El tribunal consideró probado que existió una estructura delictiva integrada por funcionarios penitenciarios, presos y colaboradores externos que permitió concretar decenas de maniobras fraudulentas durante 2023.
El fallo fue dictado por unanimidad por la Cámara 10.ª del Crimen con jurados populares.
En total, fueron impuestas 25 condenas, mientras que dos de los imputados resultaron absueltos por el beneficio de la duda.
Las penas más elevadas recayeron sobre quienes ocupaban cargos de conducción dentro del establecimiento penitenciario.
De acuerdo con la sentencia, entre enero y septiembre de 2023 los controles internos fueron deliberadamente flexibilizados para permitir el ingreso y la utilización de teléfonos celulares dentro del penal de Villa María.
Esa situación posibilitó que un grupo de internos montara un verdadero centro de operaciones para cometer estafas a distancia, con la colaboración de funcionarios penitenciarios y el apoyo de personas que permanecían en libertad, encargadas de mover el dinero obtenido mediante las maniobras.
Según lo resuelto por el Tribunal, la pena más severa fue para el exdirector del penal, Andrés Américo Aciar, quien recibió una condena de nueve años y seis meses de prisión.
También fue condenado el exjefe de Seguridad, Edgar Ezequiel Arroyo, a ocho años y tres meses.
Entre los internos, Sebastián Ezequiel Moyano, conocido como “Pitu”, fue identificado como uno de los líderes de la asociación ilícita y recibió una pena de seis años y diez meses.
Además, fueron condenados el exoficial de servicio Oscar Pablo Figueroa y el sargento de Policía Santiago Mauricio Martin, ambos a cinco años y seis meses de prisión.
Por otra parte, el tribunal absolvió al exsubdirector de Operaciones Néstor David Gómez y al sargento Mauricio Marcos Agüero, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener una condena.
Cómo funcionaba el call tumbero
La investigación reveló que la organización utilizaba distintos mecanismos para engañar a las víctimas.
Una de las maniobras más frecuentes consistía en contactar vendedores de artículos usados publicados en Facebook Marketplace.
Los estafadores simulaban realizar una transferencia bancaria y enviaban comprobantes falsificados por montos superiores a los acordados. Luego, otro integrante de la banda se hacía pasar por empleado de una entidad bancaria para convencer a la víctima de realizar una transferencia real hacia cuentas controladas por la organización.
Otro de los métodos consistía en ofrecer rollos de alfalfa mediante publicaciones falsas realizadas con fotografías tomadas de empresas reales.
Una vez que los compradores abonaban una seña o el monto total de la operación, los delincuentes desaparecían sin entregar la mercadería.
La causa también determinó que la asociación ilícita contaba con una red de colaboradores externos integrada por familiares y allegados de algunos internos, quienes facilitaban cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir y distribuir el dinero obtenido mediante las estafas.
Entre las operaciones acreditadas por la Justicia figura el caso de una persona que perdió 127.000 pesos al intentar vender un sillón a través de internet y el de un productor que transfirió 162.000 pesos por una supuesta compra de 30 rollos de alfalfa que nunca fueron entregados.
Según surge del fallo, estas maniobras se repitieron con decenas de víctimas.
Además de las penas de prisión, la Cámara dispuso el decomiso de millones de pesos en efectivo y de numerosos teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
Cabe precisar que la sentencia también incluyó una recomendación para reforzar los controles dentro de las cárceles cordobesas, con el objetivo de impedir el ingreso y el uso ilegal de teléfonos celulares que puedan ser utilizados para organizar nuevas estafas desde establecimientos penitenciarios.
