.
“Todo árbol presta servicios ambientales, pero la forestación puede ser destinada a fines productivos, ya sea energía, madera o frutales. Por eso están surgiendo diversas alternativas, ya que la ley brinda oportunidades en ese sentido”.
Productores
Sobre la reacción de los productores ante los requerimientos de la ley, teniendo en cuenta que en algunos casos tendrán que cambiar el destino de parte de la superficie, el funcionario expresó que en general no hay planteos en contra de la iniciativa.
“A veces por desconocimiento hay consultas, pero en su gran mayoría la respuesta es positiva. Las entidades colaboraron en la conformación de esta ley. Puede ser que en algunos casos puedan pensar que pierden productividad, pero cuando evalúan los servicios ambientales o las opciones que se abren cambian de postura. Hablamos de diversidad en la producción y de la necesidad de lograr nuevos equilibrios. No podemos hacer lo mismo para obtener resultados distintos”, expresó.
“Tenemos que sumar herramientas y el árbol dentro de una cuenca es importante para su gestión y conservación de los suelos. Estamos hablando de un porcentaje que va entre el 2 y 5 por ciento, que muchos de los productores ya cumplen. Y también hay otras opciones. Dentro de la cuenca está la posibilidad de lo que se denomina masa forestal agregada, en donde se pueden unir productores”.
Finamente, cerró diciendo que la provincia cuenta con “diversidad de suelos y de capacidad de usos de suelos. Aquellos que no se pueden destinar a la actividad agrícola o que presentan limitantes para la ganadería pueden destinarse a la forestación. Contamos con un gran porcentaje de suelos en la provincia para poder llevarlo a cabo”.
Pablo Correa. Redacción Puntal Villa María
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El motivo fundamental que tienen los técnicos de Agricultura para visitar distintas latitudes tiene que ver con que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para realizar la declaración jurada que deben confeccionar los propietarios de campos vía web. Las sanciones económicas en caso de no llevar a cabo ese proceso son importantes, ya que pueden llegar a duplicar el costo del Impuesto Inmobiliario Rural que, vale recordar, para el próximo año tendrá un incremento de hasta el 56 por ciento.
Blanda brindó datos relacionados sobre la marcha de ese trámite, indicando que hasta el último corte del sistema ya se confeccionaron más de 7000 declaraciones juradas, por lo que se mostró conforme con su evolución.
“Estos encuentros se generan para compartir la información de la ley, los propósitos, objetivos y oportunidades que presenta. La primera cuestión es realizar antes del 31 de diciembre la declaración jurada por parte de los propietarios de los establecimientos a través del ingreso a la web de ciudadano digital, en donde declara las cuentas catastrales, el stock forestal al día de la fecha, las especies que tiene el establecimiento y cantidades. Ahí se envía la declaración. En ese documento va a figurar el stock actual de árboles y el sistema le informa sobre el porcentaje exigido por la ley. Si tiene igual o mayor al valor exigido, ya cumplió. Y si es menor el año que viene tiene que hacer el Plan Forestal, teniendo desde esa fecha 10 años para ejecutar la plantación”, explicó el funcionario.
Añadió que “van más de 7000 declaraciones juradas. El lunes ingresaron 120 mil hectáreas al sistema; vamos con muy buen ritmo y va creciendo más el nivel de presentación a medida que nos acercamos a la fecha límite. Es un trámite ágil, sencillo y de manera digital. Por eso creemos que vamos a estar bien para el momento del cierre del sistema”.
Según especificó, la sanción e implementación de la ley es una acción concreta hacia la sustentabilidad, al igual que el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) que lleva adelante la Cartera.
“El ministro Busso (por Sergio, titular del área) es claro cuando dice que debemos accionar hacia el desarrollo sostenible. Y no se trata de una declaración. Por eso está el programa BPAs, que es una medida concreta, y también la ley”.
Asimismo, destacó que la herramienta jurídica va de la mano de compromisos internacionales asumidos por la Nación, como Paris 2015, que es un acuerdo sobre cambio climático que se realizó en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
“Argentina se comprometió a disminuir el porcentaje de dióxido de carbono para evitar el calentamiento global. Ese es el contexto general. Después tenemos que llevar adelante acciones particulares; uno de los componentes son los productores agropecuarios. Pero además estamos gestionando en otras direcciones. La semana pasada estuvimos con municipios, con quienes vamos a colaborar para generar pulmones verdes en las comunas y municipio para generar cortinas forestales o implantaciones en la zona periurbana”, afirmó.
Cabe destacar que si el sistema, una vez que procesa la declaración jurada, marca la obligación de concretar el Plan Agroforestal, se abren distintas situaciones.
“Si tiene que implantar más de 3 hectáreas se prevé la participación obligatoria de un profesional en esa planificación. Pero en caso de menos superficies, acudir a un profesional es voluntario. El dueño de la tierra será quien decida”.
Igualmente, Blanda subrayó que la ley es amplia, ya que además de ocuparse de la problemática ambiental también tiene en cuenta actividades productivas.
“Todo árbol presta servicios ambientales, pero la forestación puede ser destinada a fines productivos, ya sea energía, madera o frutales. Por eso están surgiendo diversas alternativas, ya que la ley brinda oportunidades en ese sentido”.
Productores
Sobre la reacción de los productores ante los requerimientos de la ley, teniendo en cuenta que en algunos casos tendrán que cambiar el destino de parte de la superficie, el funcionario expresó que en general no hay planteos en contra de la iniciativa.
“A veces por desconocimiento hay consultas, pero en su gran mayoría la respuesta es positiva. Las entidades colaboraron en la conformación de esta ley. Puede ser que en algunos casos puedan pensar que pierden productividad, pero cuando evalúan los servicios ambientales o las opciones que se abren cambian de postura. Hablamos de diversidad en la producción y de la necesidad de lograr nuevos equilibrios. No podemos hacer lo mismo para obtener resultados distintos”, expresó.
“Tenemos que sumar herramientas y el árbol dentro de una cuenca es importante para su gestión y conservación de los suelos. Estamos hablando de un porcentaje que va entre el 2 y 5 por ciento, que muchos de los productores ya cumplen. Y también hay otras opciones. Dentro de la cuenca está la posibilidad de lo que se denomina masa forestal agregada, en donde se pueden unir productores”.
Finamente, cerró diciendo que la provincia cuenta con “diversidad de suelos y de capacidad de usos de suelos. Aquellos que no se pueden destinar a la actividad agrícola o que presentan limitantes para la ganadería pueden destinarse a la forestación. Contamos con un gran porcentaje de suelos en la provincia para poder llevarlo a cabo”.
Pablo Correa. Redacción Puntal Villa María