De momento, el expediente no tiene ni imputados ni detenidos, le explicó ayer a un periodista de este medio la fiscal Federal de Villa María, María Marta Schianni.
Fue la propia magistrada quien brindó detalles del operativo realizado un día antes en un domicilio de barrio Lamadrid, ubicado dentro de un complejo, sobre calle Santiago del Estero al 1700.
En ese mismo lugar -según contó la funcionaria judicial- se secuestró material vinculado a la denuncia, que fue presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ONG a la que están adheridas unas 140 instituciones de judíos en Argentina.
“Fue una denuncia que se radicó en la ciudad de Córdoba. Luego de las primeras averiguaciones, se dio con que la persona era residente de Villa María y docente de la UTN”, amplió Schianni.
A raíz de eso, la Justicia Federal de Córdoba remitió el expediente a la sede Villa María, quedando entonces en poder de la mencionada fiscal Schianni.
“Como primera medida, comisionamos a la Policía Federal de Villa María para que haga averiguaciones y fue así como detectamos su domicilio y se libró la orden de allanamiento”, exteriorizó.
Que se encontró en la vivienda
En la vivienda allanada, ubicada dentro de un complejo de departamentos, se encontraron pruebas que podrían complicar al sujeto investigado.
Según lo ventilado por fuentes policiales, dentro de la morada se tomó conocimiento de publicaciones efectuadas en redes sociales por un masculino que se desempeñaría como docente en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María.
El material hallado, de acuerdo a lo que hizo saber la Policía Federal, contenía “expresiones violentas y discriminatorias contra la comunidad judía”.
“Se constató la existencia de material digital, entre ellos conversaciones y archivos vinculados al nazismo, a la figura de Adolf Hitler, a la comunidad judía, además de una cuenta en la red social X utilizando un seudónimo para difundir dicha temática”, ampliaron desde la fuerza federal.
Anoche, Schianni confirmó que todavía no había imputaciones ni tampoco detenciones en el marco de esta causa. “No nos han remitido desde el Juzgado Federal el sumario con los resultados del procedimiento”, aclaró.
Y sumó:“Una vez que tengamos ese material, analizaremos todo lo que fue encontrado para ver qué imputación le puede caber, siempre en el orden de estos delitos que son de orden público. En base a eso, veremos cuál es la calificación legal por la que deberá responder”.
Según dijo, los hechos que se investigan se encuadran en la Ley de Actos Discriminatorios N° 23.592.
Dicha normativa dispone, por ejemplo, en su artículo 2 que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
La norma agrega que en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
