La iniciativa busca transformar las reglas del mercado de trabajo en Argentina con el objetivo declarado de "reducir la informalidad y la litigiosidad".
A continuación, los ejes centrales que definirán el debate parlamentario:
1. El fin de la Ultractividad
Es el punto más polémico. El proyecto propone que los convenios colectivos de trabajo no se renueven automáticamente para siempre. Si tras 180 días de vencido un convenio las partes no acuerdan uno nuevo, las cláusulas específicas (beneficios extra, bonos, días de licencia adicionales) caerán, y los trabajadores pasarán a regirse por el piso mínimo de la Ley de Contrato de Trabajo.
2. Generalización del Fondo de Cese
Se habilita a que todos los sectores puedan abandonar el sistema de indemnización por despido tradicional (Art. 245) para pasar a un Fondo de Cese Laboral. Este sistema, inspirado en la construcción, se financia con un aporte mensual del empleador. Fue un punto de negociación clave: se acordó que sea optativo y que cada gremio deba decidir en su convenio si lo adopta o no.
3. Banco de Horas y flexibilidad
Se legaliza el esquema de "Banco de Horas", que permite a las empresas compensar picos de trabajo con periodos de baja actividad. Un empleado podrá trabajar hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra en el momento, siempre que esas horas se compensen con descansos o menos carga horaria en otros días del año, bajo un tope anual acordado.
4. Límites a las "cuotas solidarias"
El borrador inicial prohibía cualquier descuento salarial no consentido expresamente por el trabajador (lo que vaciaba las arcas gremiales de un día para el otro).
Sin embargo, se permitirá que sigan existiendo las cuotas solidarias para no afiliados, pero con un techo del 2% y una duración máxima vinculada a la vigencia del convenio.
5. Trabajador independiente con colaboradores
Se crea una nueva figura legal que permite a un trabajador autónomo contratar hasta tres "colaboradores" para un emprendimiento productivo. El cambio de último momento garantiza que este vínculo no será considerado relación de dependencia, aunque los colaboradores contarán con un sistema de seguridad social simplificado.
6. Período de prueba extendido
El proyecto establece una extensión generalizada del período de prueba. El plazo estándar pasará a ser de 6 meses, pero para las empresas de menor tamaño (PyMEs) podrá extenderse hasta 8 meses o un año, facilitando la evaluación del personal antes de la contratación definitiva.
7. Indemnizaciones en cuotas y fondo para PyMEs
Para aliviar el flujo de fondos de las pequeñas empresas, se permitirá el pago de indemnizaciones por despido en hasta 12 cuotas mensuales. Complementariamente, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un seguro para que las PyMEs puedan afrontar sentencias judiciales adversas sin riesgo de quiebra.
8. Régimen de multas y blanqueo
Se eliminan las multas económicas por falta de registro laboral, una medida que genera fuertes críticas de la oposición por el posible fomento a la informalidad. A cambio, se propone un "Blanqueo Laboral" con condonación de deudas de seguridad social para aquellas empresas que regularicen a sus empleados.
Los cambios de último momento
Para lograr que el texto ingresara hoy, el Gobierno tuvo que ceder en puntos que eran considerados "líneas rojas" por los sindicatos, mientras que endureció otros por pedido de las cámaras empresariales. Estos son los cambios más importantes surgidos de la negociación de último momento:
1. El "Blindaje" a las obras sociales
Originalmente, el proyecto buscaba la desregulación total e inmediata de los aportes de salud.
Finalmente, se acordó un período de transición de 18 meses para que las prepagas puedan competir en igualdad de condiciones por el aporte obligatorio. Además, se mantuvo el Fondo Solidario de Redistribución (la caja que maneja los fondos para tratamientos de alta complejidad) bajo control compartido, evitando un desfinanciamiento inmediato de las obras sociales sindicales.
2. Ultractividad
El ala dura del Gobierno quería la caída automática de los convenios al vencerse.
Para evitar un vacío legal masivo, se introdujo una cláusula de prórroga automática de 180 días. Durante este lapso, las partes están obligadas a sentarse a negociar. Si cumplido ese plazo no hay acuerdo, solo entonces caen las cláusulas convencionales (como bonos específicos o días extra de vacaciones) y se vuelve al piso de la Ley de Contrato de Trabajo.
3. Moderación en las "Cuotas Solidarias"
El borrador inicial prohibía cualquier descuento salarial no consentido expresamente por el trabajador (lo que vaciaba las arcas gremiales de un día para el otro).
Sin embargo, se permitirá que sigan existiendo las cuotas solidarias para no afiliados, pero con un techo del 2% y una duración máxima vinculada a la vigencia del convenio. Esto le da "aire" financiero a los sindicatos a cambio de su no resistencia total en las calles.
4. Exclusión de bloqueos como "Injuria Grave" automática
Uno de los puntos más polémicos era considerar cualquier asamblea o protesta como motivo de despido directo.
Por presión legislativa, se redactó de forma más específica: solo el bloqueo total que impida el ingreso de personal o mercadería será causal de despido. Se eliminó la ambigüedad que permitía despedir a trabajadores por participar en asambleas dentro de la fábrica.
5. Compensación en el "Banco de Horas"
Las empresas exigían que las horas extra no se pagaran nunca más, sino que se devolvieran como franco.
Sobre esto, se estableció un tope anual de horas compensables. Superado ese límite (que se definirá por cada actividad), el empleador deberá abonar obligatoriamente la hora con el recargo del 50% o 100%, según corresponda. Esto evita que el banco de horas sea una "bolsa sin fondo" a favor de la empresa.
6. Fondo de Cese: Optativo y no obligatorio
El sector industrial temía que el aporte mensual obligatorio al Fondo de Cese afectara su flujo de fondos en medio de la recesión.
Ahora, se dejó explícito que el sistema de Fondo de Cese es optativo por convenio. Si el sindicato y la cámara empresarial de un sector no lo acuerdan, sigue rigiendo el sistema de indemnización tradicional del Art. 245.
Con estos cambios, el Gobierno busca que el proyecto no sea rechazado de lleno en el Senado.
