Alberto Fernández y el país que gobierna parecen sometidos a la suma de las calamidades. Cada una de ellas, por sí sola, por su carga erosiva y desestabilizante, implicaría un desafío ingente para cualquier gestión. Pero, como si se tratara de un relato bíblico, en un lapso inferior a un año se superpusieron una crisis económica que sigue profundizándose, una pandemia que desestabilizó a un mundo al que tomó desprevenido, y, por si fuera poco, ahora 11 provincias, especialmente Córdoba, arden por incendios forestales ante los que cualquier esfuerzo humano parece impotente.

Peste, fuego y escasez.

Por supuesto, hay una distancia enorme entre los desastres autogenerados, como pueden ser el de una economía que colapsó con Mauricio Macri y que continúa en proceso de implosión, y los que obedecen a causas externas. Sin embargo, más allá de los orígenes, la medida de un gobierno puede obtenerse de la capacidad de respuesta ante esos desafíos, por más desmesurados que sean. Por eso, las explicaciones oficiales que suelen buscar culpas afuera de su órbita de acción, suelen agotarse relativamente rápido: porque la función de gobierno implica atacar los problemas más que explicarlos.

En Argentina, el primer efecto político, principalmente de la pandemia y de la crisis, ha sido un prematuro envejecimiento del gobierno nacional. Cada mes de Fernández en el poder se pareció, en realidad, a una suma de años. Si fuera por la magnitud de los problemas que ha debido enfrentar, si se midiera con ese criterio y no por el paso de los días, entonces la actual gestión tendría décadas sobre sus espaldas en vez de un puñado de meses.

Esa situación también se refleja en la imagen presidencial, que alcanzó un pico -algunas encuestadoras lo ubicaban en el 69% y otras lo elevaban por encima del 80- y que, desde entonces, fue en descenso hasta ubicarse en los niveles actuales, similares a los que tenía cuando asumió. La caída no es sólo adjudicable a la enormidad de los inconvenientes que tiene entre manos sino también a equivocaciones propias, contradicciones, errores groseros e internas.

¿Cuándo se genera una crisis? ¿Cuándo se está ante una de ellas? Una crisis es una situación grave y decisiva, dice el diccionario. Pero, además, en política se manifiesta, existe, cuando la realidad se sale de cauce, cuando no puede ser ordenada de acuerdo a los criterios y la voluntad de un gobierno o un gobernante, cuando sobre ella actúan fuerzas que la desarticulan, la desordenan y la vuelven perniciosa.

La misión de un gobierno es reencauzarla.

La principal complicación que la gestión de Alberto Fernández tiene hoy entre manos, porque de ella se desprenden consecuencias profundas y aluvionales en el resto de las áreas de la vida social y económica, es la sanitaria, el desarrollo del coronavirus dentro del país. Y el interrogante fundamental es si las acciones que viene ejerciendo la Nación desde que decretó la primera cuarentena, el 19 de marzo de este año, han conseguido o están consiguiendo provocar ese encauzamiento de una situación crítica. Desde el oficialismo y la oposición, como ocurre invariablemente con cada eje de debate, casi no hay puntos de contacto. Pero más allá de las opiniones, hay un hecho incontrastable y es que el número de casos en el país sigue en ascenso, que se quiebran récords de contagios y muertes casi diariamente, y que el coronavirus se expande por el territorio. En sí misma, esa curva es preocupante. El Gobierno fundamenta que siempre supo que el virus iría expandiéndose pero que los meses de cuarentena sirvieron para que el sistema de salud se preparara y no se vieran aquí las imágenes y la desesperación que debieron observarse en España o Italia.

Ese argumento es atendible. Sin embargo, ahora que la cuarentena parece haberse agotado como posibilidad, el comportamiento del coronavirus no ofrece una perspectiva en el país. ¿Seguirá creciendo? ¿Cuántos casos hay que esperar? ¿Hay alguna proyección temporal y organizativa, aunque sea tentativa, para la vuelta de algunas actividades indispensables como, por ejemplo, la educación presencial? Esas preguntas son de por sí inquietantes, pero más lo es la sensación de que el gobierno nacional se ha quedado sin iniciativa, sin capacidad de generación de nuevas respuestas. No existen demasiados elementos para concluir cuál es hoy la estrategia para tratar de detener al virus.

Sí existe, y es evidente, una estrategia política, que se basó en trasladar a las gobernaciones, y las gobernaciones hicieron lo mismo con las intendencias, el costo político de decidir los cierres, los retrocesos de fases y todas las medidas antipáticas posibles. Pero esa mirada es parcial y de corta distancia. Se disipa el efecto negativo sobre un gobernante pero sigue sin aparecer la solución al problema.

Hace algunos días, un grupo de dirigentes sociales y de científicos afines al Gobierno, le enviaron una carta a Alberto Fernández en la que reclamaron responsabilidad a la gente, compromiso a los gobernadores y a los intendentes pero, sobre todo, señalaron: “Es momento de aplicar herramientas novedosas, desarmando el mensaje de regreso a fases anteriores que causa desazón y sensación de fracaso. Por el contrario, proponemos ofrecer mensajes de predictibilidad y planificación, que permitan a nuestra sociedad organizarse y comprometerse activamente en un plan de acción conjunto con el Estado”.

Es decir, le reclaman un programa y le proponen algunas alternativas a implementar. Se percibe en ese texto el diagnóstico de que hay una pérdida de iniciativa y de creatividad ante la emergencia.

El cóctel argentino implica que las crisis no se suceden sino que coexisten. En algún momento se llegó a plantear el debate sobre si el Gobierno debía atender a la salud o a la economía. Hoy ya no tiene opción. Los frentes son dos. Simultáneos. Aunque, por imposición del riesgo inminente de desastre, la agenda y los esfuerzos tendieron a enfocarse en los últimos días hacia la economía. El ministro Martín Guzmán, al que la realidad le licuó en horas el activo de haber logrado un acuerdo con los acreedores, lanzó una batería de medidas para que el Estado consiga el bien más escaso y ansiado de la historia reciente en Argentina: dólares. A la par, habilitó una devaluación más rápida del peso para reducir la brecha y atenuar las maniobras especulativas. Sin embargo, aun si resultaran exitosas, esas medidas repararían un desperfecto pero intensificarían otro: la economía de las familias. Acelerar el ritmo de la devaluación es acelerar a la par el de la suba de precios y, como contracara, agudizar el deterioro del poder adquisitivo en un país que ya tiene al 40,9% de sus ciudadanos sumidos en la pobreza.

Un estudio publicado en las últimas horas por la consultora Moiguer señala que la clase media, que representaba el 45% de la población hace un año, hoy es apenas el 32%. Y la franja de ingresos bajos, que era el 50 por ciento, hoy nuclea al 64% de los argentinos.

Por supuesto que el Covid ha sido determinante. Y que, además, el Gobierno heredó el cataclismo económico del macrismo; sin embargo, una vez más, la pregunta se centra en la capacidad por encontrar soluciones.

Porque la pandemia y la economía dispararán, inevitablemente, fenómenos políticos. Y el 2021 será un año de elecciones, de las determinantes elecciones de medio término, que siempre han sido decisivas en el país. La suerte de Fernández dependerá de cuánto haga desaparecer la sensación de vértigo.