La medida fue establecida en la Tarifaria 2026, aprobada por el Concejo Deliberante, y alcanza a inmuebles que presentan deterioro en sus condiciones edilicias y estructurales, lo que representa un peligro tanto para quienes habitan la zona como para transeúntes. Actualmente, se estima que existen alrededor de 100 propiedades en esta situación dentro de la ciudad.
De acuerdo a Victoria Poncio, subsecretaria de Ingresos Públicos, el procedimiento comienza con un relevamiento administrativo que luego es derivado al área de Obras Privadas, donde se realizan inspecciones en el lugar para constatar el estado real de cada inmueble. En caso de verificarse que la propiedad se encuentra en situación de rémora inmobiliaria, se aplica un adicional en la Tasa de Servicios a la Propiedad.
Dicho recargo es de carácter porcentual y puede alcanzar hasta el 150% del valor de la tasa, dependiendo del tamaño de la construcción y de la superficie del terreno. La intención de esta medida es generar un incentivo para que los propietarios regularicen la situación de sus inmuebles, realicen tareas de mantenimiento o avancen con obras que permitan eliminar los riesgos existentes.
“Obviamente esa situación la puede solucionar teniendo el inmueble en buenas condiciones y que no implique un riesgo o un foco de inseguridad para todos los vecinos”, explicó Poncio.
Los propietarios notificados cuentan con un plazo de 10 días para presentar un descargo, en caso de considerar que la aplicación del adicional no corresponde, o bien para demostrar que el inmueble puede ser saneado y puesto en condiciones adecuadas.
“Si no corresponde esa figura, la persona puede presentar su descargo dentro del plazo de los 10 días y puede resolverlo demostrando que el inmueble puede sanearlo, en cuanto a que esté en buen estado, sobre todo las veredas y sobre todo porque hemos visualizado que algunas construcciones pueden llevar a que ingrese gente a vivir allí o que se cometa algún hecho delictivo”, destacó la subsecretaria. Entre los principales problemas detectados se encuentran construcciones con veredas deterioradas, muros en mal estado y espacios que facilitan el ingreso de personas, lo que puede derivar en ocupaciones ilegales o hechos delictivos.
Además del adicional por ré mora, las propiedades que presentan falta de mantenimiento o que constituyen un foco de inseguridad también pueden ser pasibles de multas y sanciones, a través de la intervención del área de Seguridad Ciudadana y Prevención Comunitaria. Estas situaciones, en muchos casos, se detectan a partir de reclamos y denuncias realizadas por vecinos mediante la línea 147.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el trabajo se realiza de manera articulada entre distintas áreas, como Ingresos Públicos, Obras Privadas y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de identificar estos inmuebles y promover su recuperación.
Asimismo, remarcaron que la implementación de este adicional no tiene un fin meramente recaudatorio, sino que apunta a ordenar el espacio urbano y a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en los barrios.
