Villa María | violencia de género |

Exigen que el caso de Cuzcueta sea juzgado con enfoque de género

Así lo solicitó la organización Verdad y Justicia. “No es un incidente aislado ni un simple acto de delincuencia juvenil”, se explicó en una carta

La organización “Verdad y Justicia” difundió en las últimas horas un comunicado titulado “Cuando el hierro es género”, en el que reclama que el ataque a la adolescente de 16 años, Agustina Cuzcueta, sea investigado con perspectiva de género.

El hecho, ocurrido cuando la joven fue golpeada en la cabeza con un hierro de 10 kilos mientras circulaba en moto, no debe ser considerado —según la entidad— un simple acto de violencia juvenil, sino una manifestación extrema de violencia de género en el espacio público.

La organización subraya que los tres agresores eran varones y que su accionar reflejó una desigualdad de poder y una intención de dominación machista.

El detalle que confirma la motivación de género, explican, se encuentra en lo que ocurrió después de la agresión. “Los tres varones se bajaron después cuando la vieron tirada en el piso y no dejaron que otro varón la ayudara ni mucho menos”, señala el comunicado.

Para Verdad y Justicia, impedir el auxilio a la víctima constituye “una forma adicional de violencia y control”, donde los agresores “reafirman su dominio sobre el cuerpo herido de la joven”.

Este gesto, indican, extiende la agresión física hacia la prohibición de socorro, reforzando un patrón de disciplinamiento machista.

La carta remarca además que el ataque no buscó solo el daño físico, sino la anulación total de la víctima, al prolongar su sufrimiento y exponerla a un riesgo de vida extremo.

Por ello, la organización plantea que la Justicia “debe considerar agravantes por violencia de género, además de la tentativa de homicidio”.

Desde Verdad y Justicia recordaron que la perspectiva de género es una obligación legal, sustentada en la Convención de Belem do Pará y en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Su aplicación implica que el caso no puede analizarse como un hecho neutral, sino en el contexto estructural de desigualdad que enfrentan las mujeres y adolescentes.

Para la organización, juzgar con perspectiva de género “no es un favor, sino una obligación constitucional”.