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Desmontes: elevan a juicio oral una causa contra Raúl Costa

El exsecretario de Ambiente está imputado por abuso de autoridad junto a otro exfuncionario, Federico Bocco. Los acusan de autorizar loteos privados y una obra de EPEC en zona de bosques en San Antonio de Arredondo

El exsecretario de Ambiente de la Provincia, el villamariense Raúl Costa, afrontará un juicio oral en su contra por una causa que le inició una ONG. Lo denunciaron por haber autorizado desmontes en San Antonio de Arredondo, en las sierras chicas, para construir barrios privados y una planta de EPEC.

Además de Costa, otro extitular de la carteta ambiental, Federico Bocco, también enfrentará a los tribunales de la capital provincial. El sitio web punillaalsur.com informó que el juez de Primera Instancia, Esteban Díaz Reyna, desestimó el pedido de los abogados defensores de Costa y Bocco y elevó a juicio la causa penal contra ambos exfuncionarios.

Costa está acusado de autorizar el proyecto de loteo “El Dorado II” y la estación transformadora de EPEC; mientras que Bocco de autorizar el loteo “El Dorado III”. Están imputados por abuso de autoridad.

“La investigación arranca con una denuncia que hacemos en octubre de 2012”, le contó la abogada de la ONG ADARSA, Marcela Fernández, a este matutino vía telefónica. Explicó que en San Antonio de Arredondo se desarrollaron emprendimientos inmobiliarios “en plena zona de bosques protegidos sin estudios de impacto ambiental que hayamos conocidos en audiencias públicas”.

Al respecto, la letrada detalló: “En uno de los casos hubo un aviso de proyecto, que era la subestación, que sin audiencia pública se autorizó. En este caso fue Raúl Costa. En ese momento un amparo judicial fue rechazado, pero insistimos. La planta de EPEC se construyó en un terreno donado por Petrone, son cosas media raras. No es casualidad. Y a su vez, ‘El Dorado II’ ya estaba casi construido cuando le dieron la aprobación del estudio de impacto ambiental luego de que interpusimos un pedido de acceso a información pública. Tardaron siete años en darnos respuestas. Agotaron todas las instancias posibles hasta que finalmente mostraron que el estudio de impacto ambiental estaba aprobado. Allí nos dimos que no habían hecho la audiencia pública”. 

Respecto a “El Dorado III”, que autorizó Bocco, Fernández comentó que lograron impedir la construcción del barrio privado “porque en febrero de 2013 presentamos un amparo ambiental resuelto de manera favorable el año pasado, que frenó las 22 torres de GAMA en plenas laderas de las sierras chicas”.

Según el dictamen del juez, citado en el mismo portal, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.

“Ellos (por los exfuncionarios) dicen que las audiencias públicas no eran exigible antes de la 10.208, que es la nueva Ley de Ambiente de la Provincia. Pero todos los jueces están entendiendo que sí era aplicable, y así lo dijo el TSJ. Ya estaba en vigencia la Ley Nacional de Ambiente, que en su Artículo 19 y 20 fija la obligatoriedad de audiencias públicas para cuando se afecte el medioambiente. Como no lo observaba la provincia de Córdoba, en el amparo ambiental la jueza ordenó la realización de audiencia pública. Las omisiones implican también la comisión de esta figura penal”, afirmó la abogada de la mencionada ONG.

Ahora, si las defensas de ambos exsecretarios de Ambiente no interponen un recurso de apelación, el paso siguiente será el sorteo de la Cámara del Crimen que los juzgará en Córdoba capital. Fuentes allegadas a Raúl Costa (actual vice de Lotería de Córdoba) dijeron que por el momento no realizará declaraciones. 

“Celebramos que la Justicia dé estas buenas señales porque estamos con una provincia que a nivel ambiental tiene una enorme crisis. No se cuidan los recursos, los bienes turísticos. Córdoba tiene innumerables problemáticas ambientales y es hora de que la Justicia dé señales positivas”, concluyó Fernández.

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