El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que obliga a quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a hacerse cargo de los costos de los operativos de seguridad que estas situaciones generan.
La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas investigativas serán reclamados a los padres o adultos responsables en caso de que los autores sean menores de edad e identificados por la Justicia.
A partir de esta disposición, toda intimidación o falsa alarma que requiera el despliegue de recursos estatales no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico por parte del Estado.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se realice una evaluación de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esa información, se avanzará con la intimación de pago y, en caso de ser necesario, con acciones judiciales.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que este tipo de hechos implican una importante movilización de recursos: “Cada operativo moviliza personal, móviles, sistemas de emergencia y tareas investigativas que deberían estar destinados a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.
Además, advirtió que no se trata de situaciones menores, ya que generan angustia en la comunidad educativa y alteran el normal desarrollo de las actividades escolares.
El protocolo se implementará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y otras áreas involucradas.
De esta manera, la Provincia ratificó una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y busca desalentar las falsas amenazas, garantizando entornos educativos más seguros.