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Guaidó pidió seguir en las calles hasta que Maduro se vaya

En el día de la independencia de Venezuela hubo manifestaciones opositoras y desfile militar, durante el cual la Fuerza Armada reiteró su apoyo al presidente chavista

Encabezando una nueva protesta, el líder opositor Juan Guaidó llamó ayer a "seguir en las calles" para exigir la salida del poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recibió nuevamente la lealtad de la cúpula de la Fuerza Armada.

"No se rindan. ¡Lo vamos a lograr!", clamó Guaidó, jefe del Parlamento, quien pidió a los manifestantes no "desmayar", aunque la concurrencia a movilizaciones antigubernamentales es lejana a la de multitudinarias protestas registradas cuando se proclamó hace cinco meses presidente encargado de Venezuela con apoyo de medio centenar de países.

La manifestación, en rechazo a "violaciones de derechos humanos", coincidió con las tradicionales celebraciones del 5 de julio, día de la declaración de independencia del país caribeño.

La movilización esperaba llegar al cuartel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde la madrugada del pasado sábado murió el arrestado capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, caso del que hay denuncias de torturas.

El acceso a la DGCIM fue bloqueado con un vehículo, conocido popularmente como "murciélago", que despliega muros de metal a manera de alas. "Pusieron un piquete (...), una muralla", protestó Guaidó.

Un pequeño grupo de manifestantes lanzó piedras y botellas contra agentes alineados detrás de la barrera. No hubo mayores incidentes.

Desfile militar

Maduro, en tanto, encabezó el habitual desfile del 5 de julio, recibiendo por enésima vez apoyo del alto mando militar.

"Cuente usted con la Fuerza Armada (...). No tenemos miedo de enfrentar a los enemigos de la patria", le dijo el almirante Remigio Ceballos.

El gobernante socialista anunció ejercicios militares en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas para el próximo 24 de julio, a fin de "mantener aceitada" la "maquinaria" ante planes desestabilizadores que, sostiene, lidera Estados Unidos.

"Ya basta de conspiraciones" y "llamados a intervención militar y guerra", exclamó Maduro.

Washington ha recrudecido sanciones contra Venezuela, que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril pasado.

En la parada militar, Maduro aseveró, sin embargo, que la semana entrante habrá "buenas noticias" en torno a las negociaciones con los opositores.

Sectores de la oposición son críticos con el diálogo, por considerar que el mandatario busca "ganar tiempo". "Con dictadores y asesinos no se dialoga", dijo a la AFP Francisco García, manifestante de 38 años. "Siempre hay que dialogar, dialogar no significa perder, sino buscar una acción con menos pérdidas", señaló en contraste Wilfredo Corniel, sacerdote católico de 44.

“Merecen vivir una vida libre de miedo”

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró ayer que los venezolanos "merecen vivir una vida libre de miedo", denunció la "erosión del Estado de derecho" en Venezuela y advirtió también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país.

A 208 años de la declaración de la independencia de Venezuela, la atención se centró en Ginebra, donde la chilena Bachelet presentó un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

Ordenaron liberar a una jueza

En ese contexto, el presidente Maduro emitió un decreto a través del cual ordenó la liberación de la jueza María Afiuni (detenida desde 2009) y otras 19 personas privadas de libertad tras ser arrestadas en manifestaciones contra el gobierno, informó el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jorge Valero.

Las órdenes de liberación siguieron a la presentación del informe Bachelet, quien ayer en Ginebra declaró que "el destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política".

El informe denunció 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, la mayoría de ellas fundadas en "resistencia a la autoridad".

La profundidad del informe llevó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, a solicitar públicamente que estas acusaciones  sean elevadas a la Corte Penal Internacional (CPI).

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