El gobierno autónomo de Hong Kong anunció ayer la suspensión de un polémico proyecto de ley para extraditar a sospechosos a China, en respuesta a las centenas de miles de personas que esta semana salieron a la calle a protestar contra la medida y que ya advirtieron que seguirán en las calles hasta que la ley sea retirada definitivamente.
La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dio ayer marcha atrás y anunció la "suspensión" hasta nuevo aviso de su controvertida propuesta legislativa, que permitiría extraditar a China a los acusados de ciertos delitos.
"Hemos creado un gran conflicto y mucha gente está decepcionada y triste. Yo también estoy triste y estoy arrepentida de desatar este conflicto", reconoció ayer Lam en una rueda de prensa.
Agregó que su gobierno "escuchará abiertamente las opiniones sobre el proyecto" y que acepta las críticas a su actuación "con sinceridad y humildad".
Pero su arrepentimiento no convenció a los opositores del Frente Civil por los Derechos Humanos, que poco después de sus palabras llamaron a la ciudadanía a concurrir mañana a las calles para reclamar la renuncia de la jefa de gobierno y la retirada definitiva del proyecto legislativo.
"La suspensión no es aceptable porque el gobierno podría retomar el proyecto de ley en cinco días, en cualquier momento", afirmó Jimmy Sham, coordinador del frente civil, en una conferencia de prensa en el parque Tamar, junto a la sede del Parlamento.
Otro de los responsables del frente Wong Yok Mo dijo que "si es necesario" habrá más manifestaciones "y otro tipo de actos de protesta" hasta conseguir sus reivindicaciones. Piden además que las marchas sean consideradas "un derecho legítimo y no una revuelta".
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"Hemos creado un gran conflicto y mucha gente está decepcionada y triste. Yo también estoy triste y estoy arrepentida de desatar este conflicto", reconoció ayer Lam en una rueda de prensa.
Agregó que su gobierno "escuchará abiertamente las opiniones sobre el proyecto" y que acepta las críticas a su actuación "con sinceridad y humildad".
Pero su arrepentimiento no convenció a los opositores del Frente Civil por los Derechos Humanos, que poco después de sus palabras llamaron a la ciudadanía a concurrir mañana a las calles para reclamar la renuncia de la jefa de gobierno y la retirada definitiva del proyecto legislativo.
"La suspensión no es aceptable porque el gobierno podría retomar el proyecto de ley en cinco días, en cualquier momento", afirmó Jimmy Sham, coordinador del frente civil, en una conferencia de prensa en el parque Tamar, junto a la sede del Parlamento.
Otro de los responsables del frente Wong Yok Mo dijo que "si es necesario" habrá más manifestaciones "y otro tipo de actos de protesta" hasta conseguir sus reivindicaciones. Piden además que las marchas sean consideradas "un derecho legítimo y no una revuelta".