La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer analizar, aunque después de la feria judicial, un pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional, eventualmente, el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.
El máximo tribunal recibió en su oficina de juicios originarios la solicitud del gobernador Ricardo Quintela para que haya una declaración sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023 presentado por Milei el pasado 20 de diciembre.
En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que "estudiará" el planteo luego del receso de enero. Pero, mientras tanto, el expediente pasa a manos del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que deberá dictaminar.
Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el tribunal puede adoptar un criterio distinto.
Junto con la acción declarativa también el gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual la Corte tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU, más allá de que se declare inconstitucional.
Mientras tanto, con la feria judicial ya encima, pues empezó pasado el mediodía de ayer y recién se retoman funciones en febrero, hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.
No obstante, esos tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y de no hacerlo todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer Quintela pidió a la Corte Suprema una acción declarativa de certeza en torno de la constitucionalidad del DNU 70/2023 firmado por Milei y que generó en los últimos días la presentación de amparos judiciales en busca de frenar su puesta en vigencia.
Fundamentos
"En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia N° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía", anunció el gobernador riojano en sus redes sociales.
El gobernador Quintela dijo que también se pidió una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de las disposiciones de la norma hasta la resolución definitiva de la causa.
Se trata del primer pedido de intervención a la Corte que se hace por el megadecreto de Milei más allá de los diferentes amparos que se tramitan ante la Justicia, sobre todo en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
La Corte aceptó evaluar el asunto, aunque lo hará después de la feria judicial de enero próximo, es decir, a partir de febrero del año que viene.
De Apla
Pocas horas antes de que el mega DNU del gobierno nacional entre en vigencia, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) presentó también un recurso de amparo que plantea la inconstitucional del decreto. Se trata de la primera acción judicial desde el sector aeronáutico.
Mediante un comunicado oficial, el sindicato informó que la acción judicial realizada contra el DNU del presidente Milei se fundamenta en que el mencionado decreto pretende derogar la ley 19030 de Política aeronáutica; el artículo 9 de la ley 26412, que fija la mayoría accionaria de Aerolíneas Argentinas en manos del Estado nacional, y modificar casi una tercera parte del Código Aeronáutico.
Por la invalidación
El gremio liderado por Pablo Biro expresa que, “ante la violación, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del artículo 99.3 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales lo requieran y no se pueda esperar la reunión del Congreso, se reclama ante la Justicia que se invalide dicho DNU y, con ello, mantengan vigencia las leyes indicadas”.
Al derogarse las leyes y los artículos mencionados, el Estado nacional perdería la obligatoriedad de financiar a Aerolíneas Argentinas y de esa manera la empresa aérea de bandera ya no es legalmente considerada de utilidad pública.