“Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó Mariaca durante una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional.
El funcionario, que investiga el caso Cerimedo, sostuvo que la medida migratoria no modificará el trabajo del Ministerio Público. También aseguró que continuará con las investigaciones correspondientes a su gestión.
Estados Unidos sostiene que Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y favorecer a personas acusadas de delitos violentos. La acusación se enmarca en una política de restricciones de visa aplicada a funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú señalados por Washington por presuntos hechos de corrupción o por acciones que, según ese país, afectan a gobiernos elegidos democráticamente.
El fiscal general manifestó que recibió “con mucha sorpresa” la decisión y mencionó entre las investigaciones en curso el proceso contra Fernando Cerimedo, exasesor personal del presidente Rodrigo Paz, además de las pesquisas relacionadas con las denominadas “narcomaletas” y los combustibles.
Desde el Gobierno boliviano, el ministro de Defensa Ernesto Justiniano calificó de “muy graves” las acusaciones estadounidenses. En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, anunció una investigación sobre la lista difundida por Washington.
Las autoridades bolivianas también anticiparon que solicitarán a Estados Unidos información y elementos probatorios sobre las acusaciones para que puedan ser analizados e investigados en el país.
